TELEFONIA-ARGENTINA: Mejor pero muy cara

La privatización de la telefonía argentina desde 1990, revisada ahora por el gobierno, se asoció con más y mejor servicio, pero también con un gran aumento de tarifas. Las compañías prestatarias embisten por una nueva subida.

Los precios del servicio telefónico aumentaron antes, durante y después de la privatización, efectuada entre noviembre de 1990 y diciembre de 1991.

Pero las empresas prestatarias reclaman desde comienzos de 2002 nuevos aumentos para resarcirse de los daños ocasionados por la marcada depreciación del peso, que acompañó entonces el fin de una década de paridad forzosa con el dólar.

Y en muchos casos, esas firmas —que son filiales de compañías trasnacionales— han recurrido a arbitrajes internacionales y a la presión de los gobiernos de sus países de origen.

El propio ministro de Finanzas francés, Francis Mer, reclamó a fines de este mes en Buenos Aires la recomposición de las tarifas de varios servicios administrados por compañías de origen galo, como Electricité de France, Lyonnais Des Eaux y France Telecom.
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Las organizaciones de consumidores —cuyos ingresos han sufrido la misma depreciación— se oponen con fuerza a cualquier subida.

El presidente Néstor Kirchner dispuso, tras asumir el cargo a fines de mayo, la revisión de privatizaciones realizadas por el gobierno del ex presidente Carlos Menem (1989-1999), y solicitó para ello asesoramiento de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), un organismo internacional autónomo.

Con ese fin, Kirchner creó una comisión encabezada por los ministros de Economía y de Planificación, e integrada por miembros de FLACSO y del Instituto de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores Argentinos, entre otras instituciones, para estudiar la renegociación de los contratos y analizar, caso por caso, si corresponden nuevos aumentos de tarifas.

Los servicios más caros del mundo

Entre marzo de 1991 y junio de 2001, los precios de la mayoría de los servicios privatizados aumentaron mucho más que la inflación local, según un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

Las tarifas de la telefonía básica, por ejemplo, crecieron en ese periodo 24,4 por ciento, mientras los precios mayoristas aumentaron 15,8 por ciento, indica el Instituto de Estudios e Investigaciones de la Defensoría del Pueblo.

Esto produjo un desfase que convirtió a algunos de esos servicios en ”los más caros del mundo, medidos en dólares”, añade.

Una canasta típica de consumo telefónico (costos de conexión, abono mensual y 20 llamadas locales de una hora) es 0,6 por ciento del salario promedio industrial en Estados Unidos, dos por ciento en España, 2,5 por ciento en Francia y 6,9 por ciento en Argentina, según FLACSO.

Los antecedentes: precios altos, servicios pobres

En 1990, la estatal Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) fue adquirida por Telefónica de Argentina y Telecom Argentina, consorcios liderados, respectivamente, por Telefónica de España y STET-France Telecom.

El Banco Mundial brindó asistencia técnica y financiera para esa privatización que había exigido para conceder a Argentina el llamado ”Préstamo para la reforma de las empresas públicas”.

En el periodo preparatorio de la privatización, a cargo de una administración interventora designada por Menem, ”la deuda de Entel se incrementó 122 por ciento, y llegó a más de 2.000 millones de dólares”, dijo a IPS el economista Martín Schorr, del Area de Economía y Tecnología de FLACSO y coautor de estudios críticos de las privatizaciones.

”Como las bases de la licitación establecían que la empresa sería transferida sin pasivos, el Estado asumió la deuda”, destacó.

También antes de privatizar Entel, el gobierno aumentó sus tarifas, ”mientras la intervención permitía que se deteriorara la calidad de los servicios y se efectuaran fuertes reducciones de personal”, apuntó.

”En los 10 meses previos a la privatización, el valor en dólares del pulso telefónico aumentó más de siete veces”, precisó.

Ese aumento de tarifas previo ”aseguró a los adjudicatarios la obtención, desde el comienzo, de elevados beneficios”, arguyó Schorr.

”En 1990 se instalaron 40.000 líneas telefónicas, 70 por ciento menos que en 1989, y también disminuyeron las obras y los trabajos de mantenimiento”, sostuvo el experto.

Eso ”ayudó a consolidar la legitimidad del argumento que insistía en la necesidad de transferir la empresa estatal al sector privado” para mejorar el servicio, alegó.

Entel fue dividida en servicios básicos, internacionales y de telefonía móvil. Y el servicio básico fue dividido, a su vez, en las regiones Norte y Sur del país, para adjudicarlo a dos empresas distintas, con exclusividad por siete años y derecho a una prórroga por tres más.

También se adjudicaron a estas firmas las áreas de llamadas internacionales y telefonía móvil.

En total, la privatización efectuada en dos etapas, sumó la venta de 90 por ciento de las acciones correspondientes al servicio básico para las regiones Norte y Sur. El 10 por ciento restante quedó en manos de los ex trabajadores de Entel.

Las adjudicaciones permitieron capitalizar 5.150 millones de dólares de deuda, o sea un tercio del total del endeudamiento canjeado de ese modo en el proceso privatizador de 1990-1999.

Los títulos de deuda fueron comprados ”a valor nominal, cuando en ese momento su cotización en el mercado no llegaba a 15 por ciento del mismo”, explicó Schorr.

Mejores servicios

Con todo, tras el pasaje a manos privadas hubo una fuerte expansión del servicio, facilitada por avances de la tecnología de comunicaciones.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC), en 1990 había en Argentina poco más de tres millones de líneas telefónicas y en 2001 eran 8,6 millones, mientras en el mismo periodo los teléfonos públicos aumentaron de 22.549 a 159.066.

La cantidad de celulares creció de 15.200 en 1990 a 6,9 millones en 2001.

Siempre según el INDEC, en 1990 sólo 11 por ciento de la red telefónica estaba digitalizada, y en 2001 se llegó a 100 por ciento.

El precio del servicio aumentó, pero acceder a él pasó a ser más barato y rápido. El costo para el usuario de instalar un teléfono disminuyó de 1.500 dólares en 1990 a 150 dólares en 2001, mientras que la espera promedio por una conexión cayó de 24 meses a 15 días.

Presiones por más ajustes

En 1996, el gobierno y los adjudicatarios negociaron un ajuste de tarifas, que implicó aumentos de hasta 57 por ciento en el precio de las comunicaciones urbanas, y rebajas de 83 por ciento en las interurbanas e internacionales.

Eso fue cuestionado por organizaciones de consumidores, legisladores y jueces (que fallaron contra la aplicación de ajuste), pero Menem la aprobó por decreto el 31 de enero de 1997.

En noviembre de 2000 cesaron las exclusividades regionales de la telefonía básica, pero Telefónica y Telecom conservaron su posición dominante, y la única competidora que surgió en esa área dio quiebra el año pasado.

La apertura fue más efectiva en el servicio internacional, para el que se presentaron en 2000 varios interesados.

Las quejas de los usuarios

Pese a las mejoras en la telefonía, y según un informe de la Defensoría de Buenos Aires, los servicios públicos fueron la segunda causa de quejas de los habitantes de la ciudad en 2002 y, 62,55 por ciento de los reclamos fueron contra las compañías telefónicas.

En el primer trimestre de 2002, la Defensoría recibió 376 quejas contra esas firmas. El principal motivo fue sobrefacturación, seguida por demora del servicio de reparaciones.

Pero, consultada por IPS, Telecom alegó que le correspondieron menos de 80 de esas quejas, y que en total opera unos cinco millones de líneas.

La ofensiva actual

El contrato de privatización determinó que las telefónicas debieran modificar las tarifas en función de la inflación estadounidense.

Telecom sostiene que eso la perjudicó antes de que se estableciera la paridad forzosa de un peso por dólar (entre noviembre de 1990 y marzo de 1991) y por supuesto desde que cesó esa paridad, a inicios de 2002.

En la actualidad, un dólar vale 2,8 pesos.

El gobierno admite que en la revisión de los contratos de privatizaciones hay espacio para ”modificaciones parciales” en materia de precios, inversiones o calidad del servicio. Una señal favorable para las empresas.

Sin embargo, el presidente Kirchner sostuvo ante empresarios en España y Estados Unidos que las compañías que embolsaron grandes ganancias en los años 90 ahora tendrán que esperar.

Según la Defensoría, las telefónicas tienen la rentabilidad más elevada a nivel local e internacional.

Pero Telecom adujo que su rentabilidad es, en relación con sus activos, de 2,3 por ciento, mientras la de la mexicana Telmex es de 16,9 por ciento, la de la británica British Telecom de 5,5 por ciento, la de la brasileña Embratel de 4,9 por ciento y la de Telefónica de Argentina de 4,3 por ciento.

También aseguró que su rentabilidad constituye 6,5 por ciento de su patrimonio neto (o diferencia entre activos y pasivos), la de Telmex 53,5 por ciento, la de British Telecom 12,9 por ciento, la de Embratel 9,5 por ciento y la de Telefónica de Argentina 7,8 por ciento.

De 1990 a 2001, Telecom dice haber obtenido en el país dividendos de 1.980 millones de dólares, y que 500 millones correspondieron a accionistas argentinos.

La firma señaló que en ese periodo compró en Argentina dos tercios de sus insumos, por más de 27.000 millones de dólares, y que en los últimos 11 años invirtió en el país 9.353 millones de dólares, aportando al Estado 11.000 millones de dólares en impuestos.

Cuarenta por ciento del importe de la factura de teléfono corresponde a impuestos.

Telecom destacó que es responsable de 14.000 empleos directos o indirectos, y que desde 1990 ha pagado 4.500 millones de dólares en salarios.

Subrayó asimismo que, según el INDEC, tras la privatización de Entel aumentaron más de 185 por ciento los servicios telefónicos para los sectores de menor poder adquisitivo.

IPS requirió también la opinión de Telefónica de Argentina, pero no obtuvo respuestas.

*Tercera nota de una serie dedicada a revisar las privatizaciones en América Latina.

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