El fiscal ambiental de Panamá presentó recurso contra la construcción de una ruta que, según ecologistas, dañará una cuarta parte del Parque Nacional Volcán Barú, el principal reservorio de agua dulce del occidente del país.
El volcán Barú, con 3.475 metros el pico más alto de Panamá, da nombre a un parque de exuberante belleza que se extiende por 14.322 hectáreas en la occidental provincia de Chiriquí. Un cuarto de esa área protegida sucumbirá por el paso de una carretera, alertan ambientalistas.
En medio de una creciente oposición, avanzan los estudios de impacto ambiental para la construcción de la ruta que partiría en dos el parque Nacional Volcán Barú.
La obra podría comenzar en enero de 2004, dijo a Tierramérica el director regional de Obras Públicas, Luis Fanovich.
La vía de 15,5 kilómetros trazada por el gobierno para unir las poblaciones de Boquete y Cerro Punta no será un camino periférico, sino que "atravesará zona medular" del parque, afirmó a Tierramérica el investigador Ariel Rodríguez, del Centro de Estudios de Recursos Bióticos de la Universidad de Panamá.
Eso significa que romperá el corredor boscoso que une este ecosistema con el parque Internacional La Amistad, compartido con Costa Rica.
El tramo carretero se tenderá sobre el paso de El Respingo, donde se encuentra el famoso y bello sendero Los Quetzales.
Veinticinco por ciento del territorio del parque se vería afectado en forma directa, pero son previsibles impactos indirectos a corto, mediano y largo plazo en toda el área, que contiene los únicos bosques húmedos y muy húmedos montanos del país, señaló Rodríguez.
Mediante contrato, el Ministerio de Obras Públicas autorizó en julio a la firma Constructora Urbana a diseñar, financiar y desarrollar el "camino ecológico" y a preparar los estudios de impacto ambiental, a un costo de 4,6 millones de dólares.
Pero las resoluciones para contratar servicios prescindiendo de trámites de licitación no reforman ni derogan las normas que prohíben este tipo de infraestructura en un área protegida, dijo a Tierramérica el fiscal especializado en delitos ambientales, Giovanni Olmos.
El 18 de septiembre Olmos presentó una demanda de nulidad de la resolución gubernamental que autoriza el convenio entre el gobierno y Constructora Urbana.
La adjudicación del contrato carece de respaldo de estudios técnicos, económicos o ambientales, infringe leyes nacionales y viola acuerdos internacionales como la Convención sobre Biodiversidad, explicó Olmos.
Además, en este caso se debe considerar la opinión de Costa Rica, ya que la obra tendrá impacto en procesos ecológicos de zonas costarricenses del parque La Amistad, añadió.
Para el Ministerio, el proyecto es viable en términos económicos y sociales, pues beneficiará al turismo y abrirá nuevos mercados.
Los estudios de impacto ambiental podrían estar listos en la primera semana de octubre. El resto del proceso podría finalizar en noviembre, dando paso a las audiencias públicas en las que el plan será presentado a todos los sectores sociales del país, dijo Fanovich.
A juicio del investigador Rodríguez, la cuenca del río Caldera es la más amenazada, pues recibirá el impacto de 90 por ciento de la carretera.
Esta cuenca abastece de agua potable a unos 30.000 habitantes de Boquete, al principal proyecto de riego de la región y a las centrales hidroeléctricas Estrella-Los Valles y Estí.
El trazado de la carretera pasa prácticamente por encima del lecho del río, en un cañón con pendientes abruptas y escarpadas, donde el suelo es muy frágil y erosionable, puntualizó.
En el parque Barú nacen diez ríos principales que aportan agua vital para la economía de la zona occidental de Panamá.
Los ríos Caldera, David, Chico, Macho de Monte, Chuspa, Cochea, Quisiga, entre otros, y decenas de quebradas y arroyos abastecen a otros tantos acueductos rurales del sur y noreste del parque, convertido en el recurso hídrico más importante del occidente del país.
Rodríguez lamentó que ningún país miembro del Consejo Centroamericano para el Ambiente y el Desarrollo se haya pronunciado sobre el problema, ni siquiera Costa Rica, que alberga más de 70 por ciento de las 194.000 hectáreas del parque La Amistad.
Los ecologistas aseguran no estar en contra de la comunicación entre Boquete y Cerro Punta, pero proponen como alternativa la denominada ruta Sur, que serviría a más comunidades.
En varias manifestaciones ante el Poder Judicial, cientos de panameños acusan al gobierno -que vetó este año una ley que contemplaba sanciones a delitos ambientales- de no dar muestras de apertura a la discusión sobre las alternativas al polémico proyecto.
* Publicado originalmente el 28 de septiembre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica. (
