Tras el colapso del sistema electoral del meridional estado de Florida en 2000, muchos funcionarios de Estados Unidos acuden a las nuevas tecnologías para mejorar el proceso. Pero eso no ha garantizado la perfección, ni mucho menos.
Los errores en la contabilización de tarjetas perforadas utilizadas como hojas de votación y procesadas en vetustas máquinas, entre otros problemas, dieron hace cuatro años mucha letra a abogados y a comediantes dedicados al humor político.
En contraste, los creadores de sistemas de votación de digitación en pantalla —similares al aplicado por los cajeros automáticos de los bancos— prometieron eliminar las fallas supuestas del sufragio en papel.
Pero la rápida generalización del voto electrónico desarrolló sus propias lagunas técnicas. En un paradójico giro, muchos expertos y funcionarios electorales proponen ahora el regreso al papel, esta vez, aunque sea, como respaldo para garantizar el control de los resultados electrónicos.
Los problemas técnicos de la tecnología del voto electrónico han sido ampliamente reconocidos y, en algunos casos, se elaboraron soluciones. De todos modos, el contexto económico, social y político de la introducción de este sistema continúa desatando controversias.
Conflictos de interés entre funcionarios y fabricantes de equipamiento de votación, maniobras partidarias para dominar los nuevos sistemas y la introducción apresurada de la nueva tecnología prenden luces amarillas en la tan políticamente cargada atmósfera previa a las reñidas elecciones presidenciales del 2 de noviembre.
En 2002, en respuesta al fiasco de las elecciones en el estado de Florida, el Congreso legislativo aprobó la Ley de Ayuda al Voto (HAVA, por sus siglas en inglés), que ordenaba mejorar las prácticas electorales en todo el país y disponía financiamiento federal con ese destino.
Pero ese financiamiento se ha procesado con lentitud, y muchas de las reformas prometidas no estarán resueltas para las elecciones presidenciales de la semana próxima.
El impulso de la implementación de reformas se frenó por el retraso en la designación de la Comisión de Asistencia Electoral y en la asignación de fondos federales a los estados para modernizar los equipamientos, dijo la portavoz de la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Urdur Gunnarsdottir.
La ODIHR, una organización intergubernamental especializada en misiones de observación electoral en países en transición, desplegó sus expertos en Estados Unidos en ocasión de estos comicios.
Los países miembros de la OSCE, incluido Estados Unidos, están obligados a invitar a sus socios a observar sus procesos electorales. La organización visitó este país en los comicios generales y legislativos de 1996, 1998, 2000 y 2002.
Los observadores de la OSCE prestarán especial atención a los problemas relacionados con la introducción de las nuevas máquinas de votación electrónica, dijo Gunnarsdottir entrevistado por correo electrónico.
El nuevo equipamiento ya ha sido objeto de conflicto, y tiene el potencial de originar serias controversias en estas elecciones. Los programas informáticos empleados en estas máquinas no estuvieron disponibles para el control público. Varios estados invirtieron en equipos que no permiten una auditoría manual ni reconteos, agregó.
A estos cuestionamientos presupuestales y técnicos se suman acusaciones de conflicto de intereses y partidarismo formuladas por instituciones gubernamentales y no gubernamentales contra ciertos fabricantes.
A medida que se acercan los comicios, en medio de serias preocupaciones de que nuestro sistema de votación no ha sido reparado desde la debacle de 2000, el espectáculo de funcionarios electorales almorzando en un crucero por el río Potomac invitados por vendedores de máquinas envía el mensaje equivocado a los votantes, dijo el presidente de la organización no gubernamental Causa Común, Chellie Pingree.
La tormenta sobre el conflicto de intereses estalló en 2003, cuando el diario Plain Dealer, de Cleveland, informó que el Walden O'Dell, gerente general de la fábrica de máquinas de votación electrónica Diebold, reafirmó, en una carta a un recaudador de fondos de campaña del gobernante Partido Republicano, su compromiso a ayudar a Ohio a dar sus votos (en el colegio electoral) al presidente el año próximo.
En junio, Diebold adoptó un nuevo código de ética que prohíbe a sus ejecutivos realizar donaciones políticas y cualquier otra actividad política, excepto el voto.
Dos meses antes, el gobierno del estado de California había retirado el aval a uno de los sistemas de votación electrónica de Diebold, AccuVote-TSx, por graves fallas detectadas en las elecciones primarias de marzo. La firma vendió el sistema antes de que fuera plenamente funcional, indica el decreto.
El estado de Nevada instaló un nuevo sistema de votación electrónica en las elecciones primarias de septiembre, que incluía la impresión de un rollo de papel para que los ciudadanos revisaran su sufragio y crear un registro de respaldo que permitiera el control del proceso.
Los estados y comunidades locales pequeñas, como los condados, tienen grandes potestades en la administración de los comicios. Las legislaciones varían mucho entre distintas jurisdicciones.
En este contexto, los intentos de introducir nuevas tecnologías de votación en los últimos años resultaron conflictivos en varios estados, incluidos Florida, Maryland, Georgia, Nebraska e Indiana.
En algunos condados de Florida —cuyo gobernador es el hermano del presidente George W. Bush, Jeb—, continúa la guerra de trincheras al respecto. Los conflictos continúan en 15 de los 67 condados, según el capítulo estadual de Causa Común.
Los condados esperan mejoras en la tecnología de digitación en pantalla antes de que se compren las máquinas, dijo Mark Pritchett, director ejecutivo del Grupo de Trabajo sobre Procedimientos Electorales de la gobernación, al diario St. Petersburg Times.
El gobierno de Florida no ordenó una auditoría independiente para los sistemas de digitación en pantalla, ni el establecimiento de un sistema de control en papel y decretó en abril la prohibición del escrutinio manual en circuitos con votación electrónica, advirtió Causa Común.
Por estas razones, la organización recomendó a los ciudadanos en 15 condados la votación por correo, de modo de asegurarse que exista un registro del sufragio en papel.
