Toda la noche y hasta la mañana hubo furiosas batallas (…). Cuando el ejército se impuso por fin, comenzó la recolección de muertos en camiones. Las frases precedentes fueron escritas hace medio siglo, pero describen cualquier día de las últimas tres semanas en la capital haitiana.
Desde el 30 de septiembre, se ha reiterado en Puerto Príncipe los cadáveres decapitados, maniatados o apilados en la morgue, las batallas con armas automáticas y el terror generalizado. Más de 55 personas han muerto, entre ellas nueve oficiales de policía.
La cita del comienzo procede del libro Escrito en sangre, de Robert Debs Heinl, Nancy Gordon Heinl y Michael Heinl, y describe un día de 1957 cuando masas enfurecidas invadieron las calles del céntrico barrio Bel-Aire de Puerto Príncipe, debido a un rumor sobre el asesinato del recientemente depuesto presidente Daniel Fignolé.
Cinco décadas después, Bel-Aire es otra vez escenario de violencia vinculada con seguidores de un presidente depuesto, pero no son multitudes sino pequeños grupos los que están en el centro de las acciones realizadas para demandar el retorno al gobierno de Jean-Bertrand Aristide, exiliado en Sudáfrica tras ser derrocado por segunda vez en 13 años.
La actual oleada de violencia comenzó el 30 de septiembre, aniversario del primer golpe de Estado contra Aristide, cuando cientos de personas se manifestaron por su regreso y fueron reprimidas por la policía. Los enfrentamientos de ese día causaron la muerte de tres o cuatro policías y quizás otros tantos manifestantes.
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Al otro día, aparecieron los cuerpos decapitados de tres policías, y personas que se declararon partidarias de Aristide anunciaron que había comenzado la Operación Bagdad (por la decapitación de personas que realizan grupos armados contra la ocupación de Iraq) y que continuaría hasta que el presidente depuesto regresara al gobierno.
Aristide se exilió el 29 de febrero, tras meses de protestas civiles acompañadas por el avance hacia la capital de un grupo armado de policías rebeldes y ex soldados. El presidente derrocado asegura que Estados Unidos y otras potencias extranjeras lo obligaron a abandonar el país.
Ahora diplomáticos, políticos locales y enviados de la Organización de las Naciones Unidas discuten planes sobre patrullaje, máquinas para votar y proyectos de irrigación, en oficinas con aire acondicionado, mientras en las calles se oyen disparos de ametralladora, hay olor a neumáticos quemados y las escuelas, bancos y comercios se ven forzados a cerrar sus puertas.
Lo que ocurre es literalmente insano, como lo que en filosofía llamamos una 'marcha de la muerte'. Si no detenemos esto, veremos la destrucción de la nación haitiana. No sólo perderemos la transición democrática, sino también nuestra propia existencia, dijo a IPS el activista por los derechos humanos Jean-Claude Bajeux.
El derrocamiento de Aristide fue el cambio de gobierno por medios violentos número 33 en la historia del país, desde que en 1804 ex esclavos triunfaron en una guerra revolucionaria de 13 años contra las tropas del emperador francés Napoleón Bonaparte.
Casi desde el comienzo, clases, colores de piel, clanes y ambiciones dividieron a los haitianos, reconoció el 17 de este mes el primer ministro interino Gérard Latortue, en un homenaje a Jean-Jacques Dessalines, héroe de aquella revolución y asesinado tres años después de la independencia por sus propios soldados.
Por desgracia, desde entonces los haitianos no han aprendido a superar las divisiones internas, alegó.
A pocos kilómetros de allí, un pelotón de hombres con uniformes camuflados hacían ejercicios militares, portando armas automáticas.
Aristide disolvió el ejército en 1995, tras ser restituido en el poder, pero esos hombres son ex soldados que demandan que se restablezca la fuerza armada, liderados por el ex capitán Remissainthe Ravix, que a comienzos de este mes instaló una sede en la capital con la intención de presionar al gobierno de Latortue.
La fuerza inconstitucional al mando de Ravix tiene por lo menos 1.000 y quizá 2.000 integrantes repartidos en varias ciudades, que circulan armados e incluso detienen a personas en tareas de patrulla que se asignaron a sí mismos.
Hace tres o cuatro semanas que estamos listos, a la espera de que el gobierno nos llame a ordenar el desorden, pero parece que el gobierno no nos quiere. Logramos desembarazar al país del dictador, y así nos agradecen, dijo Ravix a IPS el 19 de este mes.
Latortue culpa a Aristide de la situación actual. Sólo tiene capacidad para destruir. Sabe matar, incendiar, crear violencia y armar a jóvenes de 12, 13 o 14 años- Es el símbolo de la violencia y cree en ella, dijo a periodistas el 17 de este mes.
En los dos últimos años de gobierno de Aristide, grupos de jóvenes armados amenazaban y atacaban a opositores, periodistas críticos e incluso a funcionarios del gobierno a los que no consideraban suficientemente leales al presidente, sin que éste condenara con claridad, como no ha condenado la actual oleada de violencia, aunque rechaza las acusaciones de Latortue.
Latortue, deje de mentir y ponga fin a los asesinatos, expresó el presidente depuesto el 20 de este mes, en una declaración escrita en la que pidió diálogo.
Un seguidor de Aristide de 22 años que se identificó como Pimienta Caliente dijo a IPS que las acusaciones de Latortue son infundadas.
La policía viene y dispara contra cualquiera. ¿Por qué? ¿Sólo porque creemos en Aristide? No me pueden disparar por eso, alegó el joven, que llevaba un arma.
En las últimas semanas, las fuerzas de seguridad no sólo han disparado, aunque lo niegan, sino también han arrestado a cientos de personas, entre ellas a dos ex parlamentarios y al sacerdote Gérard Jean-Juste, seguidor declarado de Aristide.
Los ex legisladores fueron acusados de ser autores intelectuales de la violencia callejera, y las autoridades insinuaron que el clérigo había permitido que pistoleros de la Operación Bagdad se escondieran en su templo, pero no presentaron pruebas, como señalaron su abogado y la organización no gubernamental humanitaria Amnistía Internacional al protestar contra el arresto.
Jean-Juste se suma al creciente número de presos políticos en Haití, opinó el profesor estadounidense de derecho Bill Quigley.
La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití ha sido criticada por no actuar para poner fin a la violencia, pero su portavoz Damien Onses-Cardona sostiene que la situación no es tan mala como la pintan los medios de comunicación locales e internacionales.
Pienso que algunas personas tratan de crear el caos, pero quiero señalar que la violencia en Haití no es algo nuevo, que haya comenzado de improviso hace unas semanas, dijo a IPS.
