RUANDA: Sobrevivientes de genocidio en amarga espera
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RUANDA: Sobrevivientes de genocidio en amarga espera

KIGALI, 24 abr 2006 (IPS) - Más de 12 años después del genocidio en Ruanda, miles de sobrevivientes y familiares de las víctimas continúan sin recibir las compensaciones y asistencia prometidas, mientras el gobierno se declara incapaz de atender la demanda.

La matanza que comenzó luego de ser derribado sobre Kigali el 6 de abril de 1994 el avión que transportaba al presidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana, y a su par de Burundi, Cyprien Ntaryamira, costó la vida de más de 800.000 miembros de la minoría tutsi y hutus moderados.

Desde entonces, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fue establecido en el septentrional pueblo tanzanio de Arusha para llevar a juicio a los presuntos autores intelectuales del genocidio, mientras que los tribunales ruandeses lucharon para hacer lo propio con los acusados de llevar a cabo las masacres.

Rebeldes hutus y miembros del ejército de Ruanda son responsabilizados de esos crímenes masivos.

Sin embargo, los sobrevivientes del genocidio todavía esperan las indemnizaciones, recordó François Ngarambe, presidente de Ibuka ("Recordar", en kinyaruanda, el idioma más hablado en Ruanda), una de las principales organizaciones no gubernamentales dedicadas a la atención de las víctimas.


Esto ocurre pese a las numerosas promesas de ayuda de parte del gobierno que involucran el pago de escolaridades para huérfanos y asistencia médica y vivienda para sobrevivientes pobres.

"Estamos enfermos de continuar oyendo promesas irreales hechas por políticos poco sensibles a nuestro sufrimiento", dijo Marie Claire Murorunkwere, una mujer tutsi que quedó viuda en el genocidio y reside en Ngoma, un distrito en la zona oriental del país.

"Esta negativa a compensar a los sobrevivientes es otra manera de humillar a las víctimas y apoyar a los responsables del genocidio", agregó Jean Glaubert Burasa, director de Rushyashya, una publicación bisemanal de Kigali.

Las autoridades de Ruanda admiten que la necesidad de indemnizaciones las hizo confrontar el dilema. "El gobierno ruandés hoy no está en posición de prometer lo que nunca tendrá", dijo a IPS la ministra de Justicia y Relaciones Institucionales, Edda Mukabagwiza.

Solamente elaborar una lista de las víctimas y los daños físicos y psicológicos que sufrieron, así como los bienes destruidos, es una tarea enorme que el gobierno ruandés no puede asumir solo, opinó Mukabagwiza.

Enfrentadas con las limitaciones del gobierno en materia de compensaciones, algunas asociaciones para ayudar a las víctimas del genocidio iniciaron actividades para generar ingresos.

Entre esas organizaciones se encuentra la Asociación de Viudas del Genocidio de Abril de 1994 (Avega por sus siglas en francés), que el año pasado comenzó a elaborar pequeñas canastas para decoración y para exportar al mercado estadounidense.

El proyecto, titulado "Canasta de la Paz", recibió apoyo de Canadá. Actualmente participan en la iniciativa unas 200 mujeres, incluyendo a viudas del genocidio y a mujeres cuyos esposos están en prisión por cargos de genocidio, explicó a IPS la presidenta de Avega, Bellancille Umukobwa.

Joséphine Nyirantwali es una de las beneficiarias de la Canasta de la Paz. Antes dependía totalmente de una ayuda mensual de 60 dólares que le brindaba el Fondo de Asistencia para los Sobrevivientes del Genocidio, establecido por el gobierno en 1998.

Hoy, sin embargo, Nyirantwali es capaz de autosolventarse. "Es la triste experiencia del pasado lo que me dio el valor para pararme en solidaridad con mis compañeras", dijo.

Donatille Mukagakwaya, una mujer hutu cuyo marido está preso, acusado de ayudar a llevar a cabo el genocidio, manifestó sentimientos similares.

"No somos responsables de lo que ocurrió en Ruanda. Nuestros esposos están detenidos y no podemos predecir qué pasará mañana. Por lo tanto necesitamos unir fuerzas para satisfacer las necesidades de nuestras familias", explicó.

Según Mandiaye Nang, consejero especial del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) evaluó establecer un fondo especial para compensar a las víctimas del genocidio en base a demandas individuales o colectivas.

A dicho tribunal se le podría agregar "una nueva responsabilidad: coordinar las compensaciones a las víctimas que se presentaron ante él como testigos", afirmó.

El tribunal ya lanzó un programa de asistencia para testigos en Ruanda. La primera fase de esta iniciativa, que comenzó en septiembre de 2000, incluyó asesoramiento legal y psicológico y rehabilitación física. Una segunda etapa involucró asistencia financiera para un programa de reasentamiento.

El Tribunal Penal Internacional para Ruanda, según su portavoz Tim Gallimore, contribuyó con 15 por ciento del financiamiento inicial (unos 52.000 dólares) de la construcción de 23 casas en la "Aldea de la Paz", en el central distrito ruandés de Kamonyi.

 

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