La muerte del ex dictador paraguayo Alfredo Stroessner en Brasil reabrió en Chile una soterrada polémica, en que se cruzan argumentos políticos y judiciales, sobre la forma en que tanto el gobierno como el ejército reaccionarán cuando fallezca el también ex dictador Augusto Pinochet.
Quien reactivó el debate, ahora con proyección pública, fue el actual comandante en jefe del ejército chileno, general Oscar Izurieta, quien en la noche del día 16 dijo en un canal de televisión que su institución rendirá "todos los honores" a Pinochet si éste fallece bajo la condición de "presumiblemente inocente" en las causas judiciales que afronta.
Izurieta fue consultado por la estación Chilevisión a propósito del pronunciamiento del actual presidente de Paraguay, Nicanor Duarte, de que permitiría la repatriación del cadáver de Stroessner desde Brasilia, pero que no recibiría ningún tipo de honores, en tanto murió como prófugo de la justicia.
A sus 90 años, aquejado de diabetes, insuficiencias vasculares y otras dolencias, el ex gobernante de facto chileno (1973-1990) resiste el paso del tiempo bajo constante observación médica mientras su estado de salud le sirve, paradójicamente, de controvertido argumento legal para eludir condenas por crímenes de lesa humanidad.
La supuesta demencia senil de Pinochet se ha transformado en un factor de impunidad, según denuncian grupos de derechos humanos luego de fallos judiciales que absolvieron al ex dictador por los crímenes de la llamada "caravana de la muerte", de 1973, y por el asesinato en 1974 en Buenos Aires de su antecesor en el mando del ejército, general Carlos Prats.
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Si bien hay posibilidades de reapertura de esos procesos, así como de encausamientos del ex gobernante de facto en procesos vinculados con la Operación Cóndor, lo cierto es que se mantiene la incertidumbre sobre la carta de la "locura" de Pinochet para eludir la justicia, tanto en estos casos como en la investigación judicial que se le sigue por enriquecimiento ilícito.
Las cuentas secretas que el veterano general retirado, su esposa, sus cinco hijos y algunos de sus ex colaboradores mantuvieron en el Banco Riggs y otras entidades financieras internacionales implicaron operaciones de evasión tributaria y de malversación de recursos públicos, según la causa abierta por la justicia chilena en 2005.
El ya jubilado juez Juan Guzmán estableció la responsabilidad penal del ex dictador chileno en los 57 homicidios y 18 secuestros de la "caravana de la muerte", misión militar que recorrió campos de prisioneros políticos en octubre de 1973. Pero el 1 de julio de 2002 la Corte Suprema declaró "inimputable" a Pinochet y cerró el proceso en su contra.
Una situación similar ocurrió dos años después a propósito del juicio por el asesinato en Buenos Aires del general Prats y su esposa, víctimas de un atentado terrorista organizado por la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), la policía secreta que dependía directamente de Pinochet a través del entonces coronel Manuel Contreras.
En ninguno de estos procesos, así como en los otros que se le siguen al ex dictador por crímenes contra los derechos humanos, se estableció su inocencia, sino que los tribunales optaron por declararlo no imputable en razón de controvertidos exámenes médicos que certificaban su demencia senil.
En rigor, no corresponde entonces la expresión de "presumiblemente inocente" que usó el general Izurieta para justificar eventuales honores al futuro féretro de Pinochet. "Si hubiera una sentencia sería distinto, pero mientras haya un proceso la ley presume inocencia", argumentó el actual jefe del ejército chileno.
Un razonamiento bastante controvertible, no solo por la ausencia de un dictamen de inocencia en los dos juicios mencionados, sino también porque en los mismos momentos en que Pinochet era ya víctima de la "demencia senil" seguía ordenando operaciones financieras en el exterior, de acuerdo a lo investigado hasta ahora en el "caso Riggs".
Se estima que el ex dictador y sus allegados acumularon en las cuentas secretas una fortuna que sobrepasa los 20 millones de dólares.
El ejército no sólo está dispuesto hoy a rendir honores institucionales a Pinochet como ex comandante del arma, cargo que desempeñó desde agosto de 1973 hasta marzo de 1998, sino que además le mantiene privilegios, que incluyen una bien rentada jubilación, escoltas y la cobertura de sus gastos en los procesos que se le siguen por causas de derechos humanos.
Pablo Rodríguez, fundador del desaparecido grupo nacionalista Patria y Libertad, jefe del equipo de abogados del ex dictador, ha aclarado reiteradamente, sin embargo, que en este caso ejerce su papel de defensor por convicción política, sin cobrar honorarios.
Para muchos observadores internacionales resulta incomprensible que Pinochet siga manteniendo todos sus beneficios militares, que goce del estatus de general retirado y que no sea un "ex general", como correspondería por la acumulación de cargos en su contra por crímenes contra los derechos humanos y actos de corrupción.
Ocurre otro tanto, sin embargo, con el ex jefe de la DINA, que pese la condena de presidio por el asesinato en 1976 del ex canciller Orlando Letelier y una nueva pena de cárcel que cumple actualmente, sigue siendo igualmente un general retirado, que no ha sido degradado ni menos expulsado del ejército.
Las analogías entre Stroessner y Pinochet no aluden únicamente a sus características comunes como ancianos ex dictadores, sino también a los lazos de identidad que forjaron mientras fueron los hombres fuertes de sus respectivos países.
Stroessner fue una de las pocas excepciones en el ostracismo en que la comunidad internacional mantuvo a la dictadura chilena, y ya en septiembre de 1974, un año después del cruento derrocamiento de Salvador Allende, vino a Santiago como invitado de honor al "Día de las Glorias del Ejército" e intercambió condecoraciones con Pinochet.
Fue la dictadura paraguaya la que facilitó pasaportes falsos a dos connotados agentes de la DINA, el mayor Armando Fernández Larios y el estadounidense Michael Townley, quienes así pudieron ingresar a Estados Unidos con la cobertura suficiente para preparar, en conjunto con anticastristas cubanos, el asesinato de Letelier.
"Stroessner, junto a otros dictadores, como Augusto Pinochet, Rafael Videla (de Argentina), Juan María Bordaberry (de Uruguay) y Hugo Bánzer (de Bolivia), es también co-responsable del siniestro Plan Cóndor", recordó en una declaración la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile.
El Plan Cóndor, se recordó en la declaración, "permitió a las dictaduras del Cono Sur, de manera coordinada y sistemática, eliminar a sus opositores políticos y particularmente a los militantes de izquierda".
La agrupación humanitaria destacó, asimismo, que "la muerte del ex dictador deja un vació en la comunidad internacional al no ser capaz de investigar, esclarecer y juzgar los crímenes y corrupción cometidos por Stroessner en contra de Paraguay, quedando la sensación de que un dictador más muere en la más absoluta impunidad amparado por un mal interpretado asilo político".
