DROGAS-COLOMBIA: ONU contra fumigaciones en frontera con Ecuador
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DROGAS-COLOMBIA: ONU contra fumigaciones en frontera con Ecuador

BOGOTÁ, 22 sep 2007 (IPS) - Las fumigaciones a cultivos de drogas en la frontera de Colombia con Ecuador “deben cesar” hasta que el gobierno de Álvaro Uribe compruebe que son inocuas, como hasta ahora asegura, advirtió un alto funcionario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Mientras no lo haga, "Colombia no puede arriesgar por ningún motivo el derecho a la salud que tiene Ecuador", adelantó el neozelandés Paul Hunt, relator especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Derecho a la Salud.

Hunt está a cargo de elaborar un informe, a pedido del gobierno de Rafael Correa, sobre el impacto de las fumigaciones en la salud humana, exclusivamente referido a la población del área ecuatoriana contigua a la zona donde las autoridades colombianas realizan esa actividad antidrogas.

El gobierno de Uribe afirma que "no existe duda científica alguna" sobre la inocuidad de las fumigaciones con una mezcla potenciada del herbicida glifosato.

Quito ha amenazado reiteradamente con llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia, órgano judicial de la ONU con sede en La Haya, Holanda, y exige que Colombia se abstenga de fumigar en toda la franja fronteriza de 10 kilómetros.


Las diferencias entre los gobiernos de ambos países andinos dejan en evidencia "la importancia crucial de que existan estudios independientes y sólidos que merezcan la confianza de ambas partes y de todos los observadores imparciales", dijo el relator Hunt.

Colombia fumiga los cultivos de droga con la mezcla potenciada de glifosato a partir de 2000, con el inicio del Plan Colombia, estrategia antidrogas y contrainsurgente financiada por Estados Unidos.

"La fumigación aérea de glifosato ha sido un tema profundamente politizado. Cuando un asunto se politiza de esta forma, los derechos humanos se convierten habitualmente en las primeras víctimas", advirtió Hunt en rueda de prensa en la capital colombiana.

"La salud y la vida de la gente del común —especialmente los menos favorecidos y más pobres— son olvidados y abandonados", agregó. "Reconozco que el cultivo ilícito de cocaína (sic) supone una grave y compleja carga para el gobierno de Colombia, para lo cual no hay nunca respuestas sencillas."

Colombia es el mayor productor mundial de cocaína y provee 90 por ciento del consumo de Estados Unidos, el principal mercado para esta droga.

Washington y Bogotá y diversos analistas coinciden en que el negocio de la droga es el combustible de la longeva guerra interna en que participan guerrillas de izquierda, fuerzas regulares y sus aliados paramilitares ligados a grandes capos del narcotráfico, ahora parcialmente desmovilizados y en plan de legalizar su situación.

Uno de los objetivos del Plan Colombia es de destruir los cultivos de droga para cortar fuentes de financiación a la guerrilla y desarticular las redes sociales en zonas cocaleras, que tienen en común con la insurgencia un profundo sentido de la ilegalidad.

El gobierno de Correa, que cuenta con una canciller de destacada trayectoria ambientalista como María Fernanda Espinosa, dio crédito a a investigaciones según las cuales los ecuatorianos que viven hasta a tres kilómetros de la frontera corren un riesgo de sufrir daños genéticos entre seis y ocho veces mayor al de la población residente a 80 kilómetros.

El estudio fue adelantado por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y publicado por la revista científica brasileña Genetics and Molecular Biology.

Hunt había solicitado al gobierno de Uribe visitar Colombia en coincidencia con su gira en Ecuador, a mediados de mayo. El pedido fue rechazado por problemas de agenda. El gobierno colombiano aceptó sólo el mes pasado la visita de Hunt.

En su visita a Quito, el relator no logró reunirse con el embajador de Colombia. Pero sí se reunió en ese viaje con colombianos afectados por las fumigaciones, que viajaron especialmente a Ecuador, y también recorrió tres comunidades en la frontera.

"Recibí testimonios creíbles y fidedignos sobre el hecho que las fumigaciones aéreas con glifosato a lo largo de la frontera colombo-ecuatoriana pueden causar daños a la salud física de las personas que viven en Ecuador", expresó Hunt.

El relator recogió "otros testimonios creíbles y confiables acerca de que las fumigaciones áreas pueden afectar también la salud mental".

"Por ejemplo, fui informado que los helicópteros militares algunas veces acompañan las fumigaciones áreas y que las experiencias pueden ser aterradoras, especialmente para los niños, a pesar de que los helicópteros permanecen siempre en espacio aéreo colombiano", sostuvo.

El relator es un experto independiente que reporta al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de la ONU.

La misión encabezada por Hunt no ha tomado en su visita a Colombia muestras ni hecho pruebas de laboratorio, pues su cometido se limita a los efectos de las fumigaciones en la salud de la población ecuatoriana.

Ante una consulta de IPS sobre la posibilidad de investigar eventuales perjuicios a la población colombiana, contestó: "Si hay implicaciones que se derivan para otros, entonces estas poblaciones podrán interesarse en mi misión desde el principio, en respuesta a la solicitud del gobierno ecuatoriano."

Para el sociólogo colombiano Ricardo Vargas, director de la organización Acción Andina dedicado al estudio de las drogas ilícitas, esta respuesta contradice el criterio de "universalidad de la defensa del derecho a la salud", lo cual le "parece terrible".

"Si hay daños a la comunidad ecuatoriana, tiene que haber daños a la comunidad colombiana. Pero esto segundo desaparece. Esta comunidad como que no tiene canales para hacerse representar y para hacerse oír", dijo a IPS.

La fumigación en Colombia es "parte de la estrategia de guerra", agregó. "Mientras en Ecuador el Estado responde por la comunidad y por lo que está pasando allá, en el caso de Colombia hay una toma de posición frente a la estrategia" y "todo cuestionamiento se observa como un ataque", dijo.

En marzo, el Departamento de Estado (cancillería) estadounidense aseguró en su informe anual sobre el narcotráfico internacional que "el Instituto Nacional Colombiano de Salud no verificó un solo caso de efectos adversos para la salud humana vinculados al rociamiento con glifosato".

En 2006, según la misma fuente, se fumigaron en Colombia 171.613 hectáreas de cultivos de coca y adormidera (amapola), materia prima de la heroína.

Colombia exige a Ecuador que demuestre que las fumigaciones aéreas afectan la salud. Pero, según Hunt, es Colombia la que debe "demostrar que las fumigaciones áreas no afectan ni la salud humana ni el medio ambiente".

El vicepresidente colombiano Francisco Santos en Bogotá aseguró al relator en Bogotá que, en aras de los "principios de transparencia y buena fe", el gobierno ha puesto en Internet "la composición precisa del glifosato, y los componentes adicionales que son usados en la fumigación aérea".

Para Vargas, "eso no ha sido tan claro", y la mezcla de elementos químicos que acompañan al glifosato ha experimentado "una serie de modificaciones".

"Si el gobierno habla de transparencia, uno esperaría que cualquier entidad independiente, cualquier organización de la sociedad civil pudiese acceder a las propias aeronaves antes de despegar, y tomar muestras para (…) saber de verdad cuál es la mezcla que se utiliza", agregó.

"Y eso es crucial", porque las pruebas hechas en Colombia corresponden a la fórmula comercial del glifosato para cultivos lícitos, que es "completamente distinta" a la mezcla usada para fumigar cultivos de coca y adormidera.

"En eso el gobierno colombiano no ha sido transparente, ni los estudios existentes tienen un soporte sólido", sostuvo.

La protesta ecuatoriana obligó al gobierno colombiano a priorizar la erradicación manual este año, aunque esta modalidad genera aún mayor terror entre la población, según constató IPS en el terreno.

Según testimonios recogidos por IPS en el fronterizo departamento del Putumayo, las brigadas de erradicadores aceptan coimas de los cocaleros por dejar los arbustos en un estado que les permite plantarlos de nuevo.

Mientras, las propuestas comunitarias de sustitución de cultivos sólo excepcionalmente son tenidas en cuenta, como ha comprobado IPS en distintos puntos de Colombia.

 


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