Alberto Henríquez tenía seis años cuando un soldado decidió «llevárselo» de la localidad El Mozote, en el nororiental departamento salvadoreño de Morazán, donde un operativo militar contrainsurgente en diciembre de 1981 masacró a más de 1.000 personas, incluyendo ancianos y niños.
El militar, Manuel Henríquez, se quedó con el niño en medio de la operación castrense cuando éste se había desprendido de sus familiares, quienes huían para evadir la muerte.
"Primero me llevó a la sede militar y luego me llevó a la casa de su madre" en el departamento Chalatenango, en el noroeste del país, relató a IPS Henríquez, a quien el soldado le brindó su apellido, y con la asistencia de su progenitora, lo crió.
Durante los siguientes 19 años nada supo del paradero de sus parientes o si habían sobrevivido a la matanza.
Ahora, con 34 años, casado y dedicado a la pesca artesanal, asegura que "mantiene buena comunicación" con su familia adoptiva, pero que también da "gracias a Dios" por haber realizado "mi reencuentro con toda mi familia (biológica)", en mayo de 2000.
Alberto forma parte de los 787 casos registrados de niños desaparecidos durante el conflicto armado interno (1980-1992), muchos de los cuales fueron llevados a orfanatos o dados en adopción a familias estadounidenses y europeas.
Desde 1994, la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos ha logrado facilitar el reencuentro con sus familias biológicas de 335 "niños desaparecidos", ahora adultos, tanto en el interior de este país centroamericano como en varias ciudades de Estados Unidos y de Europa. El resto de esas personas aún no se han ubicado
En marzo de 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó por primera vez en la historia al Estado salvadoreño por la desaparición de las hermanas Ernestina y Erlinda Serrano, desaparecidas durante un operativo militar en Chalatenango en junio de 1982 cuando tenían de siete y tres años respectivamente.
La sentencia del tribunal que funciona en el ámbito de la Organización de Estados Americanos ordenó a El Salvador, como primera medida de reparación a la familia, "investigar los hechos, sancionar a los responsables y efectuar la búsqueda" de las Serrano.
La sentencia, entre otras medidas incluye, el funcionamiento de una Comisión Nacional de Búsqueda de jóvenes que desaparecieron cuando eran niños, la designación de un día dedicado a los niños desaparecidos, brindar tratamiento médico y psicológico a las familias de las víctimas y la reparación material e inmaterial a ellas.
La celebración del Día Nacional de la Niñez Desaparecida durante el conflicto armado, aprobada por el parlamento salvadoreño en enero de 2007, tuvo su acto el 29 de marzo en San Salvador, organizado por la Asociación Pro-Búsqueda y donde Alberto brindó su testimonio.
Durante el festival, desarrollado en la ocasión en un parque del centro capitalino, se observaron carteles con historias entrecruzadas de los "reencuentros" y los que aún se buscan, d oficiales militares responsables de masacres y desapariciones, mientras adultos y jóvenes compartieron sus testimonios de la guerra, y otros de "esperanza de algún día" reencontrarse con sus familiares.
La guerra civil finalizó con los acuerdos de paz de 1992 entre el entonces presidente Alfredo Cristiani (1989-1994) y la guerrilla, ahora convertido en partido político legal del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y dejó unos 75.000 muertos, 8.000 desparecidos y alrededor de 50.000 lisiados Mario Sánchez, coordinador de Pro-Búsqueda, reclamó que el Estado aún no "investiga ni esclarece el paradero de los niños desaparecidos; tampoco señala a los responsables, lo que promueve la impunidad".
Sánchez denunció que el gobierno no da "contenido" al Día de la Niñas y los Niños Desaparecidos, ignorando la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
"Existe un silencio por parte del Estado y somos las víctimas las que siempre tenemos que estar" recodando el tema, manifestó Sánchez a IPS, y explicó que acudieron a las instancias internacionales después de muchos años sin recibir respuesta de sus demandas ante la justicia local.
Se podrían "realizar actos públicos, recordatorios en las escuelas, publicar campos pagados, declarar un minuto de silencio para dignificar a las víctimas", acciones que garanticen que "estos hechos se conozcan y que no se vuelvan a repetir", demandó el activista social.
Pro-Búsqueda demandó a fines de marzo a los fiscales Yessenia Salguero, José Salazar y José Zavala, de la seccional de Chalatenango de la Fiscalía General de la República (FGR), por "faltas graves e inobservancia a sus deberes relativos a cumplir con el ordenamiento jurídico" en el caso de las hermanas Serrano.
En tres ocasiones, la última en mayo de 2007, el juzgado de Chalatenango ordenó a la FGR solicitar al ministro de Defensa y al presidente Antonio Saca, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas (FAES), la nomina de oficiales que comandaron la "Operación Limpieza", cuando desaparecieron Ernestina y Erlinda. Hasta la fecha, las FAES sólo han develado el nombre de dos oficiales pero se niegan a dar las referencias de los jefes del operativo.
Leonor Arteaga, abogada de Por-Búsqueda, exigió que se cumpla la orden judicial para identificar a los responsables y dar con el paradero de las hermanas Serrano.
"Se han negado a acatar la orden judicial. El fiscal general (Garid Safie) ha sido negligente por no ordenar que se entregue la planilla militar que participó en la acción militar", manifestó Arteaga.
La Corte Interamericana, según Sánchez, ha emitido dos resoluciones de supervisión, una en 2006 y la otra en 2007, relacionadas a la condena sobre el caso Serrano, en los que urge al Estado salvadoreño cumplir con la totalidad de la sentencia.
A fines de marzo, Amnistía Internacional (AI), publicó un comunicado en el que exige al Estado salvadoreño cumplir con lo ordenado por la Corte y denunció que los "puntos sustanciales" de la resolución siguen sin cumplirse.
"El presidente (Saca) y el fiscal general deben tomar las medidas a su alcance para facilitar las investigaciones", indica el documento. Mientras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, otra de las instancias de la Organización de Estados Americanos, admitió, a solicitud de Pro-Búsqueda, dos nuevos casos de desaparición forzada. El de la niña Emelinda Hernández y el niño Santos Salinas, ambos desaparecidos en 1981.
Alberto, por su parte, seguirá dando "su testimonio" de que "sí hay niños desaparecidos" aunque el gobierno trate de negarlo o ignorarlo.
