El III Foro Social Mundial de las Migraciones, que finalizará este sábado en la localidad madrileña de Rivas-Vaciamadrid, adoptará como principal resolución un reclamo a los países europeos para que ratifiquen la convención de la ONU de protección a los trabajadores extranjeros y sus familias.
El encuentro, al que asisten más de 2.000 delegados de 90 países bajo el lema "Nuestras voces, nuestros derechos. Por un mundo sin muros", comenzó el martes con una fuerte advertencia del obispo brasileño Demetrio Valentini, quien afirmó que el contexto global es en la actualidad mucho más negativo para los inmigrantes que hace dos años
Miembro del Consejo Internacional del Foro Social Mundial y fundador de la organización latinoamericana "Grito de los Excluidos", Valentini añadió que uno de los problemas es la Directiva de Retorno aprobada el 18 de junio por la Unión Europea (UE), que regula la detención y expulsión de inmigrantes indocumentados.
El obispo brasileño calificó a esa norma como "directiva de la vergüenza". Señaló que no fue adoptada circunstancialmente sino que "revela que estamos ante una crisis de civilización que afecta a la humanidad globalmente".
Por esa razón, añadió, hay que buscar soluciones globales inclusivas, no parciales y excluyentes y "trabajar a favor de la utopía de los derechos humanos para todos y todas".
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El coordinador del Foro, Ignacio Díaz de Aguilar, presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, enfatizó que "un primer paso muy importante" es que España sea "el primer país europeo en suscribir y ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
Díaz Aguilar coincidió con Valentini en que se verifica un retroceso en los derechos de los inmigrantes.
Afirmó que "España fue un referente en la forma de enfocar las migraciones y se ha producido una recesión importante", por lo que considera que ese país debe "recuperar el papel en defensa de los derechos sociales de los migrantes" y dejar de lado la "impermeabilización de fronteras, la construcción de muros y la Directiva de Retorno".
La ministra de Migraciones de Ecuador, Lorena Escudero, propuso que se cree un pasaporte global, que simbolizaría "el ideal de la construcción de la ciudadanía universal, la no discriminación y la integración amable y respetuosa" de los trabajadores y trabajadoras migrantes.
En otra resolución que sería aprobada en el cierre del Foro se demandará a la UE que "trabaje por la integración mundial y promueva a la vez una nueva civilización en la que todos los pueblos se sientan respetados en un nuevo orden mundial, justo, solidario y sostenible", según un borrador al que tuvo acceso IPS.
La Directiva de Retorno, que permite retener durante 18 meses a los inmigrantes indocumentados en "centros de acogida" antes de deportarlos, fue muy criticada también por el mexicano Jorge Bustamante, relator especial de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) para los Derechos Humanos de los Migrantes.
"Esta directiva es un retroceso, una escalada de la criminalización de los migrantes, que no son criminales. Se trata de una vuelta atrás en las conquistas de los derechos de los migrantes que se habían alcanzado y que se deben recuperar", afirmó.
Bustamante calificó como "situación de terror" la que sufren los doce millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos.
"Esto es una realidad, la he visto, vivo en la frontera, he hablado con los migrantes, que me han expresado sus sentimientos de terror porque los pueden arrestar por el color de su piel, que los hace sospechosos de ser irregulares", aseguró.
Las personas no emigran por placer sino por necesidad, subrayó el sacerdote belga François Houtart, fundador del Centro Tricontinental y de la revista Alternatives Sud.
Recordó que el actual sistema económico hace que 20 por ciento de la población mundial consuma 84 por ciento de los recursos, "favoreciendo así los movimientos migratorios, al mismo tiempo que en el Norte se intenta frenarlos hasta el punto de criminalizar a los inmigrantes".
El problema no se limita a la migración Sur-Norte, ya que también se registran serias dificultades en las naciones en desarrollo.
La organización humanitaria católica Cáritas presentó en un documento en el que se destaca que Líbano es uno de los países que absorbe miles de migrantes de distinta procedencia y en situación vulnerable.
Marie Martin y Joelle Jhoury, del capítulo libanés de Cáritas, explicaron que en ese país hay 400.000 refugiados palestinos, 50.000 iraquíes y alrededor de 160.000 personas procedentes de varios países asiáticos, en especial Bangladesh, Filipinas, India y Sri Lanka.
En su mayoría son mujeres, que llegan a Líbano con promesas de trabajo como empleadas domésticas y a menudo terminan viviendo en situaciones de semiesclavitud, señaló Martin.
En la inauguración del Foro, el alcalde de Rivas-Vaciamadrid, José Masa Díaz, destacó y agradeció el trabajo de medio millar de voluntarias y voluntarios, así como la "fraternidad" de 150 familias de ese municipio que acogieron en sus casas a muchos delegados en el marco del programa "alojamiento solidario".
"La crisis no deben pagarla los mismos de siempre, los más débiles, los migrantes. No pueden establecerse directivas de retorno cuando de lo que se trata es de integrar en el trabajo, de reconocer derechos", afirmó Masa Díaz.
