El proyecto Crucitas de explotación de oro a cielo abierto en el norte de Costa Rica, se puede convertir en la cruz de la política ambiental del gobierno de Óscar Arias.
Pero la concesión de la explotación de una mina de oro a la empresa Industrias Infinito, filial de la canadiense Infinito Gold, ha levantado considerable polvareda entre ambientalistas contrarios al proyecto, que acusan al gobierno de doble discurso.
Infinito obtuvo un permiso gubernamental para talar 191 hectáreas en Las Crucitas de Cutris, distrito del cantón de San Carlos en la norteña provincia de Alajuela. La zona es hábitat del almendro amarillo (Dipteryx panamensis), de gran valor por su madera y por su papel en la alimentación y anidamiento de la lapa verde (Ara ambigua), ave en riesgo de desaparición en Costa Rica.
En el norte costarricense, la deforestación de las últimas décadas ha dejado en pie menos de 30 por ciento de los bosques.
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Además, el posible uso de sustancias venenosas como el cianuro para extraer el oro de la roca, y la cercanía de la mina al río San Juan, que Costa Rica comparte con Nicaragua, han despertado la oposición del país vecino a la explotación.
El presidente Arias y el ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Roberto Dobles, declararon el proyecto minero de interés nacional mediante un decreto ejecutivo. Por eso el Ministerio Público (fiscalía) abrió una investigación por prevaricato contra ambos.
El prevaricato "lo cometen funcionarios que dictan resoluciones contrarias al derecho costarricense e internacional", y estas acusaciones son "muy fuertes", dijo a Tierramérica el abogado y consultor ambiental Mario Peña.
Costa Rica, que protegió por ley al almendro amarillo, es parte de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites).
En esa condición, el país solicitó la inclusión del árbol en el Apéndice III del convenio, dedicado a las especies protegidas al menos en un país, que solicita a otros países partes ayuda para controlar su comercio. La lapa verde se encuentra en el Apéndice I, de especies amenazadas de extinción y cuyo intercambio se permite solamente en circunstancias excepcionales.
Pero el ambientalista no cree que el proceso prospere, puesto que "todos alegan ignorancia. El presidente dice que confiaba en la opinión del ministro, y éste en su departamento legal. No creo que en vía penal vaya a tener éxito", sostuvo, ya que para que exista la figura de prevaricato es necesario el conocimiento de quien lo ejecuta.
Mientras, la Sala IV (tribunal constitucional) de la Corte Suprema de Justicia ordenó el 20 de octubre detener las obras de talado, atendiendo un recurso de amparo contra el decreto del Poder Ejecutivo, que fue presentado por el ciudadano Edgardo Araya y la asociación local Norte por la Vida.
La empresa Infinito estima que en la próxima década extraerá 700.000 onzas de oro del yacimiento, con una inversión de 66 millones de dólares.
El distrito rural de Cutris, de 873 kilómetros cuadrados, tiene unos 8.000 habitantes hundidos en la pobreza. La mayoría trabajan en Ciudad Quesada, capital de San Carlos.
Buena parte de la población se muestra favorable a la explotación de oro, pues crearía puestos de trabajo. Además, la empresa ha prometido mejorar instalaciones dedicadas a la atención de salud y educación.
"No es que esté a favor de la mina, pero sí de oportunidades de desarrollo, y para nosotros representa eso", dijo a Tierramérica Luis Guillermo Álvarez, vecino de Coopevega, una de las comunidades cercanas al yacimiento.
"Las infraestructuras que deje la empresa van a servir para que se desarrolle la zona. Más allá de los 10 años que puedan estar, las carreteras, los puentes, la electricidad, el teléfono, todo eso se queda", agregó.
"Quien diga que no habrá problemas ambientales miente, pero los ambientalistas son unos extremistas. Es una mina moderna y estará regulada por el Estado. Habrá que sacrificar un poco el ambiente para vivir. Se deberán vigilar las políticas de mitigación", agregó Álvarez.
"Los ambientalistas han satanizado el tema de la lapa verde, pero he vivido aquí 25 años y he visto cortar miles de almendros amarillos", concluyó.
El abogado Peña dice entender a la gente de Las Crucitas, pues "el Estado se ha olvidado de determinadas zonas, facilitando proyectos como éste y que reparten migajas a la comunidad. Son obras que deberían llevar tiempo hechas, y prefieren arriesgar su salud y su futuro en pro de estas migajas".
El ministro Dobles negó el 27 de octubre ante la Asamblea Legislativa que en Las Crucitas anide la lapa verde, añadiendo que la concentración de almendro amarillo no es significativa en la zona. También recalcó que la empresa está obligada a sembrar 100 árboles por cada uno talado.
Peña replicó que éste "es un concepto erróneo"."Probablemente don Roberto Dobles sepa mucho de energía y telecomunicaciones (las otras ramas de su cartera), pero no de ambiente. Un bosque tarda entre 40 y 50 años en recuperarse", dijo.
El ministro aseguró que todo el proyecto se apoya en estudios de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y que si la Sala IV avala finalmente el decreto, el proyecto saldrá adelante.
Pero ni siquiera el bloque del gobernante Partido Liberación Nacional apoyó a Dobles. La diputada Maureen Ballestero, quien además preside la Comisión Permanente Especial de Ambiente, criticó el debate que se ha pretendido crear entre desarrollo económico y ambiente.
Mucho del crecimiento del país llega a través del turismo, que "ha dado más riqueza que las exportaciones", dijo. Y el turismo costarricense se basa en su exuberante naturaleza, agregó Ballestero.
Organizaciones sociales y ambientalistas se apostaron el 27 de octubre ante las sedes del Ministerio y de la Asamblea Legislativa para protestar contra el proyecto y pedir la dimisión de Dobles.
También se hicieron presentes grupos favorables a la mina, lo que provocó situaciones de tensión. El 14 de noviembre, los críticos llevarán a cabo una manifestación nacional contra la mina en San Carlos.
