AGRICULTURA-MÉXICO: Maíz transgénico entra a zona de origen
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AGRICULTURA-MÉXICO: Maíz transgénico entra a zona de origen

MÉXICO, 11 mar 2009 (IPS) - México liquidó esta semana la veda impuesta en 1999 a la siembra experimental de maíz transgénico en este territorio, cuna de la gramínea que modeló su cultura. Gigantes de la biotecnología postularon 12 proyectos y anunciaron inversiones de 382 millones de dólares hasta 2012.

Mazorcas de maíz en Yaluma, sureño estado de Chiapas Crédito: Mauric io Ramos/IPS

Mazorcas de maíz en Yaluma, sureño estado de Chiapas Crédito: Mauric io Ramos/IPS

La luz verde que dio el gobierno del conservador Felipe Calderón a la experimentación, a través de un reglamento ejecutivo que entró en vigencia el lunes, generó indignación de activistas y agricultores opuestos al maíz transgénico.

Este sector advirtió que la medida consolidará el dominio de las transnacionales que controlan el mercado global de semillas modificadas y pondrá en serio riesgo la riqueza genética de la gramínea criolla, domesticada en este país hace más de 9.000 años y considerada sagrada por campesinos e indígenas.

"Los activistas querían decidir por todos los agricultores mexicanos al rechazar la experimentación", pero se impuso la razón, dijo a IPS Fabrice Salamanca, director de Agrobio México, que representa a las transnacionales de la biotecnología con asiento en este país: Bayer, DuPont, Monsanto, Syngenta y Dow.

Según Salamanca, las inversiones de esas empresas para experimentación, investigación asociada y creación de infraestructura están listas. "Esperamos que en agosto se den las primeras aprobaciones para arrancar en campo", señaló.


Las 12 solicitudes para experimentar corresponden a estados del norte de México, donde se concentra el cultivo agroindustrial de maíz, con semillas comerciales híbridas o mejoradas a través de cruzas.

"Ningún pedido de experimentación es para los estados del sur, donde se cultiva maíz para autoconsumo con las variedades criollas, y donde está la riqueza genética tradicional", dijo Salamanca.

"Nadie está en contra de proteger las variedades criollas, por el contrario, creemos que debe haber programas para apoyar a quienes las cultivan. Nosotros vamos a trabajar con los productores industriales, sector donde tiene sentido el cultivo de semillas transgénicas", añadió el director de Agrobio México.

La normativa indica que las parcelas experimentales no podrán exceder las dos hectáreas de superficie, deberán estar a una distancia mínima de 200 metros de otros cultivos y tener barreras naturales, como árboles, en sus perímetros.

Además, se eliminarán de cada planta las espigas para evitar que el polen vuele. Al final, y luego de realizar una evaluación científica del cultivo y la cosecha, el grano resultante deberá ser quemado.

Las transnacionales esperan que los experimentos demuestren las presuntas bondades de sus productos y que, en un año o más, se autoricen plantaciones comerciales.

Las distintas variedades de maíz transgénico se les ha incorporado genes, incluso de otras especies, para hacerlas resistentes a ciertas plagas o a herbicidas, elevar su productividad o adaptarlas a diversas condiciones de cultivo.

Para Miguel Colunga, líder del Frente Democrático Campesino de Chihuahua, estado del norte mexicano, "el gobierno cometió un error tremendo al permitir la experimentación, pues puso en riesgo la biodiversidad y la soberanía alimentaria" del país.

El Frente, que forma parte de una alianza de organizaciones ambientalistas y campesinas denominada "Sin maíz no hay país", llevará a cabo movilizaciones contra los permisos que se otorguen a cultivos experimentales. "Incluso podríamos quemar las parcelas", advirtió.

El gobierno publicó el 6 de marzo un decreto que reformó y adicionó disposiciones al reglamento de la Ley de Bioseguridad, aprobada en 2005. La nueva normativa permite siembras experimentales de maíz transgénico con autorización previa de los planes.

Además, las Secretarías (ministerios) de Agricultura y Medio Ambiente promoverán "la conservación in situ de razas y variedades de maíces criollos y sus parientes silvestres a través de programas de subsidio u otros mecanismos de fomento para la conservación de la biodiversidad", añade la norma.

También estipula que "previo al otorgamiento del permiso de liberación experimental (la autoridad), deberá verificar que para el organismo que se pretende liberar no exista una variedad convencional alternativa".

Además indica que "en los casos en que las autoridades determinen la presencia no permitida de material genéticamente modificado en razas, variedades y parientes silvestres de maíz, deberán establecer medidas para eliminar, controlar o mitigar dicha presencia".

La activista Silvia Ribeiro, portavoz en América Latina del no gubernamental Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración cree que el gobierno de Calderón "hizo un interpretación amañada de la ley para permitir la experimentación, todo por presiones de las transnacionales".

La Ley de Bioseguridad, reglamentada apenas en 2008, establece que las autoridades definirán un régimen especial para el caso de los cultivos de maíz. Pero en lugar de eso, "emitieron unas disposiciones reglamentarias de menor nivel que no cumplirá nadie", sostuvo Ribeiro.

A pesar de que estaba prohibido sembrar maíz transgénico, desde 2001 se detectan periódicamente trazas de esas variedades en cultivos de algunas parcelas, incluso en el sur donde se plantan semillas no comerciales. Las investigaciones continúan en algunos casos, pero en la mayoría ni siquiera se llevaron a cabo. Ribeiro y Colunga acusaron a los socios de Agrobio de haber sobornado a algunos grandes agricultores del norte del país para que sostuvieran la demanda a favor de la experimentación. "Las empresas han presionado de todas las formas", denunció Ribeiro.

"Sé que algunos cultivaron maíz transgénico ilegalmente en Chihuahua por pedido de las mismas empresas para que el gobierno luego no tenga más opción que aceptarlo", afirmó Colunga.

Grandes productores del norte, reunidos en organizaciones como Agrodinámica Nacional, venían demandando autorizaciones para cultivar maíz transgénico con el argumento de que así podrían producir más y mejor.

México tiene una producción anual de 21 millones de toneladas de maíz sobre una superficie de unas 8,5 millones de hectáreas. Más de tres millones de campesinos, la mayoría pobres, se dedican a su siembra con semillas criollas o mejoradas con métodos tradicionales, pero también hay grandes empresas cultivadoras del grano.

Este país no ha logrado abastecer su demanda interna de maíz, alimento básico de la cocina mexicana, e importa de Estados Unidos unos 10 millones de toneladas anuales, sobre todo de la variedad amarilla, usada como para alimentar animales de corral.

Es en esa variedad donde las transnacionales de la biotecnología han puesto mayor interés y buscan experimentar.

En Estados Unidos, que cultiva variedades transgénicas y tradicionales de maíz, la gramínea ocupa unas 32 millones de hectáreas y su producción anual supera más de 15 veces la de México.

El representante de las empresas, Salamanca, aseguró que jamás sobornaron o presionaron a los agricultores ni al gobierno. Esas acusaciones son un mito y "generan un falso debate" alentado por activistas que "dicen hablar a nombre de todos los agricultores, cuando eso es falso", dijo.

Las semillas mejoradas transgénicas se expanden porque así lo demandan los agricultores, porque se benefician, y no hay evidencias de que causen algún problema a la salud o al ambiente, señaló Salamanca.

Sin embargo, hay ejemplos documentados de transgénicos potencialmente peligrosos. En Estados Unidos, la variedad Starlink fue retirada del mercado en 2000, tras registrarse casos de alergias en consumidores.

Y la variedad transgénica MON-863, patentada por Monsanto, provocó daños en ratas durante experimentos.

Pero no hay datos concluyentes. Connotados científicos apoyan los cultivos transgénicos, mientras otros los rechazan.

Según Ribeiro, la decisión del gobierno mexicano no fue una derrota del movimiento social, "sino una imposición resultado de presiones y sobornos de las empresas transnacionales".

Greenpeace, organizaciones campesinas y un conjunto de investigadores nacionales de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad realizaron en los últimos años numerosas movilizaciones y debates para oponerse al maíz transgénico.

Las transnacionales someten a los agricultores a un tipo de esclavismo, pues los obligan por contrato a cultivar sólo sus semillas originales y les prohíben guardar los mejores ejemplares de una cosecha para la próxima siembra, práctica ancestral de mejoramiento en la agricultura humana, afirman.

Pero lo que más les preocupa es que las variedades transgénicas, al ser liberadas al ambiente, podrían acabar con la diversidad biológica del maíz criollo, e incluso podrían llegar a alterar toda la alta biodiversidad de este país.

 

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