MUJERES-URUGUAY: Esa explotación doméstica difícil de extirpar

«Si reclamás algo te empiezan a hacer un jueguito psicológico. Enseguida pasás de ser la más querida de la casa, ‘como una hija’, a ser destratada y en algunos casos incluso te acusan de robo». Esa es una situación bien conocida por buena parte de las empleadas domésticas uruguayas, dice Cristina Otero.

Como tantas otras mujeres, Otero comenzó a trabajar como empleada doméstica cuando en 2002 Uruguay sufrió un devastador colapso económico-financiero y muchas operarias fabriles perdieron su empleo, en su caso en el sector de la vestimenta. Hoy es dirigente del Sindicato Único de las Trabajadoras Domésticas (SUTD).

Una organización sindical que pudo ser reconstruida, tras años de inactividad, por unas 400 mujeres en 2005, un año antes de que se diera un gran paso para el país y para América Latina, según destacan sus dirigentes, como fue la aprobación de la Ley de Trabajo Doméstico, que protege a las empleadas y brinda una serie de mecanismos para que su tarea sea respetada.

Un aspecto relevante es que ahora existe un máximo de ocho horas de trabajo por día y 44 horas semanales. Sin embargo, esa disposición es muchas veces violada cuando la trabajadora vive con la familia que la emplea, sin retiro o "con cama adentro", como se dice vulgarmente en Uruguay. La peculiaridad de ser una tarea que se realiza "puertas adentro" ampara la explotación.

Las cosas son más complicadas aún para quienes trabajan sin retiro en el interior del país, ya que muchas veces los patrones saben que la persona no tiene otro lugar adonde ir y se aprovechan de la situación.
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Nilda Cejas trabajó toda la vida como empleada doméstica "con cama". En la casa donde está empleada en este momento tiene una habitación al fondo, con baño, "muy linda", dice. Pero se queja de que no siempre respetan sus ocho horas de trabajo, no le pagan extra y, desde que reclamó los aumentos que le correspondían, la patrona no le habló más.

"Cocino, limpio, hago todo, pero nos llevamos mal", narra Cejas a IPS.

Otero entiende de lo que habla Cejas. "Es difícil hacerle entender al patrón que son ocho horas de trabajo y que el resto de las horas trabajadas son extras y se paga doble salario, como las de todos los trabajadores", señaló a IPS.

"No todos los patrones parecen tener claro que una empleada doméstica es una trabajadora y no una esclava", añadió con énfasis.

"Y lo que sucede muy habitualmente es que cuando ellas van al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) a efectuar sus reclamos, terminan siendo despedidas", afirmó.

RECONOCIENDO DERECHOS

Aunque aún es poco respetada como señala Otero, la aprobación de la ley impone un cambio cultural además de derechos. Antes era aceptado que las empleadas trabajasen de sol a sol.

Además, ahora pueden ingresar a la seguridad social como cualquier otro trabajador de la economía formal, tienen derecho a indemnización por despido, al seguro de desempleo por al menos seis meses y al seguro por enfermedad.

El mérito mayor es que "formaliza de modo obligatorio el trabajo doméstico, lo regula en cada una de las modalidades y da la posibilidad de fijar el sueldo por negociación colectiva", dijo a IPS la senadora Susana Dalmás, parte del equipo redactor de la norma. Los Consejos de Salarios tripartitos (gobierno, patrones y sindicatos) se repusieron en 2005 luego de casi dos décadas de no cumplirse con la ley que los creó.

También asegura que las empleadas sin retiro tengan derecho a recibir una alimentación adecuada y vivienda higiénica y privada, entre otras cosas, detalló Dalmás, del izquierdista Frente Amplio, la coalición encabezada por el presidente Tabaré Vázquez que impulsó a partir de su llegada al gobierno en 2005 esta herramienta promulgada a comienzos de 2006.

La ley número 18.065, de Trabajo Doméstico, cuida que las empleadas no sean despedidas si quedan embarazadas y establece para esos casos el derecho a una indemnización especial de seis mensualidades más la común.

Pero, hecha la ley, hecha la trampa: "Hemos detectado que muchas veces los patrones aportan (a la seguridad social) por lo mínimo y no por el sueldo real que ganan", con lo cual serán perjudicadas en su futura jubilación, advierte Otero.

Cerca de 90.000 personas declararon trabajar en el servicio doméstico, que equivalen a 6,5 por ciento de la población ocupada del país, según la Encuesta Nacional de Hogares Ampliada de 2006 del Instituto Nacional de Estadística (INE). Pero cifras más recientes proporcionadas por Otero indican que ya son 110.000 y sólo 1.000 se han afiliado al sindicato.

De este total, 99,9 por ciento son mujeres, una de cada tres de ellas es jefa de hogar, dos de cada tres no están inscriptas como trabajadoras formales y, por tal, pierden los derechos laborales y a la seguridad social.

Es una ocupación estrictamente femenina y, junto con el sector de la construcción, es la que presenta mayor precariedad en cuanto a protección social, estabilidad en el empleo y en la cantidad de horas diarias de trabajo, explicó a IPS la economista Alma Espino, investigadora de la estatal Universidad de la República (Udelar).

"El valor hora de la remuneración de la empleada doméstica no es muy bajo en comparación con el de otras ocupaciones, pero son bajos los ingresos mensuales", por que casi nunca llegan a completar el tiempo normal de trabajo, añadió Espino, autora junto a Verónica Amarante del estudio titulado "Situación del servicio doméstico en Uruguay" (2008).

Aunque se estima que la cantidad de trabajadoras domésticas se ha mantenido estable en las últimas décadas, la tasa de actividad de las mujeres de menos recursos creció desde fines de los años 90, cuando el país entró en recesión y la pobreza pasó de afectar a 15 por ciento a 34 por ciento de los 3,3 millones de uruguayos en 2003, en que comienza lentamente la recuperación.

"Es difícil tener los números absolutos, pero hay dos factores que dinamizan el empleo doméstico: la necesidad que las mujeres tienen de salir a trabajar y la cantidad de hogares en donde, como ella no está, otro familiar tiene que ocuparse de los cuidados de la casa", dice Espino.

Según la experta, una alta proporción de las empleadas domésticas no había tenido trabajado remunerado con anterioridad, sino que son trabajadoras de su casa que cuando ingresan al mercado laboral hacen uso de las habilidades adquiridas a través de la socialización de género en instancias formales e informales.

CADA COSA EN SU LUGAR

La ley que fue acordada en forma tripartita representa un avance sustancial no sólo en el país sino en la región, sostuvo ante IPS Alma Fernández, responsable del departamento de Género y Equidad del Plenario Intersindical de Trabajadores-Central Nacional de Trabajadores, que reúne a todos los empleados sindicalizados de Uruguay.

"Las trabajadoras domésticas han sido las más postergadas del país", precisa Fernández, sin desconocer que "la ley por sí sola no se cumple, y para eso está el SUTD".

Fernández recalcó la importancia de haber logrado una negociación colectiva en pleno siglo XXI. "Ya no son trabajadoras clase B sino que tienen los mismos derechos que cualquier trabajador", apuntó.

En la misma cuerda, Espino considera que "la ley es absolutamente innovadora. Mejora notablemente las condiciones para que las mujeres tengan protección social y salgan de una situación de discriminación".

Ayudó a blanquear la situación de miles de "empleadas", que lograron hacer valer sus derechos y dejaron de trabajar "en negro".

Para tener una idea de la evolución del ingreso del sector a la seguridad social cabe mencionar que en marzo de 2005 había 39.806 trabajadoras domésticas afiliadas al Banco de Previsión Social (BPS). En 2007, luego de promulgada la ley, se llegó a 46.982, en 2008 a 50.444 y en marzo pasado a 55.078.

Teniendo en cuenta que el universo de las trabajadoras domésticas es de unas 100.000, se pasó en tres años de tener un tercio a poco más de la mitad de las empleadas afiliadas, según información oficial de la Asesoría Económica y Actuarial del BPS.

No menos destacable entre los logros históricos del SUTD fue la instalación de los Consejos de Salarios. En la mesa de negociaciones la Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios del Uruguay (Laccuu) fue, a pedido del Ministerio, la encargada de representar a los patrones, que nunca antes habían querido presentarse a una instancia de esta naturaleza.

"El Grupo 21 (así se denominó) se reunió por primera vez en 2008, antes no podía funcionar porque no había nadie que diera con el perfil requerido para representar a los empleadores", explicó a IPS la presidenta de la Laccuu, Mabel Lorenzo de Mattos.

Para la Liga eso representó todo un desafío ya que no existe una cámara de empleadores, como existe una de Comercio o de Industria, que congregue a la parte patronal. Su representatividad abrió el camino a una serie de negociaciones que se habían frustrado por no tener contraparte.

"No es que defendamos la posición de los empleadores del servicio doméstico, estamos representándolos frente a los planteamientos del SUTD para lograr que se pongan las cosas en el lugar adecuado", dice Lorenzo de Mattos.

A Otero le consta que los patrones no siempre respetan el laudo fijado por los Consejos de un salario mínimo de 4.562 pesos mensuales (menos de 200 dólares). Pero al menos los aumentos llegan por decreto del gobierno.

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