La propuesta de establecer en Brasil una Comisión de la Verdad para «investigar» los delitos de la dictadura militar, puso de nuevo al presidente Luiz Inácio Lula da Silva ante un desafío que le dio fama cuando era líder sindical: conciliar intereses enfrentados, incluso dentro de su gobierno.
El Programa Nacional de Derechos Humanos, presentado el 21 de diciembre, incluyó la comisión entre sus propuestas y fue el resultado de una amplia serie de debates y conferencias en todo el país, a través de los cuales la Secretaria Nacional de Derechos Humanos buscó trazar en forma consensuada el camino de Brasil en esta materia.
Palabras más, palabras menos, el programa contiene las mismas líneas generales de un proyecto que surgió durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), según el dirigente de una de las organizaciones que participaron en el debate, Joao Pedro Stedile, del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST).
"Aunque ahora, se avanzó en diversos temas, sobre todo en la necesidad de que se constituya una Comisión de la Verdad para abrir todos los archivos en las fuerzas represivas e intentar identificar y castigar a los que practicaron torturas, durante el régimen militar", dijo a IPS.
Un avance que 25 años después del fin de la dictadura (1964-1985) y tras varios gobernantes elegidos democráticamente, Cardoso y Lula por dos periodos cuatrienales, continúa siendo un tabú en esta potencia latinoamericana.
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El último dictador brasileño, el general Joao Figueiredo (1979-1985) estableció en su primer año en el poder una amnistía para los participantes en la represión desatada tras el derrocamiento del gobierno democrático de Joao Goulart (1961-1964).
Desde la instauración democrática, cada intento de cuestionar esa ley ha desatado de inmediato una reacción contundente de los mandos militares, que hasta ahora neutralizaron cualquier iniciativa al respecto.
Esta vez no fue una excepción. Los comandantes general Enzo Martins Peri, del ejército, y brigadier Juniti Saito, de Aeronáutica, amenazaron de inmediato con renunciar si Lula no eliminaba la parte del programa que proponía crear la Comisión de la Verdad.
Pero si Lula daba marcha atrás en este punto, era su ministro de la Secretaria Nacional de Derechos Humanos, Paulo Vannuchi, quien anticipó que presentaría su renuncia al presidente.
En medio del cruce de amenazas, Lula encontró una salida salomónica para contentar a todos.
Un nuevo decreto, que modifica el del anterior programa, mantiene la propuesta de crear una Comisión de la Verdad. Pero cambia el texto de su mandato, que inicialmente era promover "la investigación y aclaración pública de las violaciones cometidas durante la represión militar".
Ahora la comisión ya no investiga sino que "examina" y ese examen será ahora sobre "las "violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar".
Una diferencia de pocas palabras pero muy relevantes para las Fuerzas Armadas. A sus jefes les molestaba la expresión "represión militar", porque a su juicio suponía una culpabilidad implícita a la institución. La nueva opción pone además en el mismo barco su responsabilidad por las violaciones humanitarias y la de los movimientos guerrilleros contra la dictadura.
Stedile se preguntó el porqué de la desproporcionada reacción castrense, si "probablemente" la mayoría de lo responsables por las torturas y crímenes militares ya no están activos y los miembros actuales de las Fuerzas Armadas no están involucrados directamente en aquellos episodios.
"Primero porque siendo un gobierno de composición con la derecha, cada vez que toma medidas progresistas como esta, sus propios ministros de derecha reaccionan", se respondió el líder campesino.
En esa línea interpreta la reacción contra el primer programa de los ministros Nelson Jobim, de Defensa, y Reinhold Stephanes, de Agricultura. Este último rechazó la propuesta de someter a previas audiencias públicas ante un juez el desalojo de invasores de tierras, bajo el argumento de que ello crearía inseguridad jurídica y beneficiaría a grupos como el MST.
"Reaccionan, presionados por las fuerzas políticas de derecha que ellos representan en el gobierno. En el caso del ministro Stephanes, representa a los hacendados modernos y a los latifundistas", agregó Stedile.
El dirigente del MST no deja de atribuir también lo que califica como "una gritería ideológica" a la proximidad de las elecciones presidenciales, que tendrán lugar en octubre.
"La derecha reacciona para marcar posición e intentar obtener alguna repercusión en la prensa, que es controlada por ella hegemónicamente", afirmó.
El analista político Clovis Brigagao tiene una interpretación opuesta. A su juicio, el programa de derechos humanos "esta teñido de ideología" para satisfacer, precisamente por ser año electoral, a los sectores más a la izquierda del electorado y del propio Partido de los Trabajadores (PT) de Lula.
Brigagao, que padeció el exilio durante la dictadura, se manifestó en cambio a favor de la creación de una comisión de la verdad y con "consecuencias jurídicas" para los violadores.
"Tenemos más de 400 desaparecidos. Los familiares tienen que saber donde están sus cuerpos. Eso es un derecho inalienable", dijo a IPS Brigagao, director del Centro de Estudios de las Américas de la Universidad Cándido Mendes.
Para el analista, Lula tuvo que retroceder porque pese a su popularidad y a su imagen positiva en el exterior, al igual que otros presidentes civiles brasileños "sufre una especie de miedo subjetivo cultural a los militares". "Cuando los militares hablan en voz alta, en vez de comandar las Fuerzas Armadas y golpear la mesa, retroceden", afirmó.
A María Celina d Araujo, profesora de sociología política de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, lo que le preocupa no es la reacción de los altos mandos militares, fruto de su "espíritu corporativo", sino que los "presidentes brasileños civiles sean tan cobardes que si un militar reclama van a pedir disculpas".
Sin embargo, no considera que la polémica alcance niveles de una crisis institucional. "Es simple falta de posicionamiento político", dijo a IPS.
"Lula retrocede en nombre de lo que el llama gobernabilidad. Hizo alianzas con todas las fuerzas para tener la popularidad que tiene", analizó Victoria Grabois, del Grupo Tortura Nunca Más, que perdió a su esposo, padre y hermano a comienzos de los 70 cuando eran guerrilleros.
Grabois, quien también fue detenida y torturada en cuarteles del ejército, rechazó el argumento militar de que si son juzgados los represores deben serlo en la misma medida los guerrilleros.
En la misma línea defendida por el secretario de Derechos Humanos, la antigua guerrillera considera que mientras unos, los torturados, ya fueron juzgados, presos, desaparecidos o asesinados, los torturadores que actuaron ilegalmente con respaldo del Estado siguen impunes.
"Éramos opositores a un régimen militar", mientras "ellos eran agentes del Estado que con dinero del pueblo eran pagos para proteger la población", planteó la activista para quien la comisión debe ser de verdad y "justicia" y no de verdad y "reconciliación", como plantea el nuevo programa, porque "eso suena a perdón".
Una pregunta frecuente en este país de 190 millones de habitantes es porque la sociedad brasileña no se moviliza de la misma manera en torno al rescate de su memoria histórica, como sus vecinos de Argentina y Uruguay, donde inclusive se abrieron archivos de la dictadura.
"Argentina, Chile y Uruguay tienen una sociedad más politizada que la brasileña y consigue un mayor nivel de movilización. La demanda por la verdad en Brasil es apenas de un pequeño grupo" respondió Grabois.
La activista también lo atribuye al tamaño continental de Brasil que "dificulta las cosas" y a que la dictadura en este país fue "más ingeniosa". Por ello, fue "menos sanguinaria y más selectiva" y no hubo una represión masiva, sino la aniquilación de los formadores de opinión.
Durante la represión militar, hubo oficialmente 475 desaparecidos, 50.000 presos, incluido Lula, y más de 20.000 torturados, entre ellos la ministra de la Casa Civil y candidata por el PT a la presidencia de Brasil, Dilma Rousseff. También debieron exiliarse decenas de miles de opositores.
"La sociedad brasileña tiene que saber que pasó. Las nuevas generaciones ni saben que hubo dictadura militar en Brasil. Es necesario conocer la verdad porque entre otras causas, la violencia policial actual de Brasil se debe a la impunidad. Los militares nunca fueron castigados. Sólo los pobres", sintetizó Grabois.
El Programa incluye otros puntos polémicos que, en cambio, no fueron modificados por el presidente. Entre otros, el que defendía un proyecto de ley para despenalizar el aborto, el que aborda la unión civil entre personas del mismo sexo, y el que impide la "ostentación" de símbolos religiosos, como las cruces cristianas, en instalaciones públicas.
Son puntos en los que Lula también habría encontrado otra solución salomónica para no irritar a la Iglesia Católica, que criticó de inmediato estos planes, según informaciones extraoficiales del diario O Globo. Como se trata de iniciativas de proyecto de ley, la estrategia sería no apoyarlas en su paso por el Congreso, lo que las haría inviables.
El hecho de tener opinión formada no significa que pueda prohibir que la sociedad se manifiesta de forma contraria. Son las posiciones antagónicas que permiten construir el camino del medio", resumió Lula.
