Emma Villanueva acudió este jueves al Registro Civil para presentar una solicitud de matrimonio junto a su pareja, otra mujer, al entrar en vigor las reformas que permiten las bodas entre personas del mismo sexo en la capital mexicana.
"Se ha trabajado por la igualdad, para que nuestras familias tengan los mismos derechos que otras. Es un acto de justicia", dijo a IPS Villanueva, una maestra y traductora de inglés que mantiene una relación lésbica hace seis años. Con su pareja han criado a su hija de cinco años.
Al igual que ellas, más de una docena de parejas se presentaron ante el Registro Civil, ubicado en el centro de esta urbe, para iniciar el proceso de legalización de sus compromisos, con la férrea oposición de la Iglesia Católica y en vísperas de la celebración, el domingo, del Día de la Familia Mexicana.
En diciembre, la Asamblea Legislativa de la capital aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo, reformando los códigos Civil y de Procedimientos Civiles de la metrópoli, cambios que también permiten la adopción.
"La defensa del Estado laico es central y estratégica, para que la pluralidad de formas y arreglos familiares, la identidad de género y la diversidad sexual sean respetados dentro de los derechos", declaró a IPS la investigadora de la no gubernamental Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide Social), Lilia Monroy.
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Aproximadamente 20 por ciento de la población mexicana, estimada en unos 107 millones de personas, tiene o ha tenido parejas del mismo sexo, según datos de la Sociedad Mexicana de Sexología Humanista Integral, un ente autónomo dedicado a la difusión de temas relativos a la sexualidad.
En México hay cerca de un millón de familias encabezadas por un hombre o una mujer y, además, existen 10 tipos de familia, según el estatal Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
La reforma garantiza que las parejas accedan a los servicios de la seguridad social, a la contratación de créditos y a la posibilidad de heredar bienes, entre otros aspectos.
"Ha sido un logro conjunto de las organizaciones, las personas y el mismo gobierno capitalino, que refleja cómo la política pública no se puede imponer, sino que debe incluir adecuadamente a la diversidad y la pluralidad de la sociedad", señaló a IPS José Sánchez, de la asociación Católicas por el Derecho a Decidir (CDD).
Las ceremonias podrán realizarse a partir del 12 de este mes. Más de 30 parejas preparan una boda colectiva para el 21 en el centro de la capital.
No obstante, las reformas están a estudio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el máximo tribunal del país, luego de que la Procuraduría (fiscalía) General de la República presentó en enero un recurso de inconstitucionalidad contra ellas.
La Suprema Corte ya rechazó acciones similares de cinco estados gobernados por el conservador Partido Acción Nacional, que argüían que los cambios legales obligarían a otros estados y municipios mexicanos a aceptar estos matrimonios.
El Observatorio de Familias y Políticas Públicas, al cual pertenecen Incide Social, CDD y otras 11 organizaciones, rechazó este jueves los argumentos de esos recursos.
"Las reformas no vienen a crear una realidad sino a reconocerla, las parejas del mismo sexo existen y han existido siempre en nuestro país y en éstas, o con personas homosexuales solteras o separadas, ya conviven niños, adolescentes y jóvenes a su cargo y protección", sostuvo Monroy.
Con independencia de su estado civil y su orientación sexual, los ciudadanos pueden adoptar hijos, según el marco legal vigente en este país norteamericano.
"Hasta ahora, no habíamos tenido un mecanismo para que nuestras familias tuvieran un reconocimiento legal", destacó Villanueva, coordinadora del no gubernamental Círculo de Familias Diversas.
"La enorme mayoría de las parejas del mismo sexo que contraerán matrimonio llevan ya mucho tiempo viviendo juntas. La única diferencia será que tendrán un documento que les dé mayor estabilidad en sus uniones", escribió este jueves Sergio Sarmiento, columnista del diario capitalino Reforma.
Otra sombra que amenaza a la nueva legislación es la posibilidad de que los congresos legislativos de los restantes distritos mexicanos la bloqueen, como ocurrió en julio cuando los diputados del estado de Yucatán, al sureste de la capital mexicana, prohibieron esas uniones.
En los últimos años, la Asamblea Legislativa de la capital mexicana ha reglamentado el ejercicio de varios derechos.
A finales de 2006 entró en vigor la Ley de Sociedades en Convivencia, que dio valor jurídico a las uniones de hecho de parejas heterosexuales y homosexuales.
Desde abril de 2007 rige la ley que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo antes de las 12 semanas de gestación.
"Los retos tienen que ver con la aplicación de esas leyes, para que puedan ser efectivas y que vayan eliminando la intolerancia y la discriminación social", apuntó Sánchez, de Católicas por el Derecho a Decidir.
"El reconocimiento de derechos es un tema pendiente en las uniones de hecho, para que se tengan los mismos que en el matrimonio. No hay todavía una equiparación", planteó por su parte Monroy, de Incide Social.
La entrada en vigor de las reformas en la capital mexicana se registró un día después de que se concedieran las primeras licencias de matrimonio homosexual en el distrito de Washington, la capital de Estados Unidos.
La primera boda gay en América Latina se realizó en diciembre en Argentina, amparándose en que la discriminación del matrimonio para las parejas del mismo sexo es inconstitucional.
La ciudad de Buenos Aires fue, en 2003, pionera en América Latina de una norma que autoriza la unión civil de dos personas del mismo sexo. No obstante, esa institución legal no regula el derecho de herencia, ni la adopción o la pensión por viudez en caso de muerte de uno de los cónyuges.
En 2007, Uruguay amparó a las parejas con una convivencia continuada de al menos cinco años que, formalizando su unión en el Registro Civil, acceden a los derechos y deberes del matrimonio.
En 2009, Colombia concedió a los miembros de parejas homosexuales los mismos derechos y obligaciones de los cónyuges, con excepción del matrimonio formal y la adopción.
