Las autoridades de Hamás (acrónimo árabe de Movimiento de Resistencia Islámica) en Gaza anunciaron que continuarían con las ejecuciones a pesar de las intensas críticas internacionales y en especial de organizaciones defensoras de los derechos humanos palestinas e israelíes.
Muhammad As Sebea, de 36 años, de la localidad de Rafah, y Nasser Abu Frej, de 34, habían sido acusados ante las cortes militares de Gaza de haber provisto a Israel de información de seguridad clave durante la guerra en ese territorio costero palestino entre diciembre de 2008 y enero de 2009.
Estos dos hombres habían también sido responsabilizados de la muerte de varios combatientes palestinos, asesinados a manos de israelíes gracias a esa información filtrada.
A pesar de la intensa presión, el ministro del Interior de Gaza, Fathi Hammad, dijo el lunes que su gobierno "no dudaría" en aplicar la pena de muerte contra otros colaboradores del Estado judío.
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"El gobierno de Hamás continuará aplicando la pena capital en el enclave costero contra aquellos que hayan causado daño a los intereses nacionales y provocado la muerte de muchos palestinos", añadió.
Actualmente, 16 hombres se encuentran en el pabellón de la muerte en Gaza, sentenciados en 2009 y a principios de este año. Ocho de ellos fueron acusados de traición.
Los tribunales en Gaza aplican el máximo castigo bajo la Ley Penal número 74, de 1936, heredada de la administración británica. En Cisjordania, los tribunales civiles de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) lo imponen de acuerdo con la Ley Penal número 16, de 1960, que data de la ocupación jordana de ese territorio.
Las sentencias a muerte en los tribunales militares se aplican siguiendo el Código Penal Revolucionario de la Organización para la Liberación de Palestina, de 1979.
Sin embargo, el Código sigue siendo vago en cuanto a algunas de las situaciones en las que puede ser aplicado. El artículo 165 establece el castigo máximo contra cualquier crimen que "incite al pueblo" y "dañe la reputación o el prestigio de la revolución palestina".
Por otra parte, el Consejo Legislativo Palestino no ha ratificado aún el Código, y por tanto es inconstitucional.
El Consejo permanece inactivo y políticamente dividido desde la guerra entre las dos principales fuerzas palestinas en Gaza en junio de 2007, cuando Hamás desalojó a Fatah de ese territorio costero.
Grupos defensores de los derechos humanos respondieron a las declaraciones de Hammad. "Además de que por principio estamos en contra de la pena de muerte, las ejecuciones del jueves se basaron en juicios que no cumplieron con los estándares mínimos del debido proceso", señaló el grupo israelí Btselem.
Con esta organización coincidió Bill van Esveld, de Human Rights Watch, quien ha seguido de cerca las ejecuciones en Cisjordania y Gaza.
"Estamos preocupados por la falta de transparencia, de debido proceso y de imparcialidad. Vemos a miembros de Fatah (partido secular que gobierna la ANP) sentenciados a muerte en cortes de Hamás", dijo a IPS.
"Sin embargo, no hemos visto a miembros de Hamás, de los que hemos documentado su participación en similares crímenes, ser sentenciados a muerte en Gaza", agregó.
"Lo que también es problemático es el número de civiles condenados, que en primer lugar no deberían ser juzgados en tribunales militares", sostuvo Van Esveld.
Por su parte, Shawan Jabarin, de la organización defensora de los derechos humanos palestina Al Haq, subrayó que "cualquier sentencia a muerte debe ser ratificada por el presidente palestino Mahmoud Abbas".
"Por tanto, todas esas sentencias en Gaza fueron llevadas a cabo ilegalmente", dijo a IPS.
Sin embargo, en entrevista con IPS en su oficina de Gaza, el vicecanciller de Hamás, Ahmed Yousef, respondió que el periodo de Abbas terminó oficialmente en enero de 2009, cuando se debían realizar nuevos comicios presidenciales y legislativos.
"Además, el actual gobierno de la ANP fue instalado en 2007 como una administración de emergencia, bajo la cual la ley palestina fue aplicable sólo por un mes", sostuvo. También rechazó acusaciones de que los condenados habían confesado bajo coacción.
"Rechazo por completo esas acusaciones. Si hubo algún abuso perpetrado contra los acusados, no estoy al tanto", dijo. "Están haciendo esas acusaciones por intereses políticos. A esos hombres se les dio un juicio justo".
