PERIODISMO-ECUADOR: Se profundiza crisis de diario estatal

Las dudas sobre el proyecto de crear medios de comunicación públicos de calidad en Ecuador se profundizaron con la decisión de 24 articulistas del diario estatal El Telégrafo de abandonar sus columnas de opinión.

En un comunicado publicado el martes, 21 de esos columnistas rechazaron lo que llamaron "actos de censura y de violación de los derechos a la libertad de expresión y de prensa" en el rotativo.

A esa posición se sumaron el miércoles otros tres articulistas, que expresaron su rechazo al despido del director del medio estatal, Rubén Montoya, y de dos editores, que a su vez había provocado la renuncia la semana pasada de la subdirectora, Carol Murillo.

En enero habían sido despedidos unos 35 periodistas para recortar la plantilla.

La crisis de El Telégrafo, que circula gratuitamente, se agudizó en las últimas semanas cuando el gobierno puso en marcha su plan para convertirlo en un medio más popular y reducir sus malos resultados económicos.
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El proyecto de un diario popular, que posiblemente preste atención al deporte y a las noticias de impacto, ya había sido criticado en enero por 34 editores y editorialistas de El Telégrafo y provocó controversias en las propias páginas del matutino, que fueron cortadas por una orden superior.

Los articulistas denunciaron "atropellos" y censura de columnas en las últimas semanas.

El diario es decano de la prensa ecuatoriana pues se publica sin interrupciones desde 1884.

En manos del empresario Fernando Aspiazu en los años 90, se convirtió en defensor de los múltiples intereses que éste tenía en la banca, en la Empresa Eléctrica del Ecuador y en el comercio y la industria.

Como consecuencia de la quiebra del Banco del Progreso, de Aspiazu, en 1999 pasó a manos de una agencia gubernamental bancaria.

El actual gobierno de Rafael Correa lo puso en la órbita del Ministerio de Comunicaciones, invirtió en nuevos equipos y creó un directorio con académicos, intelectuales y algunos medianos empresarios a los que dio la tarea de hacer un diario público.

El sábado, en su mensaje semanal que se transmite en cadena, Correa dijo que el diario "pierde seis millones de dólares anuales para que un grupo de importantes intelectuales ecuatorianos escriban para ellos mismos".

Ésa fue la gota que derramó el vaso y provocó que el lunes los columnistas renunciaran a sus espacios semanales en el periódico.

Según el presidente, el alcance de El Telégrafo "es el uno por ciento del público total. Tenemos que tener criterios empresariales, de rentabilidad". Se imprimirían entonces entre 3.000 y 4.000 ejemplares que se obsequian en centros de estudio, plazas públicas, transporte colectivo y a los automovilistas.

Para los renunciantes "es un retroceso del proyecto de construcción de medios públicos en el Ecuador y un precedente nefasto para una discusión amplia y democrática de la ley de comunicación", un proyecto que debate hace meses la Asamblea Nacional legislativa.

La ex subdirectora Murillo reconoció los problemas de distribución y circulación del diario, pero dijo que no estaba en sus manos, ni en las del ex director Montoya, solucionarlos.

"Se está mezclando una filosofía neoliberal sobre un medio público. El diario público no es un negocio, no debe serlo", afirmó.

Los columnistas renunciantes dijeron en su manifiesto que se requiere la inclusión en la ley de comunicación de un capítulo relativo a los medios públicos que posibilite la independencia editorial y la autonomía administrativa y financiera.

Pero en el proyecto de ley, que ha generado fricciones dentro del bloque de la gobernante Alianza País, no hay siquiera menciones a los medios de comunicación estatales.

Xavier Lasso, uno de los columnistas renunciantes, criticó, en un artículo distribuido por correo electrónico, que los medios privados vengan "ahora a rasgarse las vestiduras a propósito de lo que nos pasa en El Telégrafo", cuando, él mismo fue censurado y despedido de la revista Vistazo y el diario El Comercio.

Habrá espacios donde debatir la "profunda diferencia" que tienen con la actual conducción de El Telégrafo, pero que no serán los medios privados, a los que acusó de inquisidores, "los que señalarán el camino que debe seguir esta disputa", dijo.

Sólo la Radio Nacional, fundada en los años 1960, pertenecía al Estado ecuatoriano hasta hace pocos años. Hoy existen además tres canales de televisión de alcance nacional: Gama TV y TC Televisión, que pasaron a manos estatales como bienes de bancos intervenidos, y Ecuador TV, creado por el actual gobierno.

Además de la edición impresa y de Internet de El Telégrafo, el gobierno tiene otro diario, El Ciudadano, que se imprime en papel couché y también es obsequiado, una agencia de noticias, Andes, y utiliza al menos dos veces por semana enlaces obligatorios de radios y de televisión.

Gonzalo Ruiz, subdirector adjunto del diario El Comercio, dijo que el gobierno ha caído en una tendencia a acaparar la información. "El constante ataque a los medios privados, calificándolos de prensa corrupta, es parte de esa tendencia", dijo Ruiz.

En el ámbito privado, los dos diarios principales son El Universo, con mayor influencia en la Costa, El Comercio, leído sobre todo en la Sierra, y una decena más, varios de ellos amarillistas.

El grupo Edimprés publica los periódicos Hoy y El Popular y, en alianza con capitales chilenos, los diarios Metrohoy y Metroquil, que se reparten gratuitamente en sistemas de transporte ciudadanos.

El Comercio posee un sistema nacional de radios, Ecuadoradio, así como otros medios impresos tienen radioemisoras locales.

Hay tres cadenas privadas de televisión de alcance nacional: Ecuavisa, Teleamazonas y RTS, las dos primeras de capitalistas ecuatorianos y la última del magnate mexicano Ángel González, dueño de unas 20 televisoras en América Latina.

"La construcción de medios públicos es una oportunidad perdida, pues habrían servido para complementar visiones en una democracia plural y abierta", dijo Miguel Ribadeneira, director de Radio Quito.

Por su parte, Lasso insistió en la necesidad de "una bien elaborada ley de comunicación" tanto "por lo que pasa, y puede pasar, con los medios públicos" como "por lo que se empeñan en velar los medios privados".

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