MÉXICO: Justicia visibiliza criminalización de la protesta social
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MÉXICO: Justicia visibiliza criminalización de la protesta social

MÉXICO, 1 jul 2010 (IPS) - La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México puede contrarrestar la estrategia de criminalización de la protesta social atribuida al gobierno del conservador Felipe Calderón, según expertos en derechos humanos.

"La Suprema Corte puede ser un contrapeso al (Poder) Ejecutivo y a las autoridades que aplican una política de frenar y perseguir las protestas", dijo a IPS el consultor en temas de derechos humanos Fabián Sánchez.

Cinco magistrados de la SCJN, el más alto tribunal mexicano, resolvieron el miércoles, en una decisión inapelable, la anulación de las condenas de 12 presos sentenciados en primera instancia a penas de hasta 112 años de prisión y ordenaron su libertad inmediata.

El grupo fue procesado bajo los cargos de retención indebida de funcionarios públicos y ataques a las vías de transporte, entre otros, por los incidentes ocurridos en 2006 en el poblado de San Salvador Atenco, al oriente de la capital mexicana.

En respuesta a la solicitud de los presos de un amparo definitivo, los magistrados decidieron su excarcelación arguyendo el uso de la criminalización para violar derechos de las comunidades, como el de la libertad de expresión.


Los magistrados que votaron a favor de la liberación describieron la causa como "una forma maquilladamente institucional de criminalizar la protesta social como una forma de castigar ser oposición".

El caso ha puesto "en entredicho la forma en que el Estado trata la libertad personal, la integridad y la libertad de asociación y expresión de los líderes sociales", indicaron.

En mayo de 2006, la reubicación de unos vendedores de flores derivó en un enfrentamiento violento entre policías y habitantes de San Salvador Atenco, una localidad habitada por unas 40.000 personas.

La refriega tuvo un saldo de dos muertos, más de 200 detenidos, docenas de heridos y al menos 26 mujeres abusadas sexualmente, según activistas.

En el choque participaron campesinos miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), organización que saltó a la palestra en 2002 cuando detuvo con protestas callejeras un proyecto gubernamental de construcción de un aeropuerto en la zona, y que retuvieron con machetes y palos a varios funcionarios.

En febrero de 2009, una investigación de la SCJN concluyó que los policías actuaron brutalmente contra los manifestantes y que violaron gravemente sus derechos humanos, pero sin responsabilizar a altos funcionarios o cargos policíacos.

Sólo seis de los 2.000 agentes que reprimieron en Atenco fueron encausados por abuso de autoridad y "actos libidinosos", sin que ninguno de ellos haya pisado un centro de detención.

Entre los 12 beneficiarios de la decisión judicial están Ignacio del Valle, sentenciado a 112 años de prisión, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, dirigentes del FPDT. América del Valle, hija del primero, ya solicitó asilo político en Venezuela, luego de vivir cuatro años en la clandestinidad.

Nueve personas salieron de prisión la misma noche del miércoles, mientras que del Valle, Álvarez y Galindo están en vías de ser liberados de la cárcel de máxima seguridad del Altiplano, a unos 100 kilómetros al occidente de la capital mexicana.

"El caso ha trascendido por el mensaje que está detrás, al visibilizar la criminalización de la protesta social", señaló a IPS Luis Arriaga, director ejecutivo del no gubernamental Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que ha documentado el fenómeno en varios reportes.

Los magistrados basaron su sentencia en la insuficiencia de evidencias que probaran los delitos, en irregularidades en la construcción de los expedientes y la grave violación a las garantías individuales de los condenados, como el derecho al debido proceso.

Organizaciones sociales y de derechos humanos han denunciado la agudización en la última década de la criminalización de la protesta social por parte de autoridades mexicanas.

A ello se sumaría, desde su perspectiva, los defectos estructurales del sistema judicial mexicano, que exacerbaría la persecución contra dirigentes sociales.

Casos emblemáticos dejarían al desnudo este fenómeno.

Raúl Hernández, miembro de la no gubernamental Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, permanece encarcelado desde 2008 en el sureño estado de Guerrero, acusado por un crimen que no habría cometido, según varias agrupaciones de derechos humanos.

Sus cuatro compañeros sindicados por el asesinato de un hombre en 2002 fueron excarcelados por falta de pruebas. La organización humanitaria Amnistía Internacional adoptó a Hernández en 2009 como preso de conciencia.

En septiembre, la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial abandonó la prisión luego de más de tres años de reclusión, condenada por el supuesto secuestro de agentes policíacos en un proceso legal que habría estado invadido por irregularidades.

En abril, la SCJN decretó la liberación de Teresa González y Alberta Alcántara, procesadas junto a Jacinta Francisco por el mismo delito.

"Todo esto tiene que ver con las fallas estructurales del debido proceso, uno de los graves problemas de la justicia en el país", dictaminó Sánchez.

"La resolución es una llamada de atención al Estado, pues evidencia la falta de canales de diálogo para la expresión de la protesta social. Los conflictos sociales son llevados al ámbito de la justicia", planteó Arriaga, cuya organización ha apoyado la excarcelación de los 12 atequenses.

Pobladores de esa comunidad y activistas de derechos humanos marcharon el martes por el centro de la capital mexicana por la liberación de los 12.

A raíz del encarcelamiento de este grupo surgió la campaña internacional "Libertad y justicia para Atenco", que aglutinó a 250 actores, escritores, músicos, religiosos y pintores, así como a más de 200 académicos y 650 organizaciones de 28 países.

En febrero, 11 premios Nobel de la Paz dirigieron una carta al presidente de México, el conservador Felipe Calderón, demandando la libertad de los 12 presos, pero no recibieron respuesta.

Entre los firmantes figuraban la indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, galardonada en 1992, el argentino Adolfo Pérez Esquivel, en 1980, el arzobispo sudafricano Desmond Tutu, en 1984, y la canadiense Jody Williams, distinguida en 1997, quien permaneció en México esta semana en apoyo a los ahora liberados.

 

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