Activistas por los derechos humanos de India esperan que un caso de desacato ante la Suprema Corte sirva para impulsar la campaña por una mayor responsabilidad del sistema judicial, cuya integridad ha sido seriamente cuestionada en los últimos años.
"Es importante que el sistema judicial haga todo lo posible para ganar y retener la confianza de las personas, que lo ven como su primer recurso y última esperanza en todas las dificultades que afrontan", dijo a IPS la directora de la Iniciativa por los Derechos Humanos en la Commonwealth, Maja Daruwala.
En el centro de la polémica se encuentra el abogado y coordinador de la Campaña por la Responsabilidad del Sistema Judicial y por Reforma Judicial, Prashant Bhushan, acusado de desacato por haber afirmado que gran parte de los pasados jefes de justicia eran corruptos o de integridad dudosa.
"En mi opinión, de los últimos 16 o 17 jefes de justicia, la mitad eran corruptos. No puedo probar esto, aunque tenemos evidencia contra (los ex jefes) Punchhi, Anand, y Sabharwal sobre la cual preparamos su impugnación", dijo Bhushan a la revista Tehelka.
Cuando se le notificó que se le había iniciado un proceso por desacato, Bhushan presentó una declaración jurada ratificando que, en su opinión, "al menos desde 1991, ha habido una considerable corrupción en las altas esferas judiciales, y la principal razón de esto ha sido la falta de creíbles mecanismos para garantizar la responsabilidad".
Bhushan destacó que él y sus colegas en la campaña demandaron la creación de una Comisión Nacional Judicial para designar en forma transparente a los jueces e investigar toda denuncia contra ellos.
El caso es seguido muy de cerca por activistas preocupados por el deterioro de la justicia india.
"Todo el proceso de nombramientos en el sistema judicial debe ser revisado, así como la forma en que se supervisa a los magistrados de más bajo nivel, ya que representan la primera puerta para la gente común", dijo Daruwala a IPS.
Añadió que, aunque es importante para el Poder Judicial mantener su independencia del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, no puede considerarse libre de responsabilidad.
En una declaración esta semana, el Centro Asiático de Recursos Legales, organización regional independiente, señaló que, en los últimos 15 años, el sistema judicial de India había sido objeto de grandes polémicas "incluyendo denuncias de corrupción y nepotismo".
"No es coincidencia que algunos de los jueces bajo sospecha hayan sido jefes de justicia. Por el contrario, expone los defectos de las instituciones judiciales, algo en lo que coinciden abogados, un ex ministro de Leyes, experimentados periodistas y muchos ex altos magistrados del país", señaló el Centro.
La organización calificó de "desafortunado" el proceso de desacato contra Bhushan por haber intentado "traer la largamente esperada transparencia y responsabilidad al sistema judicial, particularmente en las altas esferas".
El caso de desacato se produjo en el marco de denuncias de corrupción contra K.G. Balakrishnan, jefe de justicia hasta mayo, cuando se convirtió en presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
La administración de Balakrishnan como jefe de justicia fue polémica debido a que se opuso a la revelación obligatoria de los bienes de los magistrados, así como a una iniciativa para someter al Poder Judicial a la Ley de Derecho a la Información.
Aun después de la aprobación de la ley, la Corte Suprema se negó a compartir información con el público sobre los criterios para la designación y transferencia de los jueces.
Mientras, cargos de corrupción fueron presentados contra los jueces Soumitra Sen, de la Suprema Corte de Calcuta, y P.D. Dinakaran, de la Suprema Corte de Karnataka.
Sen, a quien un comité judicial designado por Balakrishnan halló culpable de malversar fondos públicos, afronta un juicio político en el Parlamento.
Además de recurrir a acusaciones de desacato, el sistema judicial se ha protegido de las críticas e investigaciones en su contra mediante varios fallos. En 1992, la Corte Suprema determinó que la policía no podía actuar contra ningún juez en funciones sin el permiso del máximo tribunal.
El Poder Judicial de India puede declarar nula una ley aprobada correctamente por el Parlamento o considerarla inoperante si interpreta que va en conflicto con principios básicos de la Constitución.
