La gran cantidad de trabajadores inmigrantes que quedaron en medio de los conflictos de Bahrein y Libia muestra la necesidad de crear políticas que defiendan sus derechos y no los intereses económicos de los países que exportan o importan mano de obra, reclaman especialistas.
"Lamentablemente, muchos países exportadores de trabajadores no implementaron medidas para proteger de forma adecuada a sus ciudadanos ante cualquier situación como la que ocurre en Libia y Bahrein", dijo a IPS el responsable regional de Coordinación de Investigación para la Acción sobre Sida y Movilidad Asia, Mohammad Harun al Rashid.
"En Barhein había violaciones a los derechos humanos, pero la mayoría de los países exportadores sólo miran las remesas y no las condiciones laborales y de vida de sus ciudadanos", añadió Al Rashid.
Cuando el gobierno bahreiní ordenó reprimir las protestas populares murieron por lo menos ocho inmigrantes y 49 resultaron heridos, la mayoría de los ataques fueron contra la comunidad pakistaní.
Los indios constituyen la mayor comunidad de inmigrantes en Bahrein con 350.000 personas, pero los pakistaníes son mucho más visibles en los enfrentamientos con la policía y suelen estar en la lista de muertos en las manifestaciones, señaló Faraz Sanei, investigadora en este país de la organización Human Rights Watch, con sede en Nueva York.
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Además, varios grupos de oposición que reclaman reformas políticas y sociales sostienen que la llegada de inmigrantes sunitas en los últimos 15 años obedece a un intento del gobierno por cambiar la composición demográfica de Bahrein.
"Antes del comienzo de las protestas, muchos bahreiníes se quejaban de no poder hablar con la policía antidisturbios porque hablaban otro idioma o sabían poco árabe", dijo Sanei a IPS.
La familia gobernante anunció el reclutamiento de pakistaníes para aumentar las fuerzas de seguridad, una medida que puede agravar las tensiones.
"El problema de los inmigrantes no es el mismo que el de los pakistaníes porque hay muchos egipcios, yemeníes, jordanos y sirios en las fuerzas de seguridad e inteligencia y en el ejército que están naturalizados, por lo que técnicamente son ciudadanos bahreiníes", explicó Sanei.
Muchos de los más de 20 millones de inmigrantes en Medio Oriente y África del norte proceden de países pobres cuyos gobernantes no implementaron mecanismos para proteger a sus ciudadanos de abusos, condiciones laborales inhumanas, redes de trata ni para repatriarlos en casos de crisis.
Se desconoce la suerte de casi 400 inmigrantes africanos que escapan de los disturbios en Libia en dos barcos con destino a Italia. Entre tanto, organizaciones humanitarias internacionales se esfuerzan por buscar fondos para ayudar a repatriar a sus países a las personas en dificultades.
Casi 140.000 extranjeros huyeron de Libia por tierra, estimó la Alta Comisión de las Naciones Unidas para los Refugiados. Entre ellos, 69.000 egipcios y 75.000 asiáticos y africanos que escaparon vía Túnez.
Además, 50.000 de ellos, de los cuales 10.000 son egipcios, quedaron varados en Túnez.
La responsabilidad de la evacuación suele corresponder a los empleadores o a los países exportadores de mano de obra, pero en estos casos la comunidad internacional debe actuar y ayudar a sacar a los extranjeros antes de que la situación empeore, señaló Jan de Wilde, coordinador de la Organización Internacional para las Migraciones en Túnez.
"A muchos no les han pagado y tienen muchas dificultades para conseguir alimento y asistencia médica. Además, muchas personas procedentes de África subsahariana son discriminados" por su color de piel, dijo De Wilde a IPS.
"La gente se pone impaciente y se pelean entre sí porque piensan que un grupo recibió más beneficios que otro y se hace muy difícil de manejar. La situación empeorará cuando llegue el verano y las temperaturas que ya superan los 20 grados en el día suban a 50", añadió.
Hay una gran cantidad de inmigrantes, principalmente de Bangladesh, Filipinas, Egipto y África subsahariana, llegados a Libia a mediados de febrero a razón de entre 1.000 y 3.000 al día, indicó De Wilde.
Inmigrantes abandonados por sus empleadores o sus gobiernos no constituyen un fenómeno nuevo en el mundo árabe. Durante la invasión a Iraq, encabezada por Estados Unidos, en 2003, y la guerra estival en Líbano de 2006, miles de inmigrantes tuvieron que arreglárselas solos.
Desde una perspectiva humanitaria, tratados como el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, suscrito en Chicago en 1944, aportan un mecanismo utilizado por foros como la ONU para solicitar vuelos de asistencia para las personas desprotegidas.
Los estados parte están obligados a facilitar la entrada, partida y tránsito en sus territorios de aeronaves involucradas en vuelos humanitarios despachados por organizaciones internacionales reconocidas por la ONU o en nombre de los propios países, además de tomar todas las medidas posibles para garantizar la seguridad de la operación, según la norma 8.8 del Anexo 8 del Convenio de Chicago.
"Lo que tiene que hacer la comunidad internacional es ayudar a la OIM a evacuar a las personas de terceros países en situaciones como esta cuando sus propias naciones no los pueden ayudar", añadió De Wilde.
