Muchos funcionarios estatales en Swazilandia no creen que el acceso a la información sea un derecho público, sino más bien un privilegio que se puede denegar.
Y si es difícil para un ciudadano adulto obtener información de las autoridades, para los niños y niñas es casi imposible.
Nothile Dlamini, de 16 años, vio esto de primera mano cuando participó del proyecto "Derecho a saber, derecho a la enseñanza", que se concentra en la necesidad de los menores de acceder información para educarse.
Como parte del proyecto, Dlamini fue una de las siete personas que procuró información de varias oficinas del gobierno para dar respuestas a inquietudes públicas. La iniciativa fue llevada a cabo por la organización Save the Children en colaboración con el Departamento de Desarrollo Internacional de Gran Bretaña.
"Me di cuenta de que, por alguna razón, (la posibilidad de) obtener información depende mucho de quién eres", dijo Dlamini.
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Señaló que la mayoría de los funcionarios de gobierno, en especial a nivel nacional, ni siquiera estuvieron dispuestos a escucharla porque sólo la veían como una niña que perdía su tiempo. Algunas autoridades no sólo se negaron a atenderla, sino que la trataron con rudeza, al punto de que en algunos casos estuvo a punto de llorar.
El estudio concluyó que solamente 27 por ciento de los funcionarios públicos estaban dispuestos a brindar información.
El asesor legal de Save the Children, Jackson Rodgers, dijo que si bien era difícil para todo ciudadano obtener datos del gobierno, aun más para niños y niñas.
Esto es particularmente relevante en un país donde 26 por ciento de la población en edad reproductiva, entre 15 y 49 años, está infectada con el VIH (virus de inmunodeficiencia humana, causante del sida).
Además, alrededor de 70.000 niños y niñas son huérfanos por culpa de esa enfermedad, y el número de hogares encabezados por menores es alto, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
"El acceso a la información por parte de niños y niñas es particularmente relevante en casos de hogares dirigidos por menores, ya que estos tienen la responsabilidad de tomar decisiones que afectan a sus familias", dijo Rodgers.
Las instituciones en este reino de África austral niegan acceso a información arguyendo que se trata de asuntos de seguridad nacional, temas privados o secretos comerciales, y que se procura preservar la seguridad pública y la integridad y efectividad del gobierno en la toma de decisiones.
Pero Rodgers dijo que obtener información pública era un derecho consagrado en la Sección 14 de la Constitución, bajo la cláusula de libertad de expresión y de asociación, aunque no está claro cómo ésta debe ser garantizado.
Además, el público no cuenta con ningún organismo independiente para exigir que se respete su derecho.
Del estudio participaron un sindicalista, un trabajador de una organización no gubernamental, Dlamini de parte de los estudiantes, un integrante de un comité escolar, una persona con discapacidad, un periodista y un hombre en condición de padre.
Iniciado en septiembre de 2010, el estudio fue llevado a cabo durante cinco meses, y los siete participantes debieron visitar las mismas instalaciones públicas en momentos diferentes, pidiendo información.
El trabajo reveló las diferentes actitudes que muestran los funcionarios ante personas que solicitan datos.
Según el encargado de supervisión y evaluación de Save the Children, Nomfundo Dlamini, el sindicalista, el activista y el periodista recibieron mejor atención que los demás participantes.
"Las instituciones públicas afirman que dan información a personas que pueden rastrear, y es por eso que prefieren tratar con organizaciones, no con individuos", explicó Nomfundo Dlamini.
Mientras, es más accesible la información en pequeñas instituciones como escuelas, en comparación con organizaciones públicas nacionales como la Oficina Regional de Educación. Algunas instituciones nacionales y regionales directamente rechazaron las solicitudes de información.
Swazilandia es uno de los seis países africanos que realizan el estudio. Los otros son Ghana, Malawi, Kenia, Uganda y Zambia.
Según el director de la oficina local de Save the Children, Dumisani Mnisi, el proyecto tiene la misión de promover la participación de personas comunes y corrientes, en especial mujeres, niños y niñas, en el sector educativo.
La información, señaló, es una de las herramientas más importantes de los ciudadanos para tomar decisiones, en especial las que afectan al sistema educativo.
Y el acceso a la información también es una útil herramienta contra la corrupción, destacó.
Swazilandia tuvo una muy mala ubicación en el Índice de Percepción de la Corrupción 2011, realizado por Transparencia Internacional, colocándose en el puesto 91 entre 178 países.
El ministro de Finanzas, Majozi Sithole, ha señalado insistentemente en que el país pierde 11,5 millones de dólares al mes por culpa de la corrupción.
Es que "los gobiernos no funcionan bien en secreto", señaló Mnisi.
