A menos que el gobierno de Malawi haga algo para solucionar los problemas económicos y de gobernanza, seguirá sufriendo protestas populares como las del mes pasado, que terminaron con 18 muertos y 275 detenidos, alertaron analistas.
Las manifestaciones del 20 y 21 de julio fueron las primeras en su clase desde el comienzo de la vida democrática de este país de África austral en 1994.
En medio de condenas de la comunidad internacional, el presidente Bingu wa Mutharika llamó al ejército a reprimir las protestas en tres ciudades: Lilongwe, Blantyre y Mzuzu. También restringió la cobertura periodística de la crisis.
Mustapha Hussein, analista político en la Universidad de Malawi, dijo a IPS que Mhutharka debería empezar a tomar en serio el malestar de la población si no quiere que la situación se salga de las manos.
"El presidente no parece estar dispuesto a reconocer la culpa por las dificultades económicas y de gobernanza que afronta el país. Habrá mayores protestas de las que hemos visto si el gobierno no encara los problemas", alertó.
Añadió que la crisis se originó con las "tendencias dictatoriales y la arrogancia ejecutiva" del mandatario.
Dalitso Kubalasa, director ejecutivo de la Red de Justicia Económica de Malawi (MEJN), coalición de más de 100 organizaciones de la sociedad civil que promueve una buena gobernanza, dijo a IPS que la falta de respuestas del gobierno no ayudaba a mejorar la situación.
Las tensiones continúan, mientras se hacen más largas las filas para obtener combustible y la población siente la carencia de alimentos básicos.
También hay una escasez aguda de divisas, y los hogares y las empresas continúan sufriendo cortes de energía así como falta de agua potable.
Mutharika todavía no ha respondido a las demandas de los manifestantes, que incluyen un llamado a que restaure la economía y la gobernanza.
Las protestas comenzaron cuando Gran Bretaña anunció la suspensión de una ayuda a Malawi por 35 millones de dólares.
Más de 40 por ciento del presupuesto nacional malauí ha dependido de los donantes, y 80 por ciento de los fondos para el desarrollo han llegado de la iniciativa Enfoque Común para Apoyo al Presupuesto, de la que participan Alemania, Gran Bretaña, el Banco Africano de Desarrollo, Noruega, la Unión Europea y el Banco Mundial.
Alemania y Gran Bretaña ahora se niegan a liberar más de 400 millones de dólares.
Sin embargo, durante la sesión de junio del parlamento para discutir el presupuesto, Mutharika aseguró que el país operaría con déficit cero y no dependería de donantes.
Al hablar en una ceremonia de graduación de policías el 22 de julio, el mandatario afirmó ser la única persona encargada de administrar el país y señaló que nadie debía presionarlo por la falta de combustibles.
Pero después de la desastrosa forma en que el gobierno manejó las protestas, la Corporación del Desafío del Milenio (MMC, por sus siglas en inglés), una agencia oficial estadounidense que lucha contra la pobreza, anunció que congelaría un paquete de asistencia por 350,7 millones de dólares para el sector energético malauí.
La MMC informó en una declaración el 26 de julio haber tomado la decisión en repudio a la represión de las autoridades malauís contra las protestas pacíficas, así como a las restricciones impuestas a la prensa.
El gobierno malauí ya venía sufriendo tensiones con sus históricos donantes, que lo acusaban de violar los derechos de la comunidad homosexual y el derecho a libertad de expresión.
Aun cuando el comercio de Tina Kaduya fue saqueado durante las protestas, ella apoya las demandas de los manifestantes.
"Perdí artículos por unos 2.000 dólares debido a las manifestaciones, pero no puedo acusar a la gente que atacó mi comercio", dijo a IPS.
"Muchos malauís están molestos por la caída de la calidad de vida, y muchos son tan pobres que vieron la posibilidad (de saquear) cuando ocurrieron las protestas", añadió.
Además, sostuvo que el gobierno no ayudó cuando elevó a 16.5 por ciento el impuesto al valor agregado a productos como el pan, la carne y la leche.
