«Me contagiaron tuberculosis, pero soy afortunado porque me he curado», dice Hernán Arévalo desde una cama del nuevo hospital del penal peruano de Lurigancho, uno de los más hacinados y peligrosos de América Latina.
En la cárcel de San Juan de Lurigancho, ubicada en las cercanías de la ciudad de Lima, "hace cuatro años no había un centro de salud sino una especie de sucursal del infierno", dijo Arévalo a IPS, marcando la importancia que significó para los reclusos la obra realizada gracias al dinero aportado por el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Malaria y la Tuberculosis.
A este presidiario de 54 años nadie le contó cómo era, antes de que existiera el hospital, la espantosa atención sanitaria en Lurigancho, que llegó a contener a 10.000 reclusos en 2008 y hoy tiene 6.000, pese a que sus instalaciones fueron diseñadas para albergar a 3.500.
Condenado a 20 años de prisión por narcotráfico, Arévalo ya cumplió 13 en Lurigancho. "Antes uno iba a atenderse de alguna enfermedad y salía contagiado de otra más grave, mientras que hoy recibo todas las medicinas y una alimentación acorde", afirmó.
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El cambio radical se debe al centro hospitalario edificado en 2006 por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que costó un millón de dólares y fue financiado por el Fondo Mundial, creado en 2002 a partir de la asociación de gobiernos, empresas, la sociedad civil y comunidades afectadas.
Desde entonces se ejecutaron 21.700 millones de dólares en programas desarrollados en 150 naciones, y recibieron atención 3,2 millones de personas con VIH (síndrome de inmunodeficiencia humana), causante del sida, y 8,2 millones de enfermas de tuberculosis.
En particular en Perú, el Fondo Mundial destinó siete millones de dólares entre 2004 y 2008 para construir los centros de salud de los penales de Lurigancho y de Tambopata, en la sureña selva amazónica de Madre de Dios, modernizar pabellones de enfermos con tuberculosis, mejorar la infraestructura de atención en éstas y otras 10 cárceles y ampliar el equipamiento médico para reducir contagios.
"Hoy en la cárcel de Lurigancho hay por lo menos 420 enfermos de tuberculosis y otros 450 diagnosticados con sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), una cifra mucho menor a la de años anteriores gracias a la existencia de una infraestructura adecuada y personal especializado", explicó el médico José Best, subdirector de Salud del INPE.
"De no contar con dichos recursos y si hubiéramos seguido con una población de 10.000 reclusos como en 2008, probablemente hoy tendríamos casi el doble de enfermos", admitió Best al hablar con IPS en las instalaciones del centro de salud de Lurigancho y ante la mirada fatigada de los enfermos con el bacilo de Koch.
"La situación ha cambiado radicalmente, aunque todavía subsisten algunos problemas", afirmó.
El gran desafío del INPE es contar con un presupuesto propio para el mantenimiento del centro de salud.
"Ahora nos toca a nosotros continuar con el servicio de salud. Es indispensable contar con dicho presupuesto, porque en el interior del penal de Lurigancho la posibilidad de contagiarse de tuberculosis es 27 veces mayor que en la calle", indicó Henry Cotos, director general de cárceles de la región de Lima.
Cotos manifestó a IPS que se toman medidas drásticas para evitar la propagación de tuberculosis y de sida en la cárcel, pero que los reclusos siempre encuentran formas de vulnerar las acciones de seguridad. Lo peor es que también se contagian las visitas.
"Hemos conseguido reducir los niveles de contagio, pero todavía las cifras son preocupantes y se deben principalmente a las condiciones de hacinamiento, apuntó.
En el pabellón de atención a la tuberculosis hay un segundo piso con al menos 20 celdas con gruesas puertas de acero que impiden el contacto directo de los reclusos con cualquiera que no sea personal médico y de enfermería. Son los presos afectados por la tuberculosis multidrogo-resistente (TBC MDR), una de las más feroces.
La curación de este tipo de afección tarda como mínimo 18 meses y es costosa. "Es un tratamiento duro y que cansa, pero sobre todo muy doloroso por la numerosa secuencia de inyecciones que requiere", explicó la médica María Elena Salas.
"La razón de que se les mantenga bajo encierro especial es para que no abandonen el tratamiento y para que no contagien a los demás", puntualizó.
En este pabellón, al que solo se puede ingresar con mascarilla y máxima protección, hay 28 pacientes con TBC MDR. Algunos también viven con VIH/sida.
El día que IPS visitó el penal de Lurigancho encontró al recluso Eddy Ruiz, un activista contra la discriminación de los homosexuales, quien junto con los integrantes de la llamada Comunidad Virgen de la Puerta se dedica a promover acciones para prevenir el contagio del sida y otras enfermedades de transmisión sexual, uno de los peores males en San Juan de Lurigancho.
"Tenemos a los hombres que tienen sexo con otros hombres pero que no son homosexuales, hay otro grupo que es bisexual, están los gays y travestis que se prostituyen y luego están los que se reconocen directamente como homosexuales dentro de la prisión y eventualmente tienen parejas estables", detalló Ruiz.
"Los más peligrosos son los que ocultan su identidad sexual, están enfermos y contagian indiscriminadamente", advirtió Ruiz, condenado a seis años de cárcel por agresión sexual.
El papel de Ruiz y otros activistas es estimular a los reclusos a someterse a pruebas rápidas de diagnóstico de sida, aprovechando que ahora pueden atenderse adecuadamente y con la medicación necesaria.
