La habilitación de una consulta popular sobre la construcción de una carretera que cortaría por la mitad un parque protegido en la Amazonia de Bolivia cambia la postura del gobierno de atender reclamos de indígenas de la zona y, a juicio de opositores, creará otro conflicto social.
Estas colectividades, en general afines al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), enarbolaron las banderas de un Consejo Indígena del Sur (Conisur) y marcharon en apoyo de la carretera, como una demostración de una corriente de pensamiento contraria a los que defienden que no se construya esa vía con un trayecto que amenace el parque nacional.
La lucha por la intangibilidad de la zona tuvo su capítulo más destacado en octubre de 2011, cuando un millar de indígenas moxeños, chimanes y yurakarés, propietarios colectivos del Tipnis, arribaron a La Paz, tras 64 días de caminata desde Trinidad, capital del norteño departamento de Beni, que no pudo ser interrumpida a la mitad del trayecto con una dura represión policial.
La protesta, organizada por la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (Cidob), provocó la solidaridad de agrupaciones sociales nacionales a favor del espacio reconocido en 2009 como territorio indígena por el propio Morales, a través de un título ejecutorial sobre una superficie de un millón de hectáreas.
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El mandatario de origen indígena aymara, que ha edificado una tesis internacional de defensa de la Madre Tierra que fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas, promulgó una ley que excluyó la construcción de la polémica vía en el Tipnis.
La marcha representó la ruptura de una alianza de Morales con los pueblos de la zona amazónica, según Raúl Prada. "El retroceso en la política de protección ambiental plantea una guerra de la Madre Tierra", acusó ante IPS este sociólogo que fue colaborador de Morales.
Ahora, la Ley de Consulta Previa, que está en vigor desde el día 10, permitirá a los indígenas propietarios del Tipnis definir si debe ser intangible y, por tanto, también si se puede construir o no la carretera.
También establece que los ministerios de Agua y Medio Ambiente y de Obras Públicas, junto con las comunidades originarias, se encargarán de implementar la consulta antes de los 120 días de promulgada la norma
La mecha de un conflicto social puede encenderse con el anuncio del presidente de la Cidob, Adolfo Chávez, del próximo inicio de una nueva marcha de 600 kilómetros, que será la novena de este tipo en la lucha por distintas reivindicaciones de los pueblos indígenas de zonas tropicales, que irrumpieron en el escenario político y social en 1990.
La Cidob supo generar la idea de la reforma constitucional, una demanda que se transformó en una exitosa plataforma política del presidente Morales, hoy distanciado de las organizaciones de los pueblos de las selvas y bosques del oriente boliviano.
"La gente del Chaco boliviano considera que (una ley contraria a la anterior) es un palazo, un garrotazo, al pretender forzar una consulta póstuma, en un contrasentido a la consulta previa señalada en la Constitución", dijo a IPS el diputado Willman Cardozo, de la opositora centroizquierdista Alianza Social (AS).
"El gobierno pretende tomar el pelo a los indígenas de la Cidob y construir una carretera a cualquier costo, sin importar el ambiente y la defensa de la Madre Tierra", comentó.
La carretera proyectada por el gobierno se extiende por 306 kilómetros entre las poblaciones de Villa Tunari, en el central departamento de Cochabamba, y San Ignacio de Moxos, en el Beni, y costará 442 millones de dólares, 332 millones de los cuales son financiados con un préstamo blando del brasileño Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social.
La empresa OAS, también brasileña, se adjudicó la obra bajo la modalidad de contrato llave en mano.
"Unos marcharon rechazando la construcción de la carretera, otros marcharon por la construcción. Es difícil entender quién tiene la razón", justificó Morales para sortear la encrucijada.
Además del interés brasileño en obtener presencia vial a través de la zona central de Bolivia, Prada menciona como motor de la carretera la "expansión de los cultivos de coca", que "producen la invasión y deforestación" de esas tierras vírgenes, según denuncia en un análisis social, político y geopolítico.
La coordinadora de campañas del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Patricia Molina, advirtió a IPS de la probable desaparición de comunidades como efecto de la construcción de una carretera a través del Tipnis.
Molina mencionó la historia del despojo de tierra y avasallamiento de colonizadores contra los indígenas, la contaminación de los ríos por el cultivo de la coca, la desaparición de la principal fuente de proteínas, el pescado, y la apropiación de los recursos naturales, como palmeras y madera, a manos de extraños.
Molina anticipa un escenario de destrucción de las familias y asocia la colonización a la "prostitución y trata de niñas indígenas" como la "antesala de la desaparición forzada de los pueblos ancestrales".
En el terreno de la política, el diputado Cardozo cree que Morales "profundiza su crisis de popularidad".
"El conflicto del Tipnis está expresando la guerra de dos proyectos opuestos, uno el capitalista y moderno, y el otro alternativo al capitalismo. Hay una lucha de clases y una guerra anticolonial con sus sujetos sociales, sus organizaciones, sus instituciones opuestas, incluso con sus diferentes formaciones discursivas en franco y abierto debate", resumió Prada.
