El gobierno de España decidió reformar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) ante la andanada de críticas sobre su funcionamiento y tras la muerte de dos inmigrantes. Pero el anuncio no opaca la campaña por el cierre de los que muchos consideran cárceles.
Crédito: Inés Benítez/IPS "Valoramos el plan del gobierno de aprobar un reglamento para los CIE, como veníamos reclamando y esperamos que este garantice los derechos humanos de los inmigrantes", aunque insistimos en su cierre definitivo, declaró a IPS la presidenta de la organización no gubernamental Andalucía Acoge, Mamen Castellano.
Esta contenida esperanza manifestada por la activista se refiere a la elaboración de un reglamento sobre el funcionamiento de los CIE y a cambios "de cierto calado", en particular en los establecimientos situados en las sureñas ciudades españolas de Algeciras y Málaga, anunciados el 31 de enero por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Los extranjeros que no cuentan con la documentación requerida para radicarse son recluidos hasta por 60 días en los CIE, definidos en la Ley de Extranjería como "establecimientos públicos de carácter no penitenciario, dependientes del Ministerio del Interior". "Son cárceles encubiertas", denuncian organizaciones humanitarias.
En el informe "Centros de Internamiento de Extranjeros en España. Derechos Vulnerados", divulgado en diciembre por la red euroafricana Migreurop, se denunciaba la vulneración de los derechos fundamentales de los recluidos en los centros de Málaga, Algeciras, Madrid y Barcelona.
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"Se trata de verdaderas cárceles en la forma y en el fondo, pese a que la normativa establece que este tipo de instalaciones no podrán tener carácter penitenciario por retener en ellas a personas que no han cometido delito", según precisa el documento.
"Una medida excepcional, como es la reclusión, se está utilizando como cautelar", observó Castellano.
La Ley de Extranjería prevé otras medidas que evitarían el encierro en un CIE, como el retiro del pasaporte o la obligación de presentarse ante un juez cada semana.
La presidenta de Andalucía Acoge dijo que es partidaria de que se regule el funcionamiento de los CIE, como paso previo a su desactivación, "porque una causa administrativa no debe privar de libertad".
Por su parte, Salva Lacruz, responsable del área de incidencia política de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Valencia, dijo que "el reglamento es un paso, pero no la solución". Por ello lamentó que el cierre de los CIE no figure en la agenda del gobierno.
Lacruz entiende que la muerte de dos inmigrantes en esos centros y los informes de la red Migreurop, que revelan "inadmisibles" deficiencias en su funcionamiento, "obligaron a reaccionar" al gobierno del centroderechista Partido Popular, conducido por Mariano Rajoy, quien tomó posesión del cargo el 21 de diciembre.
La congoleña Samba Martine, de 41 años, murió el 19 de diciembre de meningitis cuando estaba recluida en el CIE de Aluche, en Madrid, mientras que el guineano Ibrahim Siseé, de 21, falleció posiblemente de un infarto de miocardio el 5 de enero en el centro de Barcelona.
El informe del Migreurop advierte sobre el notable deterioro de las instalaciones de los CIE de Málaga y Algeciras, que llevó en el pasado a considerarlos inadecuados incluso como centros penitenciarios por los riesgos para la salud y la seguridad de los recluidos, pero se los mantiene como apropiados para retener a extranjeros.
De hecho, la amenaza de ruina en el CIE de Málaga obligó el 13 de diciembre a trasladar la Unidad Canina de la Policía Local, pero se mantienen a los inmigrantes.
El plenario del Ayuntamiento de Málaga aprobó el 22 de diciembre por unanimidad una propuesta del grupo de Izquierda Unida (IU) solicitando el inicio del expediente de ruina del edificio.
Ante la comparecencia del ministro Fernández Díaz, que adelantó "cambios de cierto calado" para los CIE de Málaga y Algeciras, la organización Andalucía Acoge respondió en un comunicado en el cual indica que "la única reforma de calado posible para estos centros es la demolición".
CEAR Valencia, SOS Racismo, Andalucía Acoge, Médicos del Mundo junto con otros colectivos sociales y asociaciones vecinales se encuentran inmersos en la campaña "CIEs No", que tiene como "objetivo político claro" el cierre de estos centros en España y en el resto de Europa, así como el cese de las redadas policiales, apuntó Lacruz.
Estas entidades de la sociedad civil también denuncian que en Europa se llevan a cabo controles de identificación basados en perfiles étnicos y raciales.
La lucha por el cierre de los CIE está presente cada día en Facebook y en Twitter a través de hashtags como #CIEsNO, #stopredadas y #razonesCIErre, y se creó recientemente un wiki (sitio web editable por varios usuarios).
Mientras, un juzgado de Valencia investiga una denuncia de varios extranjeros recluidos en el CIE de esta ciudad, quienes aseguran haber recibido golpes, malos tratos y vejaciones por parte de la policía, según consta en el escrito presentado el 4 de noviembre. Todas las dependencias de estos centros, desde la seguridad hasta los aspectos médicos y la alimentación, están a cargo de la policía, que los gestiona y financia, mientras que en las cárceles ejerce únicamente funciones de seguridad.
Entre las reformas anunciadas por el ministro del Interior para los 12 CIE existentes en España figura la de limitar la actuación policial a tareas solo de vigilancia, dejando la atención de los internos a "otro personal especializado" que no concretó, medida que recogerá en el reglamento para estas instalaciones.
La organización SOS Racismo tildó las medidas anunciadas de "insuficientes y poco concretas" y exigió el cierre de estos centros "por ser incompatibles con la democracia al privar de libertad a personas que no han delinquido".
La mayor parte de los inmigrantes en España proceden de América Latina, seguidos de los procedentes de la Unión Europea (UE) y del norte de África.
A pesar de la crisis económica y financiera que afronta España y el resto de la UE, la cantidad de de extranjeros "sin papeles" detenidos por las autoridades en 2011 al momento de llegar a las costas aumentó casi 50 por ciento respecto del año anterior, según un balance dado a conocer por el Ministerio del Interior.
