Saber de sexo también es un derecho

Conocer sobre el placer, el respeto en la pareja, las orientaciones sexuales, la equidad de género y la planificación familiar constituye un derecho que aún no tienen todas las niñas, niños y adolescentes de América Latina.

"A nosotros nos hablan en la escuela sobre el embarazo en la adolescencia y sexo seguro y responsable", contó a IPS el estudiante Leonardo Martínez, de 12 años y residente en La Habana. "Hice una tarea sobre los derechos del niño, gracias a la que conocimos más sobre la importancia de la educación sexual".

Pero Javier García, de la misma edad, opinó que "hay que hablar más sobre otras cosas", tras participar en un encuentro comunitario sobre violencia hacia la mujer en una jornada nacional celebrada este mes en ocho provincias cubanas. "Vivimos esas diferencias, pero no sabemos cómo enfrentarlas".

Es que "la sexualidad tiene que ser pensada en clave pedagógica y de derechos humanos. Debemos trasladarnos de un enfoque médico hacia otro más educativo", según la sexóloga argentina Mirta Marina, coordinadora del Programa Nacional de Educación Sexual Integral de su país.

América Latina "vive un proceso de desarrollo" en este terreno, pero "todavía tiene fuertes restricciones, debido sobre todo al conservadurismo transmitido durante siglos que dificulta hablar sobre estos temas en el seno de la familia y la escuela", dijo Marina a IPS en La Habana, en el marco de una reunión regional sobre educación sexual integral.
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En las aulas y otros espacios formativos, el personal docente debe orientar sobre la sexualidad en busca de la promoción de la salud. "Pero tenemos que sumarle progresivamente otras aristas como la equidad de género, el respeto a la diversidad sexual, la parte afectiva, de expresión de sentimientos y el placer", añadió.

En su opinión, "es una batalla a seguir, en mayor o menor medida, en dependencia de los adelantos de cada país. Hay que trabajar más en el derecho de los chicos y chicas a disfrutar de su cuerpo y la equidad de género".

Un estudio de 2011, publicado este año por la no gubernamental Coalición Mesoamericana para la Educación Integral en Sexualidad detectó más avances en el campo sanitario que en el educativo en la puesta en práctica de la Declaración Ministerial Prevenir con Educación.

Firmada en 2008 por 30 ministerios de Salud y 26 de Educación de América Latina y el Caribe, este acuerdo trazó caminos para detener el avance del virus de inmunodeficiencia humana (VIH, causante del sida).

Los países se comprometieron a lograr dos grandes metas para 2015: reducir a la mitad el número de adolescentes y jóvenes sin acceso a servicios sanitarios que atiendan a cabalidad sus necesidades de salud sexual, y disminuir en 75 por ciento las escuelas –bajo jurisdicción ministerial– que no imparten educación sexual integral.

Según la investigación, que analiza el período 2008-2011, la región de Mesoamérica –sur de México y América Central– avanzó 49 por ciento en la implementación de esa estrategia, y América del Sur en 41 por ciento, si bien no se incluyó a Brasil, y tampoco al Caribe insular.

Los países con mayores logros fueron Colombia, Argentina, Guatemala y Costa Rica, otros alcanzaron resultados medios, y quedaron a la zaga Panamá, Belice, Paraguay, Bolivia y Venezuela, concluyó el estudio sobre el cumplimiento de la declaración.

Según la Organización de las Naciones Unidas, en América Latina viven 68.000 adolescentes (de entre 10 y 19 años) con VIH/sida, 34.680 mujeres y 33.320 varones. Y más de la mitad de los nuevos casos mundiales de VIH por transmisión sexual se detectan en jóvenes de 15 a 24 años.

En los últimos tiempos, el embarazo adolescente se disparó en la región, solo superada por África en este problema.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe sostiene que 14,3 por ciento de la fecundidad total de la región entre 2000 y 2005 correspondió a las adolescentes, casi el doble que en lustros anteriores.

Entre enero y julio de 2012 se registraron en Guatemala 1.448 partos de niñas que tenían entre 10 y 14 años de edad.

En 2008, 18 por ciento de las madres bolivianas tenían entre 12 y 18 años. Y para 2011 ya llegaban a 25 por ciento, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que el 14 de este mes publicará su informe mundial anual, dedicado justamente a exponer los vínculos entre planificación familiar, derechos humanos y desarrollo.

Por eso se necesita que los Estados garanticen derechos sexuales y reproductivos desde edades tempranas, dijo a IPS la médica uruguaya Stella Cerruti.

Pero es un proceso lento, lleno de polémicas entre especialistas, políticos y la población en general, alertó.

Aunque buena parte de los países tienen programas nacionales o firmaron convenios regionales e internacionales, la realidad resulta más compleja.

Algunos grupos religiosos se oponen a la inclusión de estos contenidos en los planes de estudio; muchos padres y madres reclaman que sus hijos no cursen materias sobre sexualidad y los gobiernos no siempre priorizan estos asuntos en sus mandatos, describió Cerruti.

En este escenario, el Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba convocó en La Habana a 57 especialistas y activistas de América Latina, entre el 5 y el 7 de este mes, para revisar estrategias y fortalecer alianzas en "educación integral de la sexualidad con enfoque de género, derechos humanos y diversidad".

Las organizaciones de la sociedad civil "tienen un importante rol de auditoría social y presión hacia los gobiernos para que cumplan los marcos legales sobre educación sexual", dijo a IPS el activista Roberto Luna, fundador de Incide Joven, una red guatemalteca para la participación política en esta materia. "También pueden brindarles asistencia técnica especializada", concluyó.

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