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Un acuerdo por justicia con Irán complica a Argentina

BUENOS AIRES, 27 feb 2013 (IPS) - A pesar de los esfuerzos del gobierno de Argentina para mostrar que el acuerdo con Irán solo busca esclarecer el atentado de 1994 contra la entidad judía AMIA, la geopolítica y la ubicación del país en la movediza arena internacional centraron el debate por la ratificación parlamentaria del entendimiento.

La Cámara de Diputados de Argentina aprobó en la madrugada de este jueves 28, como ya lo había hecho la semana pasada el Senado, el Memorando de Entendimiento con Irán, firmado por los gobiernos de ambos países para avanzar en la investigación judicial del ataque terrorista contra la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina).

La ratificación del convenio finalmente se concretó sin apoyo de las diversas fuerzas de la oposición política.

El acuerdo, que deberá ser ratificado ahora por el parlamento de Irán, prevé que jueces federales argentinos puedan trasladarse a ese país para interrogar a cinco de sus ciudadanos contra los que existen pedidos de captura de la Policía Internacional (Interpol), acusados de planificar el atentado que costó la vida a 85 personas y heridas a más de 300.

El capítulo del convenio que más cuestiona la oposición es el que crea una Comisión de la Verdad, que estará integrada por cinco juristas ajenos a ambos países, que analizarán el proceso legal seguido en Argentina y darán su opinión a las partes, sin que sus resoluciones sean vinculantes para la justicia.


En cuanto a familiares y víctimas de la tragedia, las posiciones están divididas entre quienes creen que el acuerdo es un retroceso y aquellos que lo consideran una oportunidad, aunque de resultado incierto, para avanzar en una causa que está paralizada por la falta de cooperación de Irán.

En Teherán impugnan las presuntas evidencias que acumula la fiscalía argentina y se niegan a extraditar a los sospechosos. Entre los requeridos por la justicia está el actual ministro de Defensa, Ahmad Vahidi, quien, pese a su pedido de captura, fue recibido en 2010 por el presidente de Bolivia, Evo Morales.

La presidenta de Argentina, la centroizquierdista Cristina Fernández, que había sido muy enérgica en el reclamo a Irán por los sospechosos en cada Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aclaró al presentar el acuerdo que "jamás permitirá que la tragedia de la AMIA sea utilizada como pieza de ajedrez en el tablero de intereses geopolíticos ajenos".

No obstante, el memorando aparece como una novedad que aleja a Argentina de las potencias occidentales que bregan para que Irán abandone su programa de enriquecimiento de uranio mediante sanciones económicas, sin descartar incluso la alternativa militar, que es la que plantea Israel abiertamente.

"Con este acuerdo, Argentina no se coloca en una posición de neutralidad. Al contrario, a los ojos de Occidente, el memorando constituye una alianza implícita con Irán", dijo a IPS el politólogo argentino Andrés Malamud, investigador del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa.

Para Malamud, la política exterior de Fernández y de su antecesor, su hoy fallecido esposo Néstor Kirchner (2003-2007), se caracterizó hasta ahora por un acuerdo tácito con Estados Unidos.

Así, Washington apoyaba las necesidades financieras de Argentina en los organismos multilaterales a cambio de que Buenos Aires acompañase la condena al terrorismo. "La causa AMIA constituía el reaseguro de ese pacto no escrito", precisó.

"Pero a partir de ahora, la política externa argentina será considerada antioccidental. La posición no es irreversible y las consecuencias no son, todavía, graves. Sin embargo, ya no dependen de este país, que quedó de rehén de acontecimientos que se definirán en Washington, Teherán y Jerusalén", advirtió el experto.

Malamud cree que el argumento del gobierno de Fernández es simple: la causa está bloqueada y el acuerdo es la única manera de intentar moverla, pero "¿cuál es la principal consecuencia de esta tentativa de alto riesgo y baja probabilidad de éxito?", se preguntó.

"La respuesta es el realineamiento internacional de Argentina, alejándose de Occidente y acercándose al Sur o a potencias emergentes, en la versión oficial argentina, o a los estados paria, en la versión occidental opositora", especuló.

El acuerdo parece también poner a Argentina más en línea con sus pares sudamericanos, Venezuela, Ecuador y Brasil.

El gobierno venezolano de Hugo Chávez hizo siempre explícito su apoyo al régimen iraní, al igual que su par de Ecuador, Rafael Correa, y, en menor medida, la administración del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) en Brasil.

En 2010, el entonces gobierno de Lula y el de Turquía intentaron una mediación con Irán en la controversia por su programa nuclear, pero ese acercamiento fue rechazado en el Consejo de Seguridad de la ONU "por humillantes 12 votos contra dos", recordó Malamud.

"Hay quien considera que la alianza con Irán favorece a Argentina porque le abre mercados, le provee tecnología o le brinda legitimidad internacional en un nuevo orden en ciernes, pero el antecedente más cercano, de (la gestión de) Brasil y Turquía, no es favorable", alertó.

Brasil y Venezuela fueron los países que votaron contra los pedidos argentinos de captura en la asamblea de Interpol. Empero, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, adoptó una política menos elocuente en este tema y se excusó de recibir a su par iraní, Mahmoud Ahmadineyad, cuando este asistió a la Cumbre de Río+20 en 2012.

Legisladores del oficialismo argentino, como el senador Daniel Filmus, insistieron en aclarar que la ratificación del acuerdo no implica avalar a un régimen que niega el Holocausto judío, que desconoce el derecho a la existencia del Estado de Israel o que persigue a las minorías.

Pero el entendimiento quedó preso de un escenario internacional que empuja a adoptar posiciones. Y ahora. mientras las potencias de Occidente presionan a Irán para que cese su programa nuclear, Argentina le ofrece una vía de entendimiento, sin ninguna garantía de que este paso le permita progresar en la causa AMIA.

Como advirtió el canciller argentino, Héctor Timerman, el acuerdo puede caerse si los imputados se niegan a declarar. Aunque añadió que ese mismo derecho lo tendrían si la indagatoria se tomara en su país, cosa que hasta ahora no fue posible.

"El acuerdo habrá que juzgarlo por los resultados", sostuvo Malamud. "Si la comisión investigadora logra algo de verdad, el gobierno se anota un tanto. Si Occidente se hunde en un Armagedón económico, también", porque Argentina se habrá amigado con países productores de energía, avizoró.

"Pero si Estados Unidos o Israel bombardean Irán y lo derrotan, Argentina retrocede dos casillas", juzgó.

Tampoco descartó la posibilidad de que nada de esto ocurra, y que el gobierno argentino "pague un alto costo político" por el eventual fracaso.

 

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