Perú, amenaza infundada en el horizonte minero de Chile
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Perú, amenaza infundada en el horizonte minero de Chile

En El Teniente, la mina subterránea más grande del mundo, propiedad de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, se quejan del costo de la energía Crédito: Marianela Jarroud/IPS

En El Teniente, la mina subterránea más grande del mundo, propiedad de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, se quejan del costo de la energía Crédito: Marianela Jarroud/IPS

SANTIAGO, 27 mar 2013 (IPS) - El gobierno de Chile advirtió sobre una potencial fuga de inversiones mineras y energéticas hacia Perú, por fallos judiciales que paralizaron proyectos de gran envergadura en el norte de este país. Pero el temor es infundado, al menos a corto plazo.

Perú y Chile figuran entre los 10 primeros destinos mundiales de la inversión en exploración de metales no ferrosos, según Metal Economics Group, que recopila información sobre la industria. En su reporte 2013 ubica a Chile en el puesto cinco y a Perú en el seis, mientras América Latina encabeza el ranking de las regiones, pues absorbe 25 por ciento de esos capitales.

Chile es el principal productor mundial de cobre y el país que concentra las mayores reservas a futuro de este metal.

Las inversiones mineras se concentran sobre todo en el norte, limítrofe con Perú, Bolivia y Argentina, donde se estima que consumen 80 por ciento de la electricidad de esa zona.

En un escenario de creciente necesidad energética, el empresariado ha manifestado preocupación por varios fallos judiciales y decisiones administrativas contrarias a proyectos para elevar esa capacidad.


Uno de los casos más recordados fue el de Castilla, proyecto de la empresa MPX del multimillonario brasileño Eike Batista, que se perfilaba como la central de generación térmica más grande de América del Sur.

Castilla fue paralizada por la Suprema Corte de Justicia de Chile en septiembre, tras un recurso presentado por la comunidad de Totoral, la más cercana al lugar donde se emplazaría la termoeléctrica, en la región de Atacama, 810 kilómetros al norte de Santiago.

El rechazo de Castilla habría sido la última gota de un vaso lleno de dificultades para sostener las inversiones chilenas de Batista, cuyo imperio padece una crisis provocada por la capitalización de sus compañías basada en proyectos potenciales, no consolidados.

Seis meses después de esa resolución, la empresa MMX, también de Batista, anunció que abandona un proyecto de explotación de hierro que estaba en fase de cartografía geológica.

La compañía argumentó que los problemas de abastecimiento de energía aumentaron los costos de inversión y así el proyecto se volvió «menos atractivo».

Fue entonces cuando el ministro de Economía, Pablo Longueira, aseguró que la «dolorosa» decisión de MMX debía llevar a que los chilenos tomaran conciencia de que «Perú es una plaza que crecientemente se está haciendo muy atractiva para el desarrollo minero».

Para el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Lucio Cuenca, las declaraciones del ministro son un «chantaje ficticio» ya que «Chile, por sus condiciones institucionales y de política minera y ambiental, sigue siendo la principal plaza de atracción de inversiones mineras a nivel internacional».

«De los 320.00 millones de dólares que se proyecta invertir en Latinoamérica de aquí al año 2020 (según estimaciones de la industria), un tercio está previsto en Chile», dijo a IPS.

Con todo, si la evidente demora en las inversiones del sector eléctrico se consolida, Chile «puede llegar a tener una oferta energética bastante pobre, cara y, por lo tanto, no es de extrañar que inversiones que podrían hacerse acá se hagan en otro lado», apuntó el economista Jorge Rodríguez Grossi, ministro de Energía del gobierno de Ricardo Lagos (2000- 2006).

Pero en Perú, la oposición de los pueblos indígenas a diversos proyectos genera un clima «poco favorable», añadió.

La ex directora general de Minería de Perú y actual consultora en temas mineros, Marita Chappuis, no cree que la explotación chilena emigre, «porque los problemas son fundamentalmente técnicos y se pueden solucionar, mientras que en Perú los problemas son ante todo sociales».

En ese terreno, «el Perú no es una amenaza para nadie», afirmó a IPS.

Aunque no se registran fallos judiciales que hayan congelado inversiones mineras peruanas, las protestas sociales sí lo han conseguido. Chappuis recordó el proyecto aurífero Conga, que la compañía Yanacocha pretendía desarrollar en la región norteña Cajamarca.

«Se logró paralizar un proyecto de 4.800 millones de dólares con todos los permisos en construcción. Eso no había ocurrido nunca», señaló la experta.

El abogado Javier Aroca, quien trabajó durante más de una década como coordinador del Programa de Industrias Extractivas de la organización no gubernamental Oxfam para América del Sur, cree que Perú está preparado para recibir más inversiones extranjeras pues el gobierno las promueve.

Pero su mayor obstáculo son los «movimientos de resistencia frente a nuevos proyectos mineros y de hidrocarburos en zonas donde no ha habido tradición de explotación extractiva», dijo a IPS. «La gente no está de acuerdo con estas explotaciones porque tiene miedo a perder sus medios de subsistencia».

Perú tiene más exigencias sociales y ambientales. Por eso, en cuanto al marco regulatorio, «las inversiones extractivas en Chile tienen un campo más propicio, lo cual creo que es descabellado», opinó.

Para el investigador José de Echave, exviceministro de Gestión Ambiental e integrante de la organización peruana CooperAcción, ambos países siguen siendo atractivos para las inversiones.

Si una empresa tiene malas prácticas en Chile, «las autoridades en Perú no verán necesariamente estos antecedentes», que sí podrían revelar qué tipo de relación entablará con la población, dijo a IPS.

En definitiva, apuntó el chileno Cuenca, el problema fundamental que enfrenta esta industria a los dos lados de la frontera es la resistencia comunitaria y social.

«Las comunidades campesinas, indígenas y otras están poniendo en jaque la estrategia de inversión extranjera en un sector de extracción de recursos naturales no renovables», afirmó.

Habría que analizar por qué los proyectos de inversión terminan discutiéndose en tribunales, apuntó Rodríguez Grossi, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Alberto Hurtado.

En el caso chileno, se debe reformar el ordenamiento territorial, de manera que se establezcan zonas para tratar la basura y para instalar industrias ruidosas o peligrosas, sin que las poblaciones se vean afectadas, sugirió.

A ojos de Cuenca, eso no basta. La explotación minera y la energética «alimentan un proceso de concentración económica, de alta rentabilidad, de inversiones extranjeras, pero dejan muchos problemas en las localidades y eso la gente lo percibe, lo vive». Por eso, sentenció, «la oposición seguirá».

* Con aportes de Milagros Salazar (Lima).

 


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