Pará, donde la tierra es poder
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Pará, donde la tierra es poder

Niños en el campamento "Frei Henri des Roziers" del MST en Pará, Brasil. Crédito: Fabíola Ortiz/IPS

Niños en el campamento "Frei Henri des Roziers" del MST en Pará, Brasil. Crédito: Fabíola Ortiz/IPS

MARABÁ, Brasil, 16 abr 2013 (IPS) - Bajo el sol abrasador y la humedad del clima amazónico, Waldemar dos Santos, de 60 años, cuida la huerta comunitaria de campesinos sin tierra en el estado brasileño de Pará, a la espera de que la reforma agraria lo habilite a una vida mejor.

"Mi sueño es un terrenito. Nuestro deseo es terminar con el hambre en este país, que está cayendo por el despeñadero de la necesidad", dijo a Tierramérica el campesino del nordestino estado de Bahia, del que emigró siendo niño para huir de la sequía, hacia el norteño y amazónico Pará.

Su familia es una de las 280 que, desde el 8 de agosto de 2010, viven en el campamento que el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) bautizó "Frei Henri des Roziers", en honor del fraile dominico de 82 años que, como abogado de la Comisión Pastoral de la Tierra, sigue defendiendo los derechos humanos en la región.

En los márgenes de la ruta federal BR-155, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Marabá, estos campesinos ocupan la propiedad Fazendinha, una hacienda de más de 400 hectáreas sobre la que pesan denuncias de haber sido ganada desmontando la Amazonia e invadiendo tierras públicas, además de ser improductiva.

Este es el argumento de casi todas las ocupaciones de movimientos sociales que reivindican la reforma agraria en Brasil.


Solo en el sudeste de Pará, donde la lucha por la tierra es más violenta, hay más de 500 asentamientos de pequeños agricultores que fueron legalizados por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra). Pero quedan más de 100 campamentos de familias que viven en tiendas y ranchos de paja a la espera de que el gobierno federal concrete la legalización.

Lograr que el gobierno confisque una hacienda y destine sus tierras a la reforma agraria lleva un promedio de cinco años.

Para llegar al campamento "Frei Henri" hay que recorrer un largo trecho de la polvorienta BR-155, llena de baches y de camiones cargados de minerales que cortan el paso día y noche.

La región era rica en castaños, diezmados para dar lugar a las pasturas. En plena Amazonia profunda, la belleza de los árboles de copas altas dejó de existir hace mucho y el paisaje es plano y liso, sin rastros de la selva exuberante.

La ocupación de Fazendinha se lleva a cabo en una dura confrontación con los hacendados locales, que están organizados y contratan guardias privados armados para intimidar a los campesinos y arruinar sus cultivos.

"Sembramos para tener un alimento saludable. Los hacendados no producen nada y dicen que sus tierras son productivas. Las amenazas son constantes. La justicia en Pará es muy lenta. Uno espera y desespera", describió Dos Santos.

"Aquí la tierra es poder", definió Maria Raimunda César, de 39 años e integrante de la coordinación del MST en Pará. "El conflicto es permanente. En Pará se mata (a la gente) como a un buey. Vale más un corte vacuno de exportación que un ser humano. Hay mucha injusticia y un proceso de opresión y violencia crecientes".

Según la activista, la reforma agraria está ausente de las políticas nacionales. Tanto el actual gobierno de Dilma Rousseff como el de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) "sacaron el tema de la agenda".

Aquí se produce un ciclo perverso en el uso de la tierra, según César. Primero se abren paso la minería y la tala de árboles para carbón, luego llega la invasión privada de terrenos fiscales, la devastación de la selva y la implantación de capín, una gramínea que sirve de pastura al ganado.

En promedio, hay una cabeza de ganado por hectárea, aseguró.

Por la misma ruta BR-155, pero cerca de Marabá, está el campamento "Helenira Resende", que desde el 1 de marzo de 2010 alberga a 150 familias sin tierra. Además de las provocaciones de hombres armados, la amenaza aquí también llega por aire. Los campesinos denuncian el uso de venenos agrícolas rociados sobre sus viviendas y cultivos.

Según el argentino Raúl Montenegro, que integró una misión internacional de solidaridad con los campesinos de Pará, "el uso de bala y veneno combinados es como una lucha química contra esas poblaciones".

"Los latifundistas dicen que arrojan esos químicos en sus tierras, pero es una manera de quitarse responsabilidad", añadió Montenegro, ganador en 2004 del premio Nobel alternativo concedido por la Fundación Right Livelihood Award, con sede en Estocolmo.

"No solo pudimos comprobar que grupos armados llegaron a sitiar una comunidad entera bajo una lluvia nocturna de disparos y bombas de estruendo en el campamento 'Frei Henri des Roziers'. También vimos que empresas como Santa Bárbara aplican plaguicidas por vía aérea", dijo a Tierramérica el presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente, con sede en la ciudad argentina de Córdoba.

"Ese veneno llega con total impunidad a los niños, adolescentes y adultos, sin que el Estado controle, sin que haya estudios epidemiológicos ni ambientales", criticó Montenegro.

"Nuestro lema es ocupar y resistir, pero ellos son un grupo poderosísimo. Los hombres de la hacienda están fuertemente armados y disparan", dijo Aldemir Monteiro de Souza, de 28 años, que vive en el campamento "Helenira Resende", 50 hectáreas dentro de la hacienda Cedro, con una extensión de casi 15.000.

Los poderosos a los que se refería son los propietarios de Agropecuária Santa Bárbara, que tiene como uno de sus principales accionistas al banquero Daniel Dantas, detenido en 2008 por delitos financieros y lavado de dinero.

Según el MST y de la Comisión Pastoral, solo en los últimos 10 años el Grupo Santa Bárbara compró 800.000 hectáreas de tierras en seis municipios de Pará.

"El grupo se apropia de tierras públicas, utiliza trabajo esclavo y comete delitos ambientales", denunció Charles Trocate, de la coordinación del MST en este estado.

La esperanza es que técnicos del Incra inspeccionen la hacienda Cedro para determinar si es productiva y legal. En caso de que constaten irregularidades, se iniciará un proceso de expropiación y luego se entregarán parcelas a los campesinos.

Para el 22 de mayo está prevista una audiencia con la veeduría agraria del Incra en el Foro de Justicia de Marabá. Este será el primer paso, luego de años de ocupación y campamento.

* Este artículo fue publicado originalmente el 13 de abril por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.

 


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