Desde de los 18 años, Zechariah Manyok Biar peleó en el ejército revolucionario, que en julio de 2011 logró la independencia de Sudán del Sur de su vecino del norte. Pero actualmente, a los 28, vive exiliado del país al que ayudó a liberar.
El exfuncionario del Ministerio de Caminos y Puentes de Sudán del Sur escribió columnas de opinión críticas del gobierno que se publicaron en el sitio web del Sudan Tribune, con sede en París.
Pero en diciembre de 2012, Biar recibió información de que miembros de las fuerzas de seguridad planeaban su asesinato y decidió escapar del país.
“Si no hay libertad de opinión, no hay libertad; y nosotros luchamos por ella”, dijo a IPS por teléfono desde un lugar no explicitado. “Lo que me perturba es que estamos peor que Jartum”, se lamentó.
Biar contó que se reunió con agentes del Servicio de Seguridad Nacional, así como con la policía, y les pidió protección. Pero dada la falta de avances en la investigación sobre las amenazas en su contra, tuvo que marcharse.
Él cree que la falta de acción es prueba de que los responsables están vinculados a personas cercanas al presidente sursudanés Salva Kiir. Según él, un “pequeño grupo, pero influyente” dentro del gobierno encabeza los ataques contra los críticos, en contra de la voluntad del mandatario.
Añadió que actúan en beneficio propio para mantener su posición y asegurarse de que Kiir no sea reemplazado por el malestar popular.
“Son personas que creen que protegen al presidente y que el fracaso de Sudán del Sur significará el fracaso del presidente y, por lo tanto, la pérdida de sus privilegios”, arguyó.
Hay una preocupación creciente de que Sudán del Sur, la nación más joven del mundo, replique algunas de las características opresivas del régimen sudanés dadas las denuncias de acoso y ataques contra la prensa, críticos del gobierno y trabajadores humanitarios.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) urgió en reiteradas oportunidades al gobierno sursudanés a impedir que las fuerzas de seguridad ataquen a periodistas y activistas, acosen a trabajadores humanitarios y maten a civiles.
La Misión de la ONU en Sudán del Sur (Unmiss), “está profundamente preocupada por las denuncias de amenazas, intimidaciones, acoso y ataques contra periodistas, sociedad civil y activistas de derechos humanos”, declaró a la prensa en febrero Hilde Johnson, responsable de la misión en Yuba.
Johnson pidió que se buscara a los “responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad”.
Según ella, Yuba debe divulgar los resultados de la investigación prometida sobre la masacre de 13 civiles el 4 de diciembre de 2012, en el estado de Jonglei, al parecer perpetrado por soldados. También urgió a las autoridades a procesar a los responsables del asesinato del periodista Isaiah Abraham, un crítico manifiesto del gobierno, el 5 de diciembre del mismo año.
Barnaba Marial Benjamin, portavoz del gobierno, declaró a la prensa en Yuba que las autoridades investigaban la muerte de Abraham. Pero negó la masacre de civiles del año pasado en Jonglei y dijo que periodistas, trabajadores humanitarios y activistas tenían libertad para trabajar en Sudán del Sur.
“Creo que la situación de los derechos humanos está bien, somos muy transparentes al respecto”, insistió Benjamin.
Sin embargo, hubo dos funcionarios de Unmiss detenidos en enero que investigaban las amenazas contra periodistas.
“Es imperativo que se respete totalmente nuestro mandato y nuestra inmunidad diplomática”, dijo Ariane Quentier, portavoz de la misión, a IPS. “El gobierno aseguró a Unmiss que respetará totalmente el mandato de la misión en materia de derechos humanos y le permitirá desempeñar su trabajo”, añadió.[related_articles]
La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) señaló en un informe divulgado en febrero que los ataques o incidentes que involucraron trabajadores humanitarios en 2012 aumentaron 48 por ciento en áreas inseguras en relación con el año anterior.
Los incidentes incluyen la golpiza de 61 funcionarios, la detención arbitraria de 78 trabajadores humanitarios y la confiscación de 97 vehículos. Ochenta y cinco por ciento de estos casos fueron perpetrados por “actores estatales”, según OCHA.
Benjamin sostuvo que el gobierno desconoce esa situación. “No creo que ocurra en la República de Sudán del Sur”, declaró.
Chase Hannon, quien trabajó como asesor de seguridad para un grupo de 150 organizaciones no gubernamentales entre 2010 y 2012 en Sudán del Sur, dijo a IPS que la verdadera cifra de incidentes probablemente es mucho mayor, pues las ONG no suelen denunciarlos por temor a las represalias.
Hannon señaló que los ataques de las fuerzas de seguridad son un lugar común y suelen involucrar armas; también la golpiza con la culata de un rifle AK-47 del director local de una “gran ONG internacional”. Además, un subdirector se fue de este país en 2012 preocupado por su seguridad personal.
“Casi todas las fuerzas de seguridad de Sudán del Sur han sido responsables de este tipo de incidentes en un momento u otro”, subrayó Hannon, citando a la policía, al ejército y al Servicio de Seguridad Nacional, además de la seguridad presidencial, entre otros.
“La gran cantidad de unidades a cargo de la seguridad, a menudo con mandatos superpuestos y poco claros, dificultan el manejo de la situación”, añadió.
La inseguridad en Sudán de Sur crea un ambiente peligroso para los inversionistas, según Steven Wondu, auditor general del país. El gobierno “carece de capacidad para proteger la vida y la propiedad”, y los empresarios corren el riesgo de ser “golpeados”, mientras los responsables quedan impunes, dijo a IPS.
Wondu acotó que era previsible que hubiera problemas de mala gobernanza y carencias en el estado de derecho en un país que salió hace poco de una guerra civil de 22 años. Sudán de Sur es uno de los estados más pobres del mundo y tiene una vasta población analfabeta, así como limitada infraestructura.
“Habrá un enorme riesgo político durante mucho tiempo”, pronosticó en una entrevista realizada en Yuba.
Wondu dijo que espera que la seguridad y la situación económica mejoren de a poco a medida que Sudán del Sur desmovilice a muchas de sus fuerzas, según recomendaciones que él mismo le hizo al gobierno.
“La seguridad insume una cantidad desproporcionadamente alta de fondos, lo que deja poco para iniciativas de desarrollo”, indicó. “Todo el mundo sabe que hay que hacer algo respecto de la estructura de estos servicios”, reafirmó.
