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Crece en Argentina el primer sindicato de presos

Participantes en la asamblea fundacional delSindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria , en julio de 2012. Crédito: CTA

Participantes en la asamblea fundacional delSindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria , en julio de 2012. Crédito: CTA

BUENOS AIRES, 5 jun 2013 (IPS) - En Argentina, un país de gran tradición sindical, se consolida una experiencia inédita: una organización que defiende los derechos laborales de un colectivo especialmente vulnerable, el de las personas procesadas o condenadas en prisión.

“Nunca se había peleado por algo así acá adentro”, dijo a IPS el interno Gustavo Moreno, de 33 años, quien cumple una condena a 22 años en el Complejo Penitenciario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más conocido como penal de Devoto.

Preso desde hace tres años, Moreno trabaja en el equipo de limpieza de la cárcel, es coordinador del ciclo básico común del centro universitario que funciona en ese recinto, y estudia la carrera de Administración de Empresas.

Moreno es secretario de acción social del nuevo Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria (Sutpla), creado en julio de 2012 y reconocido por el Servicio Penitenciario Federal mediante un acuerdo.

El Sutpla  integra la centroizquierdista Central de Trabajadores de la Argentina (CTA),  cuyos dirigentes informaron que su desarrollo es observado por la Organización Internacional del Trabajo como una experiencia que pudiese extenderse a otros países.

“Tenemos 700 afiliados y 100 afiliadas y la idea principal es reivindicar el derecho de personas que están en un estado de gran indefensión y vulnerabilidad”, explicó a IPS el secretario general del Sutpla, Rodrigo Díaz, en libertad asistida (anticipada) desde abril.

Actualmente, reclaman la personería gremial con el apoyo de los abogados de la CTA. Cuando lo logren, deberán pasar a cobrar una cuota, pero no es un tema importante para la organización.

La consolidación del sindicato llena de entusiasmo a Díaz, quien estuvo preso en diversas oportunidades. “En total 12 años en distintas cárceles”, relató. Comenzó a estudiar la carrera de derecho en prisión y ahora sigue afuera. Solo le falta un año para graduarse.

Sus estudios y su recorrido por diversas prisiones le permitieron conocer mejor los derechos laborales de los detenidos, que no siempre se cumplen. “La lógica del servicio penitenciario no es la de otorgar un derecho sino un beneficio”, argumentó.

En la actualidad trabajan 64 por ciento de los casi 10.000 reclusos a cargo del Servicio Penitenciario Federal (SPF), bajo la órbita de la administración nacional. Otras 49.000 personas están encarceladas en recintos dependientes de los gobiernos provinciales, donde los porcentajes de quienes realizan tareas remuneradas varían.

La Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, profundamente reformada en 2012, establece que los detenidos tienen derecho a trabajar y estudiar, como parte de su rehabilitación. También fija que su labor “debe ser remunerada”.

El Ministerio de Justicia estableció que los presos y presas perciban el salario mínimo que rige en el país, equivalente a unos 553 dólares mensuales, con independencia del horario que cumplan.

Pero, en la práctica, la mayoría de los reclusos trabajadores cobran un monto mucho menor, pues el SPF realiza una serie de polémicos descuentos. “Alguien se está quedando con una diferencia y es muy probable que sea el Encope”, denunció Díaz.

El Encope (Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario) “no cumple las funciones para las que fue creado. Simula una legalidad que no tiene y ellos mismos se controlan”, desconfió el sindicalista.

El director del SPF, Víctor Hortel, ha admitido que en el pasado hubo irregularidades en los descuentos que se hacían para un fondo de reserva para cuando los presos obtenían la libertad. Pero descartó que esas prácticas continúen ahora que existe un mayor control de organismos anticorrupción sobre el proceso.

Con asistencia de los abogados de la CTA, el sindicato presentó varios recursos legales contra los descuentos a los trabajadores encarcelados, con excepción de las retenciones para su futura jubilación.

Además, este año la lucha contra los descuentos y otras reivindicaciones laborales llevó a los afiliados del Sutpla a su primera huelga, de 72 horas.

El sindicato también demanda la entrega de ropa y el calzado adecuado para la higiene y la seguridad de los trabajadores, sobre todo cuando manipulan residuos o bienes que puedan contaminar.

Así mismo, Díaz se ha reunido con autoridades de la seguridad social para conseguir que los recién liberados puedan cobrar un seguro de desempleo por seis meses como cualquier trabajador despedido.

Él mismo, que percibía un salario hasta abril por su trabajo en el Penal de Devoto, se quedó sin ingresos apenas obtuvo la libertad, seis meses antes de completar su condena.

Díaz destacó que la peor situación se da en cárceles que dependen de los gobiernos provinciales. “En la Unidad Nº1 de Olmos (en la oriental provincia de Buenos Aires), a los internos les pagan con dos tarjetas de teléfono por mes”, ejemplificó.

El dirigente explicó que en algunos penales el trabajo de los detenidos se canjea por beneficios tales como permisos para visitas en días de semana. Pero no se lo considera parte del tratamiento, ni un derecho, y tampoco que debe ser remunerado.

“No se les trasmite a los internos la idea de que con el trabajo pueden aprender un oficio y ayudar a su familia. Por eso hay tanta reincidencia”, aseguró.

Frente a este panorama, el Sutpla se propone reforzar la actividad sindical en el penal de Devoto donde nació la organización, y luego hacer extensivos esos derechos hacia las demás unidades de hombres y mujeres.

Las actividades laborales de los penales son muy diversas. Hay talleres de producción agropecuaria (huertas, viveros, producción de forrajes, lecherías) e industrial (imprenta, artículos deportivos, bicicletas, bolsas, muebles).

También se puede trabajar en las faenas propias de la cárcel como, como el servicio de limpieza en que labora Moreno, el secretario de acción social del Sutpla, quien percibe unos 385 dólares netos mensuales.

“Yo trabajo para mis hijos”, dijo. Tiene cuatro, de 13, 11, siete y un año. “Para mí lo que hago es el estudio. Eso me va a dar una herramienta cuando salga”, se ilusionó Moreno a la espera de un trámite que podría reducir su larga condena.

“El estudio me desconecta de la vida acá adentro”, confesó. No es la primera vez que está privado de la libertad. En otra ocasión en la que estuvo preso logró terminar los estudios de educación secundaria. “Cuando estaba afuera no tuve oportunidad”, se lamentó.

 
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