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Oposición contraataca en Camboya

Sochua Mu en un acto del PRCN en Phnom PenhCrédito: Cortesía Charlotte Pert.

Sochua Mu en un acto del PRCN en Phnom PenhCrédito: Cortesía Charlotte Pert.

PHNOM PENH, 24 jun 2013 (IPS) - La violencia característica del régimen del Jemer Rojo (1975-1979) en Camboya podrá formar parte de la historia, pero las acciones del partido gobernante antes de las elecciones de 28 de este mes no distan mucho de la sucia política que dominó en el pasado a esta monarquía de Asia sudoriental.

Observadores y analistas prevén un triunfo de la coalición gobernante formada por el Partido Popular de Camboya (PPC, por sus siglas en inglés) y el partido real Funcinpec, lo que mantendría otros cinco años más al primer ministro Hun Sen, desde hace 28 en el poder.

Pero eso no reduce el duro enfrentamiento que existe entre el CPP y sus principales rivales, el Partido de Sam Rainsy (PSR) y el Partido de los Derechos Humanos (PDH), que consolidaron su peso político el año pasado bajo el paraguas del Partido de Rescate Nacional de Camboya (PRNC), con 27 de los 123 escaños parlamentarios.

Los 12 miembros del comité permanente de la Asamblea Nacional, cuyos integrantes pertenecen al PPC, decidieron el 5 de este mes quitar el fuero a 29 legisladores, 27 de ellos opositores, amparándose en una cláusula constitucional que les prohíbe pasar de un partido a otro para formar coaliciones.

En pocos días, la coalición gobernante lanzó una campaña de desprestigio contra Kem Sokha, presidente de la PRNC, arguyendo que negó la existencia de la infame prisión de Tuol Sleng, donde 20.000 camboyanos fueron ejecutados durante el régimen del Jemer Rojo.

Dirigentes del PPC aseguran tener grabaciones digitales de Sokha tildando a la prisión, equivalente a una cámara de tortura, de engaño preparado por los vietnamitas.

Los medios de comunicación locales se hicieron eco de esa versión, pero el PRNC negó con vehemencia la acusación.

“Kem Sokha, más que nadie, conoce la realidad del Jemer Rojo, pues mataron a sus dos padres”, dijo Mu Sochua, presidenta del ala femenina del PSR y ejecutiva de relaciones públicas del PRNC, en entrevista con IPS.

Según Sochua, la grabación es un invento para incriminar a Sokha y debilitar el peso creciente de la oposición, que loga reunir a cada vez más personas en sus concentraciones.

Hace poco convocó una en la capital a la que concurrieron unas 2.000 personas; una marcha en la noroccidental ciudad de Battambang, reunió a otras 3.000.

Las primeras reacciones a las acusaciones parecieron indicar que había funcionado la acción para desacreditar a la oposición.

El 9 de junio la coalición gobernante concentró 6.000 personas en una protesta realizada en el parque de la Libertad, en Phnom Penh, contra la presunta negación de Sokha de las violaciones de derechos humanos perpetradas por el Jemer Rojo.

Pero Tola Moeun, abogado del Centro Comunitario de Educación Legal, quien presenció la concentración, dijo que habló con manifestantes que le dijeron que les habían ofrecido cinco dólares por participar.

Se trata de una pequeña fortuna en un país donde 49 por ciento de los 14 millones de habitantes viven con dos dólares al día, o menos, y 26 por ciento no tienen suficientes alimentos.

Moeun dijo a IPS que otros, incluso, reconocieron que participaron solo porque les prometieron una visita al Museo del Genocidio de Tuol Sleng y no por lealtad al PPC.

Analistas sostienen que se necesitará más que una campaña de desprestigio para frenar a la oposición, cuya sólida plataforma en materia de derechos humanos, así como su apoyo a los trabajadores y a las luchas por el derecho a la tierra genera movimientos de base que crecen en todo el país.

La tierra se volvió un asunto crucial en este país, donde 80 por ciento de la población practica una agricultura de subsistencia, pero 20 por ciento de las familias campesinas no tienen tierras, en parte por el programa estatal de permitir que grandes corporaciones transnacionales arrienden millones de hectáreas.

La defensa del derecho a la tierra crece. La Asamblea de Personas de Base de Camboya, que surgió en respuesta a la falta de representación de la sociedad civil en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) de 2012, colaboró con los activistas reconocidos internacionalmente del la región del lago Boeung Kak para movilizar a miles de personas.

La organización Licadho señaló aquel fue un año especialmente difícil para los derechos humanos. Las violaciones a las normas laborales encabezaron la lista después de que un gobernador provincial disparara contra tres obreros durante una huelga en la localidad de Bavet. Todos eran miembros del creciente Sindicato Libre.

Los activistas se cuidan de no pertenecer a ningún partido para que no los acusen de actuar contra el gobierno, pero la fuerza de los movimientos populares no pasa desapercibida a la coalición gobernante, cuya determinación para anular a la oposición ocurrió pocos días después de una manifestación de unos 3.500 trabajadores de una fábrica de Nike en la sudoriental provincia de Kampong Speu.

Además de su obvia popularidad entre los activistas, el PRNC también concentra la atención de numerosos jóvenes, como se constata en redes sociales como Facebook y Twitter.

Según Thida Khus, directora ejecutiva de Silaka y representantes del Grupo de Mujeres de Camboya, los jóvenes representan 36 por ciento de la población, lo que los convierte en un sector demográfico considerable y fuente de votos crucial.

A Khus le preocupa la seguridad de los miembros del PRNC, sobre todo porque “no hay observadores internacionales para las elecciones”, dijo a IPS.

Al haber perdido su estatus en el parlamento, los legisladores de la oposición no solo se quedaron sin salario, sino también sin inmunidad, lo que podría dificultarles la realización de declaraciones a la prensa internacional de forma segura sobre el partido gobernante.

El 10 de este mes, 15 organizaciones de la sociedad civil divulgaron una declaración conjunta condenando las acciones del partido de gobierno.

Además, el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos calificó la actitud del gobierno de “amenaza a la democracia”.

Por su parte, el PRNC denunció las acciones del partido gobernante ante el Consejo Constitucional el 17 de mes alegando que violan la ley fundamental del país. Además informó que considera boicotear los comicios si el asunto no se resuelve.

 
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