Alarma ecologista ante ofensiva turística en Venezuela
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Alarma ecologista ante ofensiva turística en Venezuela

CARACAS, 5 ago 2013 (IPS) - Anuncios de que el gobierno venezolano se propone, para incrementar las atracciones turísticas, implementar un plan de desarrollo de infraestructuras en islas hasta ahora casi deshabitadas en el sur del mar Caribe, ricas en biodiversidad, dispararon las advertencias de ambientalistas.

“El territorio insular venezolano tiene uno de los mayores potenciales turísticos vírgenes, y es por eso que, por instrucción del presidente Nicolás Maduro, prevemos comenzar a desarrollar de forma intensa, pero con atención al ambiente, esos espacios, específicamente las islas La Orchila, La Tortuga y La Blanquilla”, indicó el ministro de Turismo, Andrés Izarra.

Luigi Ricardo, presidente de la estatal Corporación de Turismo de Anzoátegui (norte), anunció, a su vez, que en la pequeña isla La Borracha, que forma parte del costero Parque Nacional Mochima, se construirá un complejo alrededor de un hotel categoría cinco estrellas, con 150 habitaciones.

Además de las 300 camas que ofrecerá ese hotel, el complejo tendrá “una piscina para adultos y otra para niños y niñas, canchas de tenis, voleibol y de basquetbol, áreas verdes, un campo de golf profesional y un gimnasio cubierto”, detalló Ricardo.

Le acompañarán “un centro comercial, restaurantes, discotecas, tiendas de ropa y calzado, un café, una farmacia, un cine, y se habilitarán espacios para los cultores (artísticos) de toda la región oriental”, agregó el funcionario.

La Tortuga, de 156 kilómetros cuadrados, La Blanquilla, de 64 y La Orchila, de 40, son islas rematadas por playas de arenas finas y blancas, distantes a entre 70 y 200 km de tierra firme, pero La Borracha, con solo 4,5 kilómetros de largo por tres de ancho, es principalmente una formación áspera y rocosa ubicada a 10 kilómetros de la costa nordeste.

La Red ARA Venezuela, que conforman 24 organizaciones ambientalistas no gubernamentales, expresó en una declaración “su preocupación y firme rechazo al proyecto de construcción de un complejo turístico, de considerable magnitud, en La Borracha”.

La obra propuesta “contraviene el marco jurídico vigente de protección constitucional, para los parques nacionales y la normativa contemplada en decretos” que dieron vida y regulan la actividad en Mochima, sostiene el bloque ambientalista.

Las referencias son al artículo 127 de la Constitución, que atribuye al Estado la protección del “ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales, así como demás áreas de especial importancia ecológica”.

El decreto aludido es el 276, de 1989, sobre parques nacionales, que expresamente proscribe en ellos “las urbanizaciones y clubes turísticos, públicos o privados, y las colonias vacacionales”.

“Al margen de que se viole la legislación sobre áreas bajo régimen de administración especial, quisiéramos saber cómo se va a cumplir la previsión constitucional y conocer el estudio de impacto ambiental y sociocultural que exige la ley fundamental” en su artículo 129, dijo a IPS el activista Alejandro Álvarez, de ARA y de Ecojuegos.

Por su parte, el activista Juan Carlos Fernández, de la Fundación Caribe Sur, señaló a IPS que “un estudio de ese tipo debiera contemplar precisiones sobre el área afectada, los materiales que se emplearán en los desarrollos y la degradación potencial que ocasionen, y cómo se van a mitigar y a revertir esos impactos”.

En las islas La Tortuga y La Blanquilla hay viviendas provisionales y pequeños muelles, mientras que en La Orchila existe desde hace 60 años una pequeña base de la armada.

Fernández cuestionó que se lance una ofensiva turística sobre las islas “de rica y a la vez frágil diversidad biológica, con corales y asiento de reproducción de especies, en vez de ir primero a desarrollar playas en tierra firme, donde hay más necesidad de crear empleo”.

Criticó también que se obvien propuestas de foros científicos y ambientalistas como la de establecer con islas fuera de la plataforma continental -La Orchila, los archipiélagos Las Aves y Los Roques, de Venezuela, y Bonaire y Curazao, de Holanda- un “corredor ecológico” binacional que aproveche las conectividades genéticas, demográficas (de especies) y oceanográficas de esas formaciones que emergen desde una cordillera sumergida.

Ese polígono de 17.800 kilómetros cuadrados de mar e islas también es de interés arqueológico e histórico. En Las Aves naufragó y perdió 17 barcos en mayo de 1678 la flota con la que el mariscal francés Jean D’Estrées hubiese podido rendir a los holandeses de Curazao.

Para Alberto Boscari, presidente de la ambientalista Fundación La Tortuga, no es posible “hablar de adelantar un proyecto turístico en esta isla cuando aún ni siquiera se ha restaurado el sector de ella que fue ambientalmente devastado en 2007 con las mismas pretensiones de adelantar allí un desarrollo de envergadura”.

El Ministerio de Ambiente de Venezuela ha guardado mutismo ante las propuestas turísticas sobre las islas. Pero el diputado oficialista Manuel Briceño, presidente de la Comisión de Ambiente de la legislativa Asamblea Nacional, dijo a IPS que “ante todos esos proyectos es preciso hacer una valoración ecológica antes que económica”.

Venezuela “tiene un patrimonio territorial como para hacer actividades turísticas, si están muy bien orientadas y tienen un alto valor ecológico. En la Asamblea Nacional debemos mirar no sólo qué es lo que se hace, sino cómo se hace”, señaló Briceño.

“El turismo de cruceros, sol y playa no es la única opción. Hay otro, de estudio, de observación, asociado a la investigación y a la educación de los jóvenes que necesitan conocer a su país. Pueden desarrollarse infraestructuras de bajo impacto, que no sean enormes armazones de cemento y acero”, agregó.

También el ministro Izarra aclaró que en Venezuela hay “un turismo que no es el de quienes visitan museos, sino básicamente sustentado en la belleza natural, y la única forma de que sea sostenible es que sea ecosocialista, es decir, sustentable, que nos permita respetar el ambiente y las comunidades y cuyo impacto sea el más bajo posible”.

Ese turismo “apunta a convertirse en una actividad económica fundamental para Venezuela y puede ser una alternativa real a los ingresos petroleros”, añadió.

El ingreso petrolero de Venezuela fluctúa en torno a los 100.000 millones de dólares anuales, mientras que en 2012 llegaron 783.000 turistas extranjeros, que dejaron 1.041 millones de dólares, según informó en enero el ministerio a la Agencia Venezolana de Noticias.

María Eugenia Gil, de la Fundación Aguaclara, se preguntó, “ante tanto por hacer, ¿por qué no mejorar lo poco que tenemos antes de correr el riesgo de volvernos a equivocar en sitios dramáticamente frágiles?

La activista detalló que en las playas en cuestión anidan especies en peligro de extinción, como las tortugas, y son destino de aves migratorias, por lo cual son importantes los estudios biológicos por hacer.

 

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