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Se populariza dudoso modelo de cárceles privadas

WASHINGTON, 22 ago 2013 (IPS) - En casi todas las regiones del mundo hay países que adoptan un sistema penitenciario privado promovido por Estados Unidos, pese a que la evidencia acumulada muestra que no son rentables ni ofrecen servicios adecuados.

Nuevos datos divulgados el martes 20 revelan que casi una decena de países en África, América del Norte, América del Sur, Asia Pacífico y Europa, instauran centros de detención privados con fines de lucro en sus sistemas penales.

La Corporación de Correccionales de América tiene 80.000 reclusos en 60 centros de detención, 40 de los cuales son de su total propiedad. Crédito: Bigstock.

La Corporación de Correccionales de América tiene 80.000 reclusos en 60 centros de detención, 40 de los cuales son de su total propiedad. Crédito: Bigstock.

 

El modelo surgió en Estados Unidos, donde ahora se trata de disminuir la población carcelaria. Esto derivó en la exportación de conocimientos sobre penitenciarías privadas.

El creciente interés internacional “ayudó a las compañías de cárceles privadas de Estados Unidos a diversificar sus inversiones en un momento en que el número de reclusos en este país se estancó”, señala un estudio divulgado por Sentencing Project, un grupo de estudio con sede en Washington.

“Por ejemplo, 14 por ciento de los ingresos de la segunda mayor compañía del sector en Estados Unidos, Geo Group, procedieron de los servicios internacionales en el año fiscal 2012”, ilustra el informe.

El creciente interés mundial en la privatización de cárceles fue también una bendición para las empresas británicas, en particular para G4S y Serco.

Todas esas compañías “prosperaron a raíz de la privatización generalizada de penitenciarías y de los sistemas de detención de inmigrantes, entre otros servicios del Estado”, explica el informe, “aunque por lo general no cumplen con los servicios prometidos”.

De hecho, numerosos críticos acusan a las compañías carcelarias, con requisitos explícitos de recortar fondos, de ofrecer condiciones y servicios peores que los sistemas estatales (para más información al respecto, puede leer aquí y aquí).

La Corte Suprema de Justicia de Israel bloqueó en 2009 una iniciativa del gobierno para abrir una cárcel privada. El alto tribunal alertó de que la transferencia de tal responsabilidad “atentaría dura y gravemente contra los derechos humanos de los reclusos”.

Las empresas suelen justificar sus operaciones en términos de mayor eficiencia del servicio.

La Corporación de Correccionales de América (CCA), fundadora de esta tendencia a principios de los años 80 y actualmente la mayor compañía del sector en Estados Unidos, explica que “combina la eficiencia y la efectividad empresarial con estándares, normas y controles estatales por menos dinero del que requieren las agencias públicas para funcionar”.

CCA indicó que tiene 80.000 reclusos en 60 centros de detención, 40 de los cuales son de su total propiedad.

Pero organizaciones y gobiernos critican cada vez más el argumento de rentabilidad del este modelo. Un organismo de control del estadounidense estado de Arizona concluyó en 2010 que las cárceles privadas le costaban 16 por ciento más que las públicas.

En informe poco usual, el movimiento Anonymous alertó el mes pasado de que ya no era rentable invertir en CCA.

Historias de logros

Los países que actualmente cuentan con cárceles privadas o están por implementarlas incluyen a Brasil, Chile, Grecia, Jamaica, Japón, México, Perú, Sudáfrica y Tailandia, aunque el sector sigue dominado por las naciones ricas, y en especial las angloparlantes, señala el informe de Sentencing Project.

Estados Unidos es el país con más presos en cárceles privadas, unos 131.000 en 2011. Eso se debe en gran parte a que también es el que más personas envía a prisión, 1,5 millones, alrededor de la cuarta parte de la población carcelaria mundial.

Pero varios países más cedieron una parte mayor de sus sistemas penales a compañías privadas. Según los últimos datos, Australia, Gran Bretaña y Nueva Zelanda tienen entre 10 y 20 por ciento de sus presos en recintos privadas.

Los números aumentan cuando se trata de centros de detención de inmigrantes, un rubro en el que destacan particularmente las empresas privadas.

Gran Bretaña, por ejemplo, mantiene a tres de cada cuatro personas acusadas de infringir normas de inmigración en instalaciones privadas. Australia, por su parte, privatizó totalmente las cárceles para inmigrantes.

“Como hay grandes países desarrollados que avanzan en esa dirección, naturalmente eso genera interés en otros países”, explicó Cody Mason, autor de este último informe y consultor de Sentencing Project.

Empleados de “compañías privadas, en Estados Unidos y en otros países, suelen viajar e invitar a los legisladores a conocer sus instalaciones, con lo que dan a entender que su enfoque resolverá sus problemas. Se promueven como la gran alternativa para resolver el hacinamiento, los servicios estándares y el aumento del costo de las cárceles”.

Nuevos mercados

En Estados Unidos, el hacinamiento de las cárceles se volvió un gran problemas después de tres décadas de una política de “tolerancia cero contra la delincuencia”, promovida por los legisladores.

La superpoblación en algunos penales excede 40 por ciento de su capacidad y derivó en acusaciones de masivas violaciones de derechos humanos.

El 12 de este mes, el fiscal general, Eric Holder, realizó un anuncio considerado histórico, en el que pide al Departamento de Justicia que comience a tomar medidas para disminuir la población carcelaria.

Hay otras disposiciones en marcha en el ámbito del Congreso legislativo para implementar cambios permanentes en el funcionamiento del sistema penal.

Ese tipo de medidas podrán derivar en el fin bipartidista de la era de la “tolerancia cero”, pero sin duda inquieta a las compañías de cárceles privadas de Estados Unidos.

Todavía no está claro cómo el lobby empresarial podrá fortalecerse en el marco de esta nueva tendencia, pero Cody Mason opinó que ya gastaron millones de dólares en medidas de presión en torno a ella.

El lobby empresarial se concentró en la revisión pendiente del sistema de inmigración. El informe de Mason señala que las compañías tienen “antecedentes de contribuir con los defensores de leyes duras para la detención de inmigrantes” sin documentos en regla.

Según cifras oficiales, el gobierno federal detendrá este año a unas 400.000 personas por infringir normas inmigratorias, lo que le costará unos 2.000 millones de dólares.

Pero un nuevo proyecto de ley, aprobado por el Senado pero en el limbo en la Cámara de Representantes, dará lugar a cambios que seguramente serán significativos.

“Con seguridad habrá una respuesta corporativa a estas cuestiones, en especial en función de lo que ocurra con el proyecto de ley de inmigración. Las compañías tienen un gran interés en lo que ocurra con eso”, indicó Mason.

“Pero más allá de la presión que puedan hacer, también buscan otros nichos de mercado, y parte de eso es expandirse a otros países”, añadió.

 
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