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Escándalo de espionaje salpica a varias agencias de EEUU

SPOKANE, Estados Unidos , 23 ago 2013 (IPS) - Un exfiscal de Estados Unidos cree que él y sus colegas pueden haber sido títeres en un programa ilegal de la Agencia Federal Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) por medio del cual se usaban servicios de inteligencia para operaciones secretas contra el narcotráfico.

Reuters reveló a principios de este mes que una división especial de la DEA recurría a una vasta base de datos con registros telefónicos y de informantes, entre otras prácticas ilegales.

El exfiscal Patrick Nightingale dijo a IPS que cree que el gobierno federal los usó a él y a sus colegas en su esfuerzo por engañar a los imputados y al propio sistema judicial violando los derechos constitucionales de ciudadanos y ciudadanas de Estados Unidos.

“Ninguno de nosotros tenía la más remota idea de que hubiera un programa secreto de la DEA que instruyera a sus agentes a encubrir la fuente” de la información, aseguró Nightingale, exfiscal del condado de Allegheny, en el estado de Pennsylvania, y miembro de Law Enforcement Against Prohibition (LEAP, siglas en inglés de autoridades contra la prohibición).

LEAP está integrada por policías en actividad y retirados, así como por otros funcionarios del gobierno que se oponen a la “guerra contra las drogas”.

“Mi juramento en tanto abogado y fiscal fue como guardián de la Constitución y no para ganar a toda costa. Ese programa sigue una mentalidad de ganar a toda costa: si es constitucional o no, lo vamos a hacer igual y lo vamos a tapar”, explicó.

Integran la División de Operaciones Especiales (SOD, por sus siglas en inglés) de la DEA unas dos decenas de agencias federales, entre ellas el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), el Servicio de Rentas Internas (IRS) y el Departamento de Seguridad Interna.

Todo lo que se refiere a la SOD es secreto, incluso su presupuesto y la ubicación de sus oficinas.

Reuters identificó al IRS como destinatario de la información en base a un antiguo manual de capacitación del organismo que alude al programa de la SOD.

De forma rutinaria, la SOD ofrece información a distintas autoridades locales del país gracias a la cual estas pueden iniciar investigaciones contra ciudadanos estadounidenses en base a ciertos elementos falsos, una práctica conocida como “construcción paralela”.

Por ejemplo, un policía puede recibir la orden de buscar un motivo para detener a un vehículo en particular, como un habitual control de tránsito, y una vez encontrada la droga, las autoridades mienten arguyendo que se encontró en un operativo de rutina.

El documento del IRS detalla cómo los funcionarios reciben instrucciones para ocultar a fiscales, abogados defensores y hasta a la justicia, los métodos mediante los cuales se identifica a un sospechoso de narcotráfico, y luego lo detienen.

“La SOD tiene la capacidad de recolectar, acopiar, analizar, evaluar y difundir información y datos de inteligencia procedentes de varias fuentes en todo el mundo, incluso de proyectos clasificados”, señala el manual de capacitación del IRS de 2005 y 2006, según informó Reuters.

“La SOD convierte información extremadamente delicada en pistas y pautas que se entregan a los agentes de campo para realizar actividades en tiempo real contra grandes organizaciones internacionales de narcotráfico”, señala el documento.

La Fundación Electronic Frontier (EFF, por sus siglas en inglés), una organización que defiende la libertad de expresión y cuestiones de privacidad, llamó a ese procedimiento de “blanqueo de inteligencia”.

Desde que se destapó el asunto el 5 de este mes, trascendió que el Departamento de Justicia anunció que revisaría el programa. Pero no mencionó nada sobre las violaciones a los derechos constitucionales que, al parecer, ya se cometieron.

“Nuestro sistema de justicia penal se basa en la presunción de inocencia y nuestra Constitución requiere un procedimiento imparcial. Obliga a los fiscales a revelar a la defensa tanto lo bueno como lo malo”, explicó Nightingale.

“Si la fuente de información es tan sensible que una agencia de seguridad recibe instrucciones de ocultarla hasta de su propio equipo (incluidos fiscales locales y federales) porque sabe que están obligados a revelársela a la otra parte (la defensa), entonces es un problema”, remarcó.

Nightingale dijo a IPS que desconocía el programa, pese a ser fiscal y a haber trabajado en muchos casos donde tuvo que pedir autorización judicial para intervenir un teléfono presentando ciertas pruebas.

Actualmente desconoce y no tiene forma de saber cuántos de esos casos pudieron originarse en pistas secretas de la SOD.

“Eso cambia las reglas del juego para que puedan encubrir la fuente y usar información sucia e impedir que la defensa y los imputados se beneficien de un juicio justo como establece la Constitución”, añadió.

Hanni Fakhoury, abogado de EFF, dijo a IPS: “Los datos de la NSA se recopilan a propósito y luego se usan con distintos fines”.

También dijo que la información guardada por la NSA “debe” ser algo aprobado por el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de Estados Unidos, aunque no hay cómo saberlo.

“Esas órdenes tienen un amplio alcance. No son públicas, no se sabe a qué se parecen ni cómo funciona realmente el tribunal”, indicó Fakhoury.

“La mayor preocupación es que no están siendo francos respecto de que usan la información para fines que no están relacionados con la seguridad nacional ni comunican a la justicia ni a los imputados la verdadera fuente de la información”, explicó.

“Hay más pruebas de que la explicación pública de la NSA no es del todo fidedigna”, puntualizó. “Es otro motivo para ser muy cuidadosos a la hora de analizar las explicaciones del gobierno para este tipo de programas”, observó.

El programa de la SOD viola la quinta y la sexta enmienda juntas, precisó Fakhoury.

La Constitución de Estados Unidos consagra el derecho a contar con la información completa y de forma justa en la sexta enmienda: “En todos los procesos penales, el acusado tendrá derecho a ser informado de la naturaleza y la causa de la imputación”.

La quinta enmienda establece: “Ninguna persona será privada de su vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal”.

La divulgación pública de este tipo de prácticas ilegales plantea la posibilidad de que las personas que fueron condenadas en los últimos 20 años por cargos de narcotráfico, o quizá delitos relacionados con el IRS, puedan cambiar su condena frente a la posibilidad de que en el proceso de investigación se pudiera haber utilizado evidencia secreta.

“Creo que vamos a ver mucho ese tipo de argumentos. Si tendrán suerte o no, es difícil de predecir. Creo que será algo interesante de ver”, opinó Fakhoury.

 
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