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Resurge el estado policial en Egipto

La matanza de partidarios de la Hermandad Musulmana solo fortaleció la determinación de resistir al régimen actual. Crédito: Khaled Moussa al-Omrani/IPS.

La matanza de partidarios de la Hermandad Musulmana solo fortaleció la determinación de resistir al régimen actual. Crédito: Khaled Moussa al-Omrani/IPS.

EL CAIRO, 23 ago 2013 (IPS) - La actual ofensiva en Egipto contra la Hermandad Musulmana y los partidarios del derrocado presidente Mohammad Morsi puede ser señal del resurgimiento del estado policial que caracterizó a la era del expresidente Hosni Mubarak (1981-2011).

“Desde el golpe militar del 3 de julio contra el presidente Morsi hemos visto lo que solo puede describirse como un regreso del estado policial”, dijo Seif Abdel-Fattah, profesor de ciencia política en la Universidad de El Cairo y exasesor de Morsi (renunció en noviembre a ese cargo), en diálogo con IPS.

“Ahora hemos vuelto al fascismo de la era Mubarak, repleto de asesinatos de manifestantes, redadas en hogares (de activistas políticos), leyes de emergencia y vigilancia perpetua”, dijo Abdel-Fattah, quien no está afiliado a la Hermandad Musulmana.

Desde el derrocamiento de Morsi, cientos –posiblemente miles- fueron asesinados por las fuerzas de seguridad, incluidos miembros de la Hermandad Musulmana y otros opositores al nuevo régimen militar.

El miércoles 14, cientos de manifestantes fueron asesinados a balazos en la violenta dispersión de una protesta favorable a Morsi en la plaza Rabaa al-Adawia de El Cairo.

Según las autoridades, decenas de efectivos de seguridad murieron en enfrentamientos con “manifestantes armados” y en ataques de “insurgentes”.

En declaraciones formuladas el 19 de este mes, el ministro de Solidaridad Social, Ahmed al Borei, defendió los métodos empleados por las fuerzas de seguridad para dispersar protestas favorables a Morsi, argumentando que los manifestantes de Rabaa al-Adawiya estaban armados y planteaban una “amenaza a la seguridad nacional”.

Tras la sangrienta dispersión de la protesta y las indignadas manifestaciones que le sucedieron, el gobierno declaró estado de emergencia por un mes, incluido un toque de queda diario de 11 horas. Herramienta básica del régimen de 30 años de Mubarak, la ley de emergencia permite a la policía realizar arrestos sin que medien cargos y registrar viviendas sin presentar una orden.

Esta semana, las autoridades hicieron una redada contra miembros de la Hermandad Musulmana en todo el país, junto con figuras de grupos islamistas aliados, como el Gamaa Islamiya. Por lo menos 1.000 miembros de alto y mediano rango de la Hermandad fueron arrestados hasta la fecha.

El 20 de este mes, Mohammad Badie, líder de la Hermandad Musulmana, fue arrestado en El Cairo y acusado de “incitar a la violencia”. Su juicio ya está fijado para los próximos días. Si lo encuentran culpable, lo condenarán a la pena de muerte.

“Llevar a cabo arrestos masivos de esa manera… constituye nada menos que un regreso a la era Mubarak, al estado de emergencia, a las mentiras y las invenciones de los medios de comunicación”, declara Gamaa Islamiya en un comunicado.

La organización continúa señalando que su integrante Mustafa Hamza fue arrestado por “visitantes de la madrugada” que allanaron su hogar en la provincia egipcia de Beni Sueif, “llevándoselo de su familia sin presentar ningún cargo”.

“Visitantes de la madrugada” es un término de la era Mubarak usado para describir las redadas que, a primera hora del día, realizaban las fuerzas de seguridad contra los hogares de opositores al régimen.

Insistiendo en que está “combatiendo al terrorismo”, el gobierno, respaldado por las Fuerzas Armadas, culpa a la Hermandad Musulmana por una serie de ataques contra instalaciones y personal de seguridad en la intranquila península del Sinaí.

El 19 de este mes, el gobierno anunció que 25 policías habían sido muertos por “presuntos insurgentes” cerca de la ciudad de Rafah, en el norte del Sinaí.

La Hermandad Musulmana ha condenado la violencia en el Sinaí, negando toda participación en ella, así como de sus aliados islamistas. También niega rotundamente toda conexión con una reciente ola de ataques contra iglesias cristianas, y continúa reclamando medios estrictamente pacíficos de protesta.

Mientras, órganos de prensa del Estado, junto con la mayoría de sus pares de capitales privados, retratan a las manifestaciones favorables a Morsi como amenazas “violentas” para el público general.

El año pasado, Morsi, candidato de la Hermandad, se convirtió en el primer presidente elegido libremente en Egipto. El 3 de julio de este año fue derrocado por el jefe del poderoso sistema militar, Abdel Fatah al Sisi, titular de la inteligencia militar en el gobierno de Mubarak, en medio de manifestaciones masivas y coordinadas contra su presidencia.

Desde entonces, Morsi, quien enfrenta una serie de cargos penales que según sus partidarios están políticamente motivados, se encuentra retenido en un lugar no revelado.

Quienes se oponen a Morsi consideran que su derrocamiento es parte de una “segunda revolución”, en la línea del levantamiento de enero de 2011 en Egipto, que puso fin al régimen de Mubarak.

Pero los partidarios de Morsi sostienen que se trata de un “golpe militar”, una “contrarrevolución” del “Estado profundo” de Mubarak que, dicen, está muy arraigado en el sistema judicial, así como en los medios de comunicación, el aparato de inteligencia y los servicios de seguridad.

Los temores a la opresión – especialmente de los islamistas- se agudizaron el mes pasado, cuando el ministro del Interior, Mohammad Ibrahim, anunció la reactivación de una unidad policial de la era Mubarak dedicada a monitorear y combatir el “extremismo religioso”.

Esa unidad había sido parte del aterrador aparato de seguridad estatal de Mubarak, conocido por cometer gruesas violaciones a los derechos humanos, especialmente contra los islamistas opositores al régimen.

La semana pasada, Ibrahim fue más lejos, anunciando que brindaría niveles de “seguridad” que no se veían desde antes del levantamiento del 25 de enero en el país. “Apenas se estabilicen las condiciones y las calles egipcias… se restablecerá la seguridad en esta nación, como si fuera antes del 25 de enero”, dijo.

Según Abdel-Fattah, de la Universidad de El Cairo, las declaraciones de Ibrahim “revelan la intención de devolverle al Ministerio del Interior su gloria previa a la revolución con todo lo que eso conlleva, incluidas violaciones a los derechos humanos, espionaje, controles de mano dura, una total falta de responsabilidad y el dominio de la esfueras política y cultural de Egipto”.

“Y por lo que hemos visto en los últimos tiempos, ya comenzó”, agregó.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Badr Abdel Ati, desestimó toda comparación entre el régimen de Mubarak y el nuevo gobierno militar de Egipto.

“La ley de emergencia solo durará un mes, y con un objetivo: combatir el terrorismo”, declaró. “Y la única manera de combatir el terrorismo es aplicar el imperio de la ley y algunas medidas de emergencia solo por un mes, para restablecer la ley y el orden”.

“Desde el derrocamiento de Morsi, algunos de los más cercanos asociados al régimen de Mubarak, incluidos miembros clave del (ahora extinto) Partido Nacional Democrático de Mubarak, han empezado a volver a la vida política”, señaló.

El miércoles 21, el propio Mubarak fue liberado de la prisión en que se encontraba, tras ser absuelto de las acusaciones de corrupción que se le imputaban. Aunque todavía enfrenta otros cargos penales, incluido el de complicidad en el asesinato de manifestantes desarmados en 2011, la Hermandad Musulmana describió el hecho como “una victoria para la contrarrevolución”.

La Hermandad Musulmana renunció formalmente a la violencia en los años 50, y dice haber usado métodos estrictamente políticos para cumplir sus objetivos desde entonces. En el régimen de Mubarak, el movimiento fue ilegalizado y sus miembros perseguidos.

En las primeras elecciones parlamentarias posteriores a la revolución, a fines de 2011, el Partido Libertad y Justicia, de la Hermandad Musulmana, ganó aproximadamente la mitad de los escaños de la Asamblea Popular (luego disuelta por las Fuerzas Armadas), mientras que otros partidos de tendencia islamista se quedaron con una cuarta parte.

 
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