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Qué hacer y qué no sobre la droga

El foro desarrollado esta semana en Bogotá es el tercero de una serie propuesta desde La Habana por la mesa de negociación entre el gobierno de Colombia y las guerrilleras FARC. Crédito: Andrés Bernal/PNUD

El foro desarrollado esta semana en Bogotá es el tercero de una serie propuesta desde La Habana por la mesa de negociación entre el gobierno de Colombia y las guerrilleras FARC. Crédito: Andrés Bernal/PNUD

BOGOTÁ, 27 sep 2013 (IPS) - La erradicación de cultivos para elaborar drogas “es un mito del folclore”. El único efecto que ha tenido es que un cocalero lleve siete años como presidente de Bolivia, planteó la experta estadounidense Kathryn Ledebur en un foro de tres días en la capital colombiana.

“Colombia no puede terminar con el narcotráfico, cuando la demanda desde el exterior es lo que lo impulsa”, agregó Ledebur, directora de la Red Andina de Información, entidad no gubernamental con sede en la ciudad boliviana de Cochabamba, que estudia los impactos de la guerra contra las drogas promovida por Estados Unidos.

Las conclusiones del “Foro nacional sobre la solución al problema de las drogas ilícitas”, que realizaron del martes 24 al jueves 26 en Bogotá la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la estatal Universidad Nacional, se harán llegar a la mesa de negociación entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), instalada hace un año en La Habana.

El empresariado no asistió al foro, evidenciando su descontento con la ONU, porque esta apoyó la protesta campesina en Catatumbo, región limítrofe con Venezuela, y medió en el subsiguiente paro nacional de actividades de los trabajadores agropecuarios y mineros.

La huelga en el norteño Catatumbo duró 53 días hasta que, a comienzos de agosto y con mediación de la ONU, forzó al gobierno a negociar puentes, vías y la no fumigación de cultivos de coca, entre otros puntos.

Soluciones

En reuniones públicas y mesas de trabajo cerradas a la prensa, los asistentes al foro nacional coincidieron en un mensaje a la guerrilla y el gobierno que negocian en La Habana: la política antidrogas debe ser integral y multidimensional en un país que busca la paz.

Esto incluye inaugurar la presencia civil del Estado en las zonas de cultivo ilícito, proponer una revisión de la guerra internacional al narcotráfico, tener en cuenta los impactos diferentes sobre mujeres, indígenas y comunidades negras y sustituir la criminalización de consumidores por prevención, salud y educación, en especial ante el preocupante aumento del consumo interno.

También se pide respetar el uso tradicional de la coca y regular sus aplicaciones industrial, recreativa y medicinal, así como atender la situación de jóvenes en riesgo.

En un foro regional sobre el mismo tema, del 1 al 3 de octubre en la capital del sureño departamento del Guaviare, centenares de cocaleros y campesinos consideraron que cualquier sustitución de cultivos debe ser acordada con las comunidades y no impuesta militarmente, como hasta ahora.

El paro nacional de actividades rurales comenzó el 19 de agosto y aún está latente, aunque el gobierno dialoga con la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular (MIA), que agrupa a 60 por ciento de esa movilización.

Ausencia clave

Respecto del desaire empresarial, el coordinador residente de la ONU en Colombia, Fabrizio Hochschild, prefirió subrayar que se trató de una “oportunidad perdida para contribuir con soluciones”.

“El tema de drogas ilícitas, queramos o no, es muy relevante para la seguridad en el campo y el desarrollo agrario”, dijo Hochschild a IPS.

“Estuvieron más de 1.000 personas presentes, 800 de las cuales son de esas regiones (de cultivos ilegales) y hubiera sido una gran oportunidad para los gremios empresariales de explicar sus puntos de vista y proponer soluciones y escuchar otras opiniones”, añadió.

“Para llegar a buenas soluciones es muy importante tener intercambios con diferentes puntos de vista, no boicoteando o evitando eventos. Eso no nos lleva a ninguna parte”, expresó.

Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia y de la mesa directiva del Consejo Gremial Nacional, rechazó que la ausencia empresaria se califique de boicot.

“Simplemente no asistimos”, dijo Mejía a IPS, pues solo fueron contactados por la ONU con ocho días de anticipación.

Mejía discutió dos días con otros gremios sobre la asistencia, pero entonces la huelga se agudizó en distintas regiones y la ONU intervino como mediadora. “Sea justo o injusto, legal o ilegal, la institucionalidad se irrespetó”, cuestionó.

Además, “esos paros (de actividades) son organizados por las FARC, aparentemente. Es lo que nos ha informado Inteligencia (agentes de seguridad del Estado)”, comentó.

“Cuando uno mira en el mapa dónde están los cultivos de sustitución (de plantaciones ilícitas), si el transporte para sacar el producto al mercado no es subsidiado, no es sostenible”, por eso “hay que buscar alternativas, no soluciones simplistas”, abundó.

La coca no es cocaína

Para Ledebur, no se debería “confundir el narcotráfico, un negocio multinacional de miles de millones de dólares, con la gente que tiene alguna conexión por necesidad, por alimentar a su familia, por ser excluidos”, sostuvo en conversación con IPS.

La experta cuestionó, al igual que el general retirado Rafael Colón, la forma de medir los resultados de la lucha antidrogas.

“El éxito se mide no en la cantidad de hectáreas erradicadas, ni en droga incautada, ni en gente detenida ni procesada, sino más bien en indicadores de servicios básicos como el bienestar social, acceso a la salud, la educación, la nutrición de la población”, señaló.

Según el estadounidense Adam Isacson, experto de la no gubernamental Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, “hay que dejar de fumigar y sí seguir la pista del dinero, que es la mejor manera de desmontar las redes criminales”.

En el foro hubo llamados a distinguir entre la coca (vegetal andino de consumo tradicional con importantes propiedades alimenticias) y la cocaína, la droga elaborada a partir de esa planta.

Si se piensa en sustituir la producción por otros cultivos, es clave contar con la participación del productor en las alternativas e, incluso, considerar que se mantengan las plantaciones para drogas mientras se consolidan otras cosechas.

El experto colombiano Ricardo Vargas, del Transnational Institute, expuso un tema que no figura en la agenda de negociación entre el gobierno y las FARC, que solo habla de producción, fabricación, exportación y consumo de drogas y de sustitución de sus cultivos.

Vargas señaló que el gobierno está interesado en que las FARC abandonen las actividades de narcotráfico, “sobre todo con los cultivos y la pasta básica y el control territorial (necesario) para esto”.

Sin embargo, el narcotráfico también ha apoyado activamente la estrategia contrainsurgente. En los años 80 y 90 pagó entrenamiento extranjero, armas y milicias de ultraderecha para combatir a la guerrilla y “eso cambió toda la dinámica de la guerra”, dijo Vargas a IPS.

En 40 años de narcotráfico en Colombia, la sociedad está permeada por “prácticas de cultura mafiosa”, que llevan a “saltarse la ley e instrumentalizarla para beneficio privado” y “esa es la herencia más difícil de solucionar”, sostuvo.

Entretanto, “ya se instauraron controles mafiosos que han diversificado fuentes de ingresos. Sus comportamientos se han legitimado en múltiples regiones, donde están intactos esos poderes que han concentrado tierra, controlan el poder político y financian campañas electorales”.

 

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