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Trabajadoras ecuatorianas suman derechos

QUITO, 20 sep 2013 (IPS) - Ecuador está reconociendo derechos laborales a las mujeres con un nuevo código que amparará a las trabajadoras sexuales, del hogar y a las embarazadas. Este proceso cobró fuerza con la aprobación de la ley que obliga a incluir en la seguridad social al personal del servicio doméstico.

Desde que el salario del empleo doméstico se equiparó en 2010 al básico unificado (SBU) nacional, tomó forma la protección de estas trabajadoras. Ahora se reconoce el pago de horas extras, vacaciones, bonos y otros beneficios.

El monto del salario ha crecido de acuerdo a los aumentos del SBU determinados cada año por el gobierno centroizquierdista de Rafael Correa.

Una empleada doméstica a tiempo completo debe ganar como mínimo 318 dólares más los beneficios de ley, el mismo monto básico de una recepcionista, una cajera o un auxiliar de servicios.

Sin embargo, los ingresos medios del servicio doméstico siguen siendo menores que los del sector formal de la economía, que se ubican en 585 dólares, aunque mayores que los del sector informal, que son de 227, según el libro “Mujeres y hombres del Ecuador en cifras III”, presentado en mayo por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la Comisión de Transición para la Igualdad entre Hombres y Mujeres y ONU Mujeres.

“Antes nadie respondía por nosotras, si estábamos enfermas, si no descansábamos… a nadie le importaba, mientras que ahora tenemos más derechos y nos tratan mejor”, dijo a IPS la presidenta de la Asociación de Empleadas Domésticas “Aurora de la Libertad”, Olga Méndez.

Mercedes Taipe, quien trabaja a medio tiempo en labores domésticas, antes tenía que trabajar más por menos salario. “En otro sitio me pagaban 50 dólares más la comida por ir dos veces a la semana, en cambio ahora me pagan 80 dólares y estoy afiliada al IESS”, dijo a IPS.

El Ministerio de Relaciones Laborales controla desde 2010 el cumplimiento de estas obligaciones a través del programa Trabajo Doméstico Digno. El 1 de este mes inició un nuevo operativo. Pero Méndez advierte un problema. Desde que se obligó a los empleadores a pagar formalmente a las empleadas domésticas, muchas de ellas perdieron sus trabajos.

“Algunos dueños de casa prefirieron despedir a las empleadas que pagarles lo justo, lo cual ha provocado que muchas compañeras se queden sin trabajo. En la asociación estamos luchando para que estos casos no se repitan”, narró.

Ese es el caso de Imelda Carpio, quien trabajó con una familia dos años en condiciones estables, recibiendo el salario básico y los beneficios de ley. “Hace tres meses recibí una llamada de mis patronos, en la que me decían que ya no podían pagarme el sueldo y que por eso me despedían”, contó a IPS.

El empleo doméstico sufrió una reducción al pasar de 128.684 empleados en marzo de 2012 a 109.455 en el primer trimestre de este año, indican los últimos datos estadísticos del INEC.

A eso se suma que, aunque la afiliación a la seguridad social de las empleadas domésticas aumentó de 13.000 en 2008 a 80.000 en 2013, aún quedan unas 30.000 empleadas fuera del sistema, según las últimas estimaciones.

“Es complicado porque la mayoría de patronos prefieren quedarse sin empleada que cumplir la ley”, concluyó Méndez.

Nuevo código de protección femenina

La reivindicación del trabajo sexual como labor remunerada, en el proyecto de nuevo Código Laboral que será analizado en octubre por la unicameral Asamblea Nacional legislativa, es uno de varios derechos femeninos en proceso de ser legislados.

Las trabajadoras sexuales que ejercen sus tareas en un sitio fijo lo hacen bajo relación de dependencia, lo cual significa que sus empleadores deben costear la afiliación a la seguridad social y otros beneficios, explicó el ministro de Relaciones Laborales, Francisco Vacas.

Esta disposición no figura en la ley, pero Vacas aseguró que su ministerio iniciará los controles por su cuenta para lograr que propietarios y responsables de los prostíbulos tomen conciencia y afilien a sus empleadas.

“Tienen que estar afiliadas, tener un contrato, un horario de trabajo, utilidades y otros derechos”, dijo Vacas. Al reconocer al trabajo sexual en el nuevo Código Laboral se daría paso a que en el futuro la Ley de Seguridad Social otorgue mejores derechos a las trabajadoras sexuales.

En el mismo proyecto se propone además reconocer las tareas no remuneradas, es decir las que se cumplen sin relación de dependencia y que contemplan por ejemplo a las mujeres que trabajan en sus casas, el trabajo autónomo y el voluntario.

Al normarse en el futuro código, el trabajo no remunerado  y el sexual tengan un primer reconocimiento que dé paso a la afiliación universal en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), garantizada por la Constitución.

“Hay que aclarar que este reconocimiento aún no significa derecho a un sueldo, a décimos (sobresueldos) ni a fondos de reserva (porcentaje del salario que un trabajador acumula y que puede retirar después de tres años de ahorro)”, comentó Vacas.

Para Teresa López, una trabajadora del hogar de 75 años, con esta modificación “se haría justicia”.

“Nosotras somos quienes cumplimos con el trabajo más delicado que alguien puede tener, como es cuidar a los hijos, darles alimentación, educación… lo mínimo que merecemos es estar afiliadas a la seguridad social”, dijo López a IPS.

En diciembre había 412.598 trabajadoras del hogar no remuneradas y 213.918 varones en la misma condición, se indica en el libro “Mujeres…”.

De las casi 7,5 millones de ecuatorianas, 2,7 millones integran la población económicamente activa, con un desempleo femenino de 4,9 por ciento, 0,9 puntos más que el general, según las mediciones de diciembre.

La publicación también detalla que 37,3 por ciento de las trabajadoras tienen ocupación plena, 60,4 por ciento figuran como subempleadas y 2,3 por ciento con labores no clasificadas.

En el nuevo Código Laboral se amplían también los derechos por maternidad.

El monto de indemnización por despido a una mujer embarazada se extiende de un año de remuneraciones a dos, y el período de licencia por lactancia, que supone media jornada laboral, se fija en 12 meses.

 

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