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Chevron contraataca, en su propio terreno

Algunos de los damnificados por Chevron, reunidos fuera del tribunal neoyorquino donde la petrolera quema sus últimos cartuchos. Crédito: Samuel Oakford/IPS

Algunos de los damnificados por Chevron, reunidos fuera del tribunal neoyorquino donde la petrolera quema sus últimos cartuchos. Crédito: Samuel Oakford/IPS

NUEVA YORK, 16 oct 2013 (IPS) - Dos años después de que un tribunal ecuatoriano ordenara indemnizarlos con 18.000 millones de dólares por los daños ambientales que Chevron causó en la Amazonia, un grupo de indígenas y campesinos ecuatorianos y su abogado estadounidense van a juicio en Nueva York, acusados por la empresa petrolera de ofrecer sobornos y ser parte del crimen organizado.

En 2011, la empresa petrolera fue hallada culpable de la catástrofe ecológica de un rincón de la Amazonia ecuatoriana, causada en los años 70 y 80 por la compañía Texaco, que Chevron adquirió en 2001, con lo cual accedió a asumir obligaciones legales.

Chevron se negó a pagar las indemnizaciones.

Como la empresa no tiene bienes para embargarle en Ecuador, los demandantes han intentado cobrarle en el exterior.

El litigio de Nueva York, presentada bajo el Estatuto RICO, que se hizo famoso durante los juicios a la mafia en los años 70, busca impedir que la condena de 2011 se honre en tribunales de Estados Unidos, donde a Chevron le sobran recursos para pagar la cuenta.

“Cada día, familiares y otros seres queridos se enferman a causa de la contaminación”. – Javier Piaguaje, indígena secoya de Ecuador

La demanda sostiene que el abogado Steven Donziger y un grupo de ecuatorianos que representan a unos 30.000 damnificados indígenas y colonos mestizos, intentaron persuadir y corromper a una serie de jueces ecuatorianos que actuaron en el caso, con el fin de extorsionar a Chevron.

Donziger y sus defendidos niegan haber incurrido en irregularidades y afirman que la demanda es otra costosa distracción legal en la que puede incurrir esta corporación, valuada en 230.000 millones de dólares, para prolongar una saga judicial de 20 años.

Afuera de la sede judicial, los ecuatorianos y algunos seguidores se reunieron el martes 15 para protestar.

Los manifestantes entonaron cánticos y blandieron fotografías de una tierra brillosa y ennegrecida, fosas de residuos líquidos a cielo abierto y frágiles habitantes de la selva que están muriendo de distintos tipos de cáncer.

Se estima que decenas de miles de personas se han expuesto a casi 70 millones de litros de crudo que se derramaron y casi 70.000 millones de litros de aguas tóxicas, que se filtraron o bombearon ilegalmente en los prístinos ecosistemas amazónicos que rodean el yacimiento de Lago Agrio, en el nororiente de Ecuador

“Estamos aquí, frente a los tribunales, contra esta gran corporación”, dijo Javier Piaguaje, un indígena secoya que vive junto al contaminado río Aguarico.

Con un atuendo tradicional de su etnia, Paiguaje dijo a la multitud que los efectos duraderos del derrame están devastando a su comunidad.

“Cada día, familiares y otros seres queridos se enferman a causa de la contaminación”, señaló.

“Estamos aquí para mostrar lo que realmente está ocurriendo en la Amazonia”, agregó, antes de ingresar a la sede judicial para desarrollar su defensa.

El juez del caso, Lewis Kaplan, está desde hace tiempo en contra de los argumentos indígenas.

A comienzos de este mes, Kaplan decidió que a Donziger y a los demás demandados no les corresponde un juicio con jurado.

“Este juicio es una farsa”, dijo Paul Paz y Miño, de Amazon Watch, una organización que promueve la justicia ambiental y asesora a los indígenas ecuatorianos.

“Chevron invirtió años en conseguir un proceso en el que no se permita a los originales litigantes discutir las evidencias”, señaló a IPS.

“No hay absolutamente ninguna evidencia de fraude”, agregó.

Un portavoz de los ecuatorianos en Nueva York, Han Shan, dijo a IPS que este proceso entraña un gran despliegue de cinismo de parte de Chevron.

“Han hecho un gran trabajo de medios y ‘jujitsu’ político al tomar nuestros argumentos –que Chevron era totalmente corrupto, que presionaba a los jueces, que sobornaba, que intentaba hacer caer a la gente en trampas y usaba contratistas sucios— y tratar de usarlos contra nosotros”, dijo Shan.

En 2009, Diego Borja, un contratista de Chevron en Ecuador, fue atrapado filmando un video en el que aparecía él mismo intentando sobornar al juez Juan Núñez. Desde entonces, Chevron solventó el traslado de Borja a Estados Unidos y le entrega un estipendio mensual.

El sitio web de Chevron sobre relaciones con los medios de comunicación dejó de estar en línea para tareas de mantenimiento al momento de escribir este artículo, e IPS no logró contactarse con la empresa para obtener declaraciones.

Sin embargo, en el sitio web de la compañía dedicado a la demanda, Morgan Crinklaw, portavoz de Chevron, afirma: “Creemos que toda jurisdicción que respete el imperio de la ley hallará que el fallo es ilegal e inaplicable porque es producto del fraude”.

El juicio que se desarrolla en Manhattan gira en torno al diario personal de Donziger y a la película de 2009 “Crudo”, de Joe Berlinger que, según Chevron, muestran que el abogado consideró parte de las evidencias ambientales usadas en la demanda como “espejitos de colores”.

Donziger dijo que sus declaraciones fueron sacadas de contexto.

El juez Kaplan ya falló una vez a favor de Chevron. En marzo de 2011 emitió una orden temporal que bloqueó la aplicación del veredicto ecuatoriano.

Sin embargo, en enero de 2012, el federal Tribunal de Apelaciones para el Segundo Circuito de Estados Unidos, en Nueva York, revocó esa orden, y una vez más abrió la puerta para que los demandantes originales intentaran hacer a Chevron pasible de pago en tribunales estadounidenses.

La decisión llevó al equipo legal de Chevron, integrado por más de 100 abogados, a improvisar una estrategia de defensa de último momento, bajo la forma de una demanda según el Estatuto RICO. Y se emplearon a fondo para presentarla en el tribunal de Kaplan.

“No creo que Kaplan nos dé una audiencia justa. Pienso que ya tiene su idea preconcebida”, dijo Shan.

Pero si el magistrado falla contra la comunidad aborigen y emite una orden una vez más, el Segundo Circuito la revocará.

“El Segundo Circuito ha sido claro en cuanto a que el Tribunal Distrital de Estados Unidos no es un tribunal de apelaciones del Poder Judicial ecuatoriano, y no tiene absolutamente ninguna jurisdicción para emitir esa clase de órdenes”, dijo Shan.

 
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