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Basura Cero en Bogotá con futuro incierto como el alcalde

Miles de manifestantes protestan en la Plaza de Bolívar de Bogotá contra la condena al alcalde Gustavo Petro por su programa de Basura Cero. Crédito: Andrés Monroy Gómez/IPS

Miles de manifestantes protestan en la Plaza de Bolívar de Bogotá contra la condena al alcalde Gustavo Petro por su programa de Basura Cero. Crédito: Andrés Monroy Gómez/IPS

BOGOTÁ, 12 dic 2013 (IPS) - ¿Cuál es el mejor método de recolección de basuras en Bogotá? La respuesta se impondrá más adelante. Por ahora, la batalla por el modelo internacional de Basura Cero está por sacar de su puesto a Gustavo Petro, el alcalde de izquierda de la capital colombiana.

“Es una destitución arbitraria”, considera Nelson Rojas, trabajador del programa Basura Cero de la alcaldía. “No sabemos qué puede pasar de aquí en adelante”, dijo a IPS en la Plaza de Bolívar, donde se concentran miles de bogotanos en apoyo del alcalde.

Petro fue destituido el lunes 9 e inhabilitado por 15 años para cargos públicos por tres “faltas gravísimas”, según la Procuraduría General de la Nación (ministerio público).

Dos son fallas logísticas y otra por vulnerar “el principio de libertad de empresa”.

La medida contra Petro pareció definitiva, pero tras las protestas juristas han rescatado un artículo de la Constitución que establece que al alcalde mayor, el de Bogotá, solo lo puede destituir el presidente, a pedido del procurador general.

Detrás de la sanción está la decisión del alcalde de estatizar 63,15 por ciento del multimillonario negocio de la basura, que antes compartían cuatro concesionarios privados.

La condena es porque encargó la recolección a empresas públicas supuestamente sin experiencia técnica, y por haber usado durante seis meses volquetas y no camiones recolectores, lo que causó la muerte de un trabajador.

La ciudad de ocho millones de habitantes es administrada como un Distrito Capital autónomo con 20 localidades. Desde hace un año, en 12 de ellas el servicio de aseo está a cargo de Aguas de Bogotá, filial de la estatal Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.  El resto los operan tres de los consorcios privados.

El 18 de diciembre de 2012 era la fecha límite para que la alcaldía cumpliese un auto de la Corte Constitucional, que ordenó incluir en la recolección en todo el país a los recicladores organizados, “a fin de lograr condiciones reales de igualdad” para quienes sobreviven de rescatar materiales reciclables y venderlos.

Predecesores de Petro incumplieron una sentencia parecida de 2003, prorrogando los contratos a las empresas privadas, dueñas exclusivas de la basura en su sector.

En la práctica, los recicladores arañaban marginalmente ese monopolio, escarbando lo rescatable de bolsas de basura que los bogotanos dejan sin separar en la calle.

Los concesionarios, ahora contratistas, ganan por tonelada de basura que ingresa al relleno sanitario Doña Juana, en el sur de Bogotá, sistema que desincentiva el reciclaje. 

Petro asumió en enero de 2012. En seis meses logró que el legislativo Concejo de Bogotá aprobara su plan de desarrollo, con el nuevo modelo de aseo.

Se trataba de pasar del sistema recolección-barrido-limpieza a la Basura Cero: reducción máxima del tonelaje mediante la separación en la fuente de los residuos, y aprovechamiento máximo gracias al reciclaje.

Un censo de la alcaldía estableció que había unos 15.000 recicladores. A 3.000 se los empleó en Basura Cero y al resto se les paga por transportar los residuos útiles a bodegas de acopio, mientras antes solo se retribuía a las empresas.

Así se alarga la vida del relleno sanitario y se incorpora al negocio a un sector vulnerable. Pero eso no convenía a los concesionarios, que querían una nueva licitación por siete años, cuando Petro intentaba prorrogar los contratos mientras afinaba el nuevo sistema.

En la dura negociación, Petro habló de estatizar todo el sistema. En esto se basa el procurador general, el ultraconservador Alejandro Ordóñez, para argumentar vulneración a la libre empresa.

Cuando la administración comprendió que no habría acuerdo, alistó a una empresa distrital para la recolección desde la fecha límite del 18 de diciembre.

En poco más de dos meses reconvirtió Aguas de Bogotá, que recogía lodos y basuras del alcantarillado en volquetas técnicamente acondicionadas para transportar lixiviados.

La administración estaba casi crucificada.

Los concesionarios no aceptaron devolver los camiones recolectores a la ciudad.

No había suficientes volquetas y la alcaldía estaba limitada legalmente para adquirir camiones o adoptar otras medidas antes del 18 de diciembre porque, oficialmente, aún no había emergencia.

Tres días antes de esa fecha, el flujo de basuras al relleno sanitario disminuyó, según mediciones de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogtá.

La víspera comenzaron a aparecer montones de basura en las calles, que el distrito no podía recoger pues hubiera violado el contrato de exclusividad de los privados.

La alcaldía cuidó que desde el día 18 no entraran camiones de los contratistas al relleno sanitario, porque hubiera configurado una prórroga automática de las concesiones.

La alcaldía usó las volquetas para lixiviados y alquiló recolectores usados de la ciudad de New York.

Estos tardaron semanas en llegar, pero el sistema se recuperó entre tres y ocho días después del 18, según la zona de la ciudad.

Petro negoció, finalmente, que tres consorcios siguiesen operando siete localidades. El procurador considera que no hacía falta estatizar para cumplir las órdenes de la Corte.

La inclusión de miles de recicladores significó hacer un censo, expedir un carné y promover la apertura de cuentas de ahorros, proceso aún sin completar.

“La basura deja muchísima plata”, dijo Rojas, enfundado en un uniforme verde pasto de Basura Cero. “El alcalde quiso favorecer a unos y eso además deja al distrito una millonada. Los privados se oponen porque se enriquecieron a costa del aseo”, aseguró.

“El procurador es aliado de los ricos y ellos están en contra del programa de gobierno del señor alcalde”, filosofó, mientras se formaba un corrillo en la Plaza de Bolívar, donde Petro pidió manifestarse contra su destitución.

“Los privados no les dan trabajo a las mujeres ni a los que están mayores”, dijo. “¡Es cierto!”, corearon tres mujeres y un hombre, todos de overol verde. “En Basura Cero, 60 por ciento son mujeres. Ellas son las que encabezan el barrido de las calles de Bogotá”, dijo otro.

“Más de 3.000 familias quedaremos sin sustento… Vamos a sacar adelante Basura Cero, vamos a protestar por turnos (laborales), porque por turnos estamos aquí”, agregó.

En la plaza se dan cita desde el lunes miles de personas. En el costado occidental está el Palacio Liévano, sede de la alcaldía. Para este viernes 13 se programa una gran manifestación en apoyo de Petro.

El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, anunció que el gobierno propondrá una reforma constitucional sobre la figura del procurador, cargo designado por el parlamento, prácticamente omnímodo y con unos 30.000 funcionarios en nómina.

Pero mientras, la Constitución permite que el procurador destituya a funcionarios elegidos por voto popular, que únicamente  pueden apelar ante la misma instancia. Solo si prevalece el artículo constitucional que dejaría el caso en manos del presidente Juan Manuel Santos, Petro podría seguir en la alcaldía en unas pocas semanas.

Jorge Estrada, de 37 años y overol verde, sostiene un letrero en el que escribió sus razones para destituir al alcalde: “Por haber dignificado condición laboral de recicladores”. “Por haber quitado negocio de las basuras a la mafia bogotana”.

 
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