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Basura electrónica acerca a Zimbabwe a crisis ambiental

El vertedero de Westlea, donde frecuentemente son lanzados desechos electrónicos peligrosos. Crédito: Tatenda Dewa/IPS

El vertedero de Westlea, donde frecuentemente son lanzados desechos electrónicos peligrosos. Crédito: Tatenda Dewa/IPS

HARARE, 25 mar 2014 (IPS) - Los desechos electrónicos se están convirtiendo en una “emergente crisis ambiental” en Zimbabwe, advirtió Steady Kangata, gerente de educación y publicidad de la Agencia de Manejo Ambiental.

“Puede salirse de control si no se toma una acción firme”, dijo a IPS.

El experto explicó que los ciudadanos, grandes compañías y negocios informales lanzan “indiscriminadamente” en los basureros artículos electrónicos usados en los que hay sustancias peligrosas, como televisores, radios, computadoras y hornos microondas.

“Esos desechos son dañinos porque contienen material tóxico como mercurio, plomo y agentes cancerígenos que, si son inhalados o ingeridos, pueden tener efectos de largo alcance en la salud de las personas”, añadió.

“Algunos de estos desechos electrónicos son inflamables y radiactivos, y sus elementos que pueden afectar el sistema reproductivo y el nervioso. Se acumulan y por tanto son un peligro ambiental”, explicó Kangata.

El experto señaló que este país de África austral no está preparado con adecuados sistemas de eliminación de este tipo de residuos.

Además, advirtió que son los más pobres quienes corren mayores riesgos.

Jairos Zimombe, del asentamiento informal Warren Park, al oeste de Harare, está desempleado desde hace 10 años, pero sobrevive recolectando y vendiendo plásticos y otros desechos del cercano vertedero de Westlea.

Allí, la municipalidad de la capital quema regularmente residuos farmacéuticos y médicos, como termómetros, productos dentales y jeringas de las clínicas locales. Del lugar emana un humo constante.

Cada día, cientos de recicladores recorren el basurero en busca de pedazos de metal, plástico y goma, así como componentes eléctricos que pueden vender en mercados de la capital.

Kangata advirtió que estas personas se encuentran “constantemente expuestas a desechos electrónicos, pero la tragedia es que la mayoría ni siquiera son conscientes del peligro”.

De hecho, Zimombe, de 45 años, está convencido de que su tarea no implica ningún riesgo para su salud.

“Mi única preocupación con este humo es que a veces me hace toser. Más allá de eso no veo otro problema con estos artefactos. ¿Por qué entonces la municipalidad sigue tirando estas cosas y no nos advierte?”, dijo a IPS.

Según Kangata, las autoridades municipales locales deberían eliminar estos desechos de forma adecuada, separándolos de la demás basura.

Sin embargo, el Ley de Manejo Ambiental y las disposiciones municipales no especifican que las autoridades estatales o de la ciudad deban hacer esto.

La mayoría de los concejos municipales locales tampoco recogen las pilas de desperdicios que se acumulan en las áreas residenciales.

Phillip Mutoti, alcalde de Chitungwiza, ciudad dormitorio de Harare, explicó a IPS que el manejo de la basura se ve obstaculizado por problemas financieros. No obstante, destacó que su administración retira los desechos semanalmente.

“La mayoría de los residentes y las compañías locales no pagan sus impuestos, así que tenemos dificultades financieras. Contamos con un limitado número de camiones de basura, aunque esperamos recibir más en el futuro”, dijo.

También admitió que los recolectores no separaban los desechos peligrosos de los demás.

Shamiso Mtisi, jefe de investigación de la Asociación de Derecho Ambiental, dijo a IPS que este país no tenía “una clara e integral política sobre los desechos electrónicos”.

“La Ley de Manejo Ambiental incluye regulaciones para la eliminación de residuos peligrosos, pero no aborda el tema de los desechos electrónicos específicamente”, dijo Mtisi.

En 2012, Zimbabwe ratificó las convenciones de Basel, Rotterdam y Estocolmo, que restringen la transferencia trasfronteriza de contaminantes orgánicos y otras formas de basura. Además, regula el manejo de químicos dañinos.

En 1993, Zimbabwe también ratificó la Convención de Bamako, que prohíbe la importación a África de residuos peligrosos. Estas convenciones, sin embargo, no contemplan el caso de los desechos electrónicos.

“Como consecuencia, los responsables de manejar en forma inadecuada los desechos electrónicos terminan saliéndose con la suya o son solo acusados de delitos menores… y pagan pequeñas multas si son llevados a la justicia”, explicó Mtisi.

“Esta omisión legal también impide que existan sistemas específicos para manejar los residuos electrónicos”, añadió.

Según Kangata, la multa por lanzar legalmente cualquier forma de basura varía entre cinco y 5.000 dólares. Las autoridades municipales y la Agencia de Manejo Ambiental establecen esas sanciones de acuerdo con la cantidad de residuos lanzados y el grado de peligro que suponen para la salud pública.

La Asociación de Residentes de Harare también está preocupada por la falta de sistemas adecuados para tratar la basura electrónica, y teme que la población corra peligro.

“Se necesita adoptar un urgente política de colaboración entre las municipalidades, las asociaciones de residentes, la Agencia de Manejo Ambiental y otros expertos para diseñar mecanismos de tratamiento de los desechos electrónicos”, dijo a IPS el presidente de la Asociación, Simba Moyo.

“En primer lugar, los residentes necesitan ser informados sobre los peligros y las mejores formas de administrar la basura electrónica, y para esto se necesitan masivas campañas de toma de conciencia”, añadió.

Ese tipo de campañas podrían proteger la salud de los hijos adolescentes de Zimombe. En las vacaciones escolares, él los lleva al vertedero para que lo ayuden a recolectar desechos, exponiéndolos así a los tóxicos.

“Los niños y las niñas son especialmente vulnerables a los riesgos sanitarios resultantes de la exposición a desechos electrónicos y, por tanto, necesitan protección específica”, advierte la Organización Mundial de la Salud en su sitio digital.

Pero Zimombe todavía no está convencido de los peligros, aunque admitió que sufre dolores de cabeza, frecuentes problemas respiratorios y a veces dificultades para dormir.

Como la mayoría de los recicladores, no tiene dinero para ir al médico, y mucho menos para someterse a un tratamiento.

“No puedo darme el lujo de ir a hacerme chequeos médicos. La pobreza es lo que me obliga a hacer este tipo de trabajo para poder mantener a mi familia. Mientras pueda caminar y venir hasta aquí, todo estará bien. Me detendré cuando me enferme gravemente”, afirmó.

 

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