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Linchamientos en Argentina: ¿colectivización o privatización de la justicia?

Las amenazas de linchamientos se propagan por urbes y zonas rurales, en diferentes formas. Crédito: Cortesía de la red Cosecha Roja

Las amenazas de linchamientos se propagan por urbes y zonas rurales, en diferentes formas. Crédito: Cortesía de la red Cosecha Roja

BUENOS AIRES, 9 abr 2014 (IPS) - La palabra linchamiento nació y se generalizó en Estados Unidos para designar “el castigo colectivo violento a personas de distinto color” y se afianzó después en varios países latinoamericanos. Sorprende ahora en Argentina y remite al universo simbólico de su origen: “la privatización de la justicia”, contra los marginados de siempre.

En menos de dos semanas se supo de una docena de linchamientos o intentos en Argentina y en el primero, el 22 de marzo,  murió David Moreyra, un joven de 18 años, después de que presuntamente intentó robarle el bolso a una mujer en la ciudad central de Rosario.

“Linchamiento” (“lynching”) tiene su origen en la Guerra de Independencia estadounidense, cuando el juez Charles Lynch decidió castigar fuera de la ley a un grupo de leales al imperio británico pese a que ya habían sido absueltos por un jurado oficial, recuerda en un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Leandro Gamallo.

Luego el término se utilizó para designar la práctica de los “cazadores de hombres” -hombres blancos del sur de Estados Unidos- que organizaban “patrullas” civiles para capturar a supuestos maleantes.

Esta “justicia popular” daría después paso al “uso de la fuerza colectiva como un método de explotación y segregación racial realizada por los blancos hacia los negros”, especifica Gamallo.

Los linchamientos han vuelto al debate latinoamericano, cuando instigados o apenas reflejados por los medios (según un inacabado debate) surgieron en Argentina, un país donde no existe una “justicia comunitaria tribal” arraigada, como la de Bolivia, Ecuador o Guatemala.

Estos asesinatos ya son bien conocidos en Bolivia, donde la Defensoría del Pueblo reportó 53 casos entre 2005 y octubre del 2013. También se cometen en Brasil, México, países andinos y centroamericanos.

“En un contexto marcado por nuevos conflictos sociales, mayor desigualdad, creciente desorganización social y discursos punitivos, nuestro país parece estar abriendo una peligrosa caja de Pandora”: Maristella Svampa

En Guatemala, el politólogo Marcelo Colussi los vincula a un tejido social descompuesto por más de tres décadas de conflicto armado interno (1960-1996).

Pero en todos los casos, el común denominador pareciera ser el mismo: víctimas pobres, indígenas o negras y una privatización  de la justicia ante la inseguridad real o aparente.

Los muertos “siguen siendo los mismos que sufrieron lo peor de la represión en años pasados, y quienes históricamente han estado alejados de los beneficios de un desarrollo equitativo” en Guatemala: “indígenas de origen maya, por siempre pobres”, asevera Colussi.

“Hay un proceso de estigmatización de jóvenes pobres”, resaltó a IPS el historiador argentino Diego Galeano, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, aunque considera prematuro aseverar que existe una ola de linchamientos en su país.

Sin embargo, Galeano, investigador de la historia transnacional del delito en América del Sur, advierte sobre la gravedad de un “desplazamiento del modo en que se regula la violencia” en Argentina.

La socióloga argentina Maristella Svampa se remontó a los saqueos de finales de 2013, iniciados en la central provincia de Córdoba, para recordar a IPS que allí “asomaron intentos de linchamiento a supuestos saqueadores cuyo único delito, además de la portación del rostro (jóvenes pobres y morenos), era atravesar el barrio Nueva Córdoba, sede de sectores medios y acomodados”.

Pero hay otro ángulo que, según la investigadora del estatal Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, merece una advertencia: el de los grupos armados dispuestos a intervenir contra los saqueadores (en fotos divulgadas en redes sociales) que interpreta como “un tenebroso intento de privatización de la justicia”.

“Ambos hechos (intento de linchamiento y grupos de autodefensa), como respuesta colectiva a los saqueos, develaron un síntoma de profundo retroceso de la democracia y de los derechos humanos”, planteó Svampa.

De esa forma, “en un contexto marcado por nuevos conflictos sociales, mayor desigualdad, creciente desorganización social y discursos punitivos, nuestro país parece estar abriendo una peligrosa caja de Pandora”, alertó.

En Argentina, como señaló a IPS el experto en políticas de seguridad Luis Somoza, los linchamientos se dan en un escenario de aumento de la delincuencia.

Por eso, son “el reflejo de una sociedad totalmente saturada del nivel de inseguridad alcanzado”, dijo este profesor del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina.

“La gente tiene la percepción, cuando no el dato de la realidad, de que el Estado no la protege”, argumentó.

Pero este “retroceso a un estadio primitivo de la sociedad” vislumbra el riesgo adicional de una “probable aparición de fuerzas no estatales que se adjudiquen el papel de defensa, que se dan en llamar fuerzas de autodefensa, milicias, paramilitares, escuadrones de la muerte”, advirtió.

El defensor penal juvenil de la oriental ciudad de La Plata, Julián Axat, asocia el fenómenoa la impunidad de otros linchamientos menos publicitados o ignorados por los medios.

Hay miles de casos de golpizas que anteceden las detenciones de adolescentes pobres, “correctivos” como patadas, cachetazos, empujones y escupidas que parecen aceptados en el “imaginario policial”.

“La impunidad de los linchamientos es lo que más genera el clima de repetición. No son los medios, es la policía y la justicia los que no los detienen”, sostuvo Axat en un artículo que autorizó a difundir a IPS.

“Como dijo Bertolt Brecht, hoy serán los negritos de pelo ensortijado, mañana posiblemente sus captores, mientras los poderosos de siempre y sus policías se lo agradecerán pues seguirán haciendo estupendos negocios con la ‘inseguridad’ y con una sociedad donde los pobres matan a los menos pobres y la clase media autoritaria aplaude”, sintetizó a IPS el abogado de derechos humanos Claudio Orosz.

En todo caso, la experiencia guatemalteca evidencia la inutilidad del linchamiento como forma disuasiva del delito.

“Pese a haberse ‘ajusticiado’ a numerosos delincuentes… el índice de criminalidad en todo el país, y en las exzonas de guerra también, continúa siendo alarmantemente alto”, aclara Colussi.

En Argentina, la presidenta Cristina Fernández aseguró el 31 de marzo que “todo lo que sea generar violencia, siempre, siempre engendra más violencia”, en referencia a un fenómeno cuya palabra, linchamiento, evito nombrar.

 

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