Crece presión por un tratado mundial que regule a las corporaciones
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Crece presión por un tratado mundial que regule a las corporaciones

Una alianza de la sociedad civil pide al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que empiece a redactar en junio un acuerdo vinculante para poner coto a los abusos de empresas trasnacionales. Crédito: Omid Memarian/IPS

WASHINGTON, 9 may 2014 (IPS) - Más de 500 organizaciones internacionales reclaman que los gobiernos pongan en marcha en junio la redacción de un tratado internacional que sancione a las empresas trasnacionales que violan los derechos humanos, en respaldo de una propuesta presentada por Ecuador y otros países.

El miércoles 7, una red mundial de la sociedad civil conocida como Treaty Alliance (Alianza por el Tratado) pidió a los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que respalden el mes que viene una resolución para redactar un acuerdo vinculante que garantice la rendición de cuentas y los mecanismos de reparación de las víctimas de abusos cometidos por empresas.

El Consejo celebrará su 26ª sesión del 9 al 27 de junio, en Ginebra.

La declaración conjunta de la Treaty Alliance subraya “la necesidad de mejorar el marco jurídico internacional, con inclusión de soluciones internacionales, aplicable a la acción estatal para proteger los derechos en el marco de operaciones comerciales, y teniendo presente la urgente necesidad de garantizar el acceso a la justicia, el remedio y la reparación de las víctimas de abusos de las empresas a los derechos humanos”.

La declaración, que lleva la firma de más de 150 organizaciones y representa a cientos más, también pide a los Estados que trabajen por un acuerdo vinculante que “afirme la aplicabilidad de las obligaciones de derechos humanos en las operaciones de las empresas transnacionales y otras firmas comerciales”.

Asimismo, exige a los Estados que “establezcan la responsabilidad legal de las empresas por los actos u omisiones que violen los derechos humanos”.

La alianza de la sociedad civil pide que se cree un organismo supranacional que supervise la aplicación del tratado.

“Ya es hora de que haya un sistema de normas vinculantes que considere legalmente responsables a las empresas por violaciones de los derechos humanos”, afirmó David Pred, el director gerente de Inclusive Development International, una de las organizaciones de Treaty Alliance, en entrevista con IPS.

“Las empresas transnacionales se han salido con la suya durante demasiado tiempo, asesinando literalmente, pero en vez de frenarlas nuestros gobiernos les ceden aun más poder a través de acuerdos de libre comercio y tratados de inversión”, dijo.

“Nos sumamos a este reclamo porque creemos que no existe mayor amenaza para los derechos humanos y la democracia en el mundo de hoy que el poder empresarial sin control”, opinó.

El apoyo de 85 países

Las voces que piden un marco internacional más riguroso para las empresas se oyen desde hace décadas. Este movimiento tuvo un éxito parcial cuando en 2011 el Consejo aprobó los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

“No existen medios para garantizar el cumplimiento de los Principios Rectores, y lo que hemos visto desde 2011 es que su aplicación no funcionó como barrera para frenar las violaciones de los derechos humanos que cometen empresas transnacionales”, señaló a IPS el investigador asociado del Transnational Institute, Gonzalo Berrón, organizador de Treaty Alliance.

“No estamos diciendo que los Principios Rectores no se apliquen, se trata de un proceso paralelo, pero creemos que cuanto antes comencemos a discutir un código vinculante, mejor. Y ahora tenemos la oportunidad de avanzar”, agregó.

De hecho, los partidarios del tratado sostienen que el momento actual, en el período previo a la reunión de junio del Consejo, es singularmente propicio.

“Antes veíamos que la movilización se daba entre las comunidades afectadas y ciertas organizaciones no gubernamentales, pero por primera vez vemos esta enorme alianza. Es algo nuevo en el ámbito internacional”, según Berrón.

Este impulso se remonta a la 24ª sesión del Consejo, cuando un grupo de 85 países señalaron en una declaración conjunta que los Principios Rectores son “solo una respuesta parcial”, y enfatizaron “la necesidad de avanzar hacia un marco jurídicamente vinculante que regule el trabajo de las empresas trasnacionales”.

Fue la primera vez que el tema fue abierto por Estados miembros de la ONU, señalaron defensores del tratado.

“Este impulso se debe a la voluntad de los representantes de muchos países, en muchas regiones, y no por agencias de la ONU, lo que tiene mayor sentido democrático e importancia, dentro y fuera” del foro mundial, sostuvo Dominic Renfrey, de la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Los Estados ocupan escaños en el Consejo por períodos de tres años. La integración actual de 47 miembros podría ser una ventaja para los partidarios del tratado, observó Renfrey.

“En este momento varios miembros del Consejo de Derechos Humanos entienden mejor que la mayoría el impacto que tiene en su población el desarrollo mal regulado”, señaló.

“Estos Estados se beneficiarán de un sistema internacional que proteja mejor los derechos humanos de sus pueblos, al tiempo que garantice una forma más sostenible y respetuosa de inversión”, agregó.

El dilema de la aplicación

Aún así, no todos apoyan la idea de un tratado.

“Aunque seguimos de cerca estos acontecimientos, nos centramos en los grandes vacíos que existen para asegurar que los gobiernos cumplan con su deber de proteger los derechos humanos”, explicó a IPS el director de International Corporate Accountability Roundtable (Mesa Redonda para la Responsabilidad Empresarial), Amol Mehra.

“Esos vacíos de pueden llenar en gran medida regulando a las empresas para evitar potenciales violaciones de derechos humanos, tanto en el ámbito nacional como internacional, y por medio de firmes medidas correctivas, incluyendo vías legales de rendición de cuentas cuando se producen daños”, destacó.

La figura principal detrás de los Principios Rectores de la ONU instó a la precaución.

John Ruggie, el relator especial de la ONU sobre empresas y derechos humanos, cree que en parte el problema radica en que las cuestiones relativas a las obligaciones de las empresas son demasiado amplias para un único tratado.

Ruggie sostuvo la semana pasada que hay 80.000 empresas multinacionales, y millones de subsidiarias más, y que supervisar el cumplimiento del tratado superaría la capacidad de la mayoría de los gobiernos. Cualquier organismo supranacional que se cree generaría las mismas inquietudes.

Los problemas fundamentales de la aplicación del tratado se exacerbarían por la reticencia de los Estados a juzgar delitos cometidos fuera de su territorio. Este es un problema importante dado que los tratados son documentos que se adoptan por consenso, señaló.

Para que añadiera valores, “las normas de aplicación del tratado tendrían que entrañar una jurisdicción extraterritorial”, escribió Ruggie.

“Algunos órganos de tratados de derechos humanos de la ONU han pedido a los Estados de origen de las multinacionales que proporcionen mayor protección extraterritorial contra los abusos relacionados con las empresas… Pero la conducta de los Estados deja en claro que no consideran que esta jurisdicción sea un medio aceptable para procesar violaciones a toda la gama de derechos humanos reconocidos internacionalmente”, escribió el experto.

 


  • Teitelbaum

    En 2003
    la Subcomisión
    de Derechos Humanos de la ONU
    aprobó un proyecto de normas para las
    sociedades transnacionales. Pese a que
    el proyecto estaba lejos de reunir los requisitos necesarios para un control
    efectivo de las actividades de las STN contrarias a los derechos humanos, éstas
    reaccionaron vivamente contra el mismo con un documento firmado por la Cámara Internacional
    de Comercio y la
    Organización Internacional de Empleadores, exhortando a la Comisión de Derechos
    Humanos de la ONU
    a rechazar el proyecto aprobado por la Subcomisión.

    En 2005, la
    Comisión de Derechos Humanos, ignorando por completo el
    Proyecto de normas adoptado en 2003 por la Subcomisión, aprobó una
    Resolución por la que invitó al Secretario General de la ONU a designar un relator
    especial. Al aprobar dicha resolución,
    la aplastante mayoría de los Estados Miembros de la Comisión cedió a las
    presiones de las empresas transnacionales, claramente formuladas en su
    documento.

    El
    relator designado fue John Ruggie, quien presentó en 2011 los Principios
    rectores que fueron aprobados por el Consejo de Derechos Humanos ese mismo año.

    El documento introductorio de los Principios Rectores no pudo ser más claro:

    Párrafo
    11…The Guiding Principles addressing how Governments should help companies
    avoid getting drawn into the kinds of human rights abuses that all too often
    occur…

    Es decir que los
    Principios rectores no son ni aspiran a ser normas obligatorias sino
    solo indicaciones de cómo los Gobiernos deben ayudar (no controlar y sancionar) a las compañías para que
    eviten ser arrastradas a
    cometer las clases de abusos contra los derechos humanos que ocurren demasiado
    a menudo. En este párrafo se excluye la
    voluntad deliberada de las compañías de cometer violaciones y se las hace
    aparecer como inducidas a cometerlas por un factor exterior y ajeno a su
    voluntad y no como actores principales cuya motivación fundamental es obtener
    el máximo de beneficios.

    Párrafo 14. The
    Guiding Principles’ normative contribution lies not in the creation of new international law obligations…

    Es decir: la
    contribución normativa de los principios rectores no radica en la creación de nuevas obligaciones en el derecho
    internacional.

    Ahora es imprescindible conocer estos antecedentes para anticipar y evitar las
    trampas que inevitablemente se tenderán, provenientes de gobiernos,
    organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, para que la nueva iniciativa se diluya, fracase o resulte en un
    nuevo gatopardismo: cambiar algo para que todo siga igual. Y tener claras las
    principales cláusulas que debe ineludiblemente contener un Tratado
    internacional referido a las sociedades transnacionales que sea realmente
    eficaz:

    1) El reconocimiento de la obligación de las sociedades transnacionales de
    respetar las normas internacionales en materia de derechos humanos (económicos,
    y sociales y culturales en particular) y de su responsabilidad civil y penal en
    el caso de incurrir en violaciones a los mismos;

    2) La responsabilidad solidaria de las STN por las actividades violatorias de
    los derechos humanos de sus filiales de hecho o de derecho y de sus
    proveedores, subcontratistas y licenciatarios;

    3) La responsabilidad civil y penal de los dirigentes de las sociedades
    transnacionales (gerentes, miembros del Directorio o del Consejo de
    Administración) facultados estatutariamente para tomar decisiones en nombre de
    la empresa;

    4) La primacía de los derechos humanos y del interés público sobre el interés
    económico particular en materia de salud, de alimentación (incluida el agua
    potable), de educación y de vivienda, previniendo e impidiendo la formación de
    oligopolios y monopolios privados en esas esferas;

    5) La prohibición de patentar formas de vida y establecer un derecho de
    preferencia del dominio público sobre los inventos y descubrimientos
    fundamentales para la salud;

    6) La obligación de las STN de pagar a sus proveedores y subcontratistas
    precios razonables por sus productos y servicios de manera que éstos puedan
    pagar salarios decentes a sus empleados y trabajadores que les garanticen a
    ellos y a sus familias un nivel apropiado de vida, ofrecerles buenas
    condiciones de trabajo y, al mismo tiempo, obtener márgenes adecuados de
    beneficios. Las regalías percibidas por las STN de los licenciatarios deben
    mantenerse dentro de niveles razonables

    7) Con el fin de garantizar la libertad de expresión y el derecho a una
    información objetiva e imparcial, la prohibición de la formación de sociedades
    o acuerdos interempresarios, etc., entre empresas de comunicación y otros
    sectores de actividades industriales, comerciales y financieras.

    8) La prohibición para el personal de seguridad de las STN, sus proveedores,
    subcontratistas y licenciatarios de actuar fuera del recinto de la empresa para
    la cual trabajan;

    9) La prohibición para las STN sus proveedores, subcontratistas y
    licenciatarios de utilizar a su servicio las fuerzas armadas o de seguridad del
    Estado, y de contratar milicias privadas;

    10) Las STN deben respetar todas las normas internacionales y nacionales que
    prohiben la discriminación y deben aplicar la discriminación positiva, cuando
    ésta está prevista en las normas y/o reglamentaciones, etc.

  • Lucho

    Ruggie fue luego “premiado” con su incorporación a la Corporate Social Responsibility Advisory Board de la multinacional Barrick Gold, wena John!!!

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