La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la polémica construcción de un oleoducto binacional con Canadá, mientras que un análisis independiente revelaba el intenso lobby que realizaron cinco empresas refinadoras de petróleo a favor de la iniciativa.
Las compañías donaron 58,8 millones de dólares a los miembros del Congreso legislativo dominado por el opositor Partido Republicano, indica la investigación.
Según MapLight, una organización de investigación sin fines de lucro de Estados Unidos, a partir de 2013 las industrias del petróleo y el gas dieron, en promedio, 13 veces más dinero a los llegisladores que votaron a favor del proyecto de ley H.R.3. que a quienes votaron en contra, o sea 43.375 dólares frente a 3.610 dólares, respectivamente.[pullquote]3[/pullquote]
La nueva ley permitiría a la empresa canadiense de energía TransCanada construir el polémico oleoducto Keystone XL sin un permiso presidencial ni análisis ambientales adicionales.
La iniciativa legislativa fue aprobada por la cámara baja estadounidense el miércoles 11 por 270 votos a favor y 152 en contra. El Senado ya la había aprobado en enero.
«¿Cómo podemos confiar verdaderamente en que los legisladores voten en aras del interés público cuando dependen de los fondos de la industria para sus campañas electorales?», cuestionó Pamela Behrsin, de MapLight, en diálogo con IPS.
«Nuestro fallido sistema financiero y político fuerza a los legisladores a una situación de conflicto de interés entre sus electores y sus donantes», añadió.
El diputado republicano Kevin Cramer, del estado de Dakota del Norte y patrocinador del proyecto de ley, recibió 222.400 dólares de la industria petrolera y del gas, indicó.
Las cifras para el senado fueron similares. Las industrias del petróleo y el gas dieron, en promedio, 10 veces más dinero a los senadores que apoyaron la medida, o sea 236.544 dólares. El patrocinador en la cámara alta, John Hoeven, otro republicano de Dakota del Norte, recibió 275.998 dólares.
“La industria petrolera cree que puede comprar votos en Washington DC, y lamentablemente la votación del Keystone demuestra que eso sigue siendo posible en los pasillos del Congreso», comentó David Turnbull, de la organización independiente Oil Change International.
«Pero lo más importante es que la industria petrolera no puede comprar al pueblo estadounidense, que se está enfrentando a la intimidación del sector en Washington y exigiéndole al presidente” Barack Obama “que rechace el oleoducto y tome medidas audaces para sacarnos de los combustibles fósiles y hacia un futuro climático más seguro”, aseguró.
Como el oleoducto de 1.897 kilómetros cruza fronteras nacionales, el presidente debe declararlo de «interés nacional» para que la obra se apruebe. La iniciativa legislativa aprobada el miércoles 11 pretende eludir ese paso y ahora Obama tiene 10 días para decidir si la veta.
Los más destacados grupos ecologistas de Estados Unidos se opusieron unánimemente al oleoducto. Incluso la influyente Sierra Club levantó, tras 120 años, su suspensión a realizar medidas de desobediencia civil.
Su director, Michael Brune, fue arrestado frente a la Casa Blanca en Washington en una protesta contra el Keystone XL en febrero de 2013. Desde entonces no han cesado las manifestaciones multitudinarias contrarias al proyecto.
Los estudios demuestran que la quema del petróleo pesado que transportaría el oleoducto emitiría más de 181 millones de toneladas de dióxido de carbono cada año, el equivalente al consumo de 38 millones de coches o 51 plantas de energía de carbón.
La Agencia Internacional de la Energía advirtió que dos tercios de los yacimientos comprobados de combustibles fósiles deben mantenerse sin explotar para tener un 50 por ciento de probabilidad de permanecer por debajo del umbral de los dos grados de calentamiento del planeta. Eso podría evitar las peores consecuencias del el cambio climático.
«Otra votación a favor del petróleo de una cámara controlada por negadores del cambio climático no es ninguna sorpresa, y los demócratas que votaron con ellos, por supuesto, son políticos financiados por el petróleo también”, denunció Kyle Ash, de Greenpeace.[related_articles]
La investigación de MapLight concluyó que las industrias del petróleo y el gas dieron, en promedio, 3,2 veces más dinero a los senadores demócratas que votaron a favor de la iniciativa, o 73.279 dólares, en comparación con los senadores demócratas e independientes que votaron en contra, o 22.882 dólares.
El sector dio, en promedio, cinco veces más dinero a los diputados demócratas que votaron a favor de la ley (18.199 dólares), que a sus colegas demócratas e independientes que votaron en contra (3.610 dólares).
El oleoducto llevaría petróleo de las arenas bituminosas de Canadá a la costa del Golfo de Estados Unidos, y MapLight señala que algunos de los partidarios más férreos del Keystone XL son las refinerías del Golfo que se beneficiarían con el crudo canadiense.
Valero, ExxonMobil, Marathon Petroleum, Phillips 66 y Motiva Enterprises, una firma propiedad de Shell y la empresa estatal saudita Saudi Aramco, son las cinco empresas con mayor capacidad de refinación de petróleo en la costa del Golfo, según MapLight.
En conjunto, las cinco controlan 45 por ciento de la capacidad de refinación de Estados Unidos.
«La votación… sobre el Keystone XL es una distracción desesperada de parte de un Congreso empapado en petróleo. El presidente ha dicho numerosas veces que vetará el proyecto de ley, y tiene razón en hacerlo», expresó Turnbull.
Como señaló la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, “el oleoducto de arenas bituminosas Keystone XL reprobó claramente la propia prueba climática del presidente, y debe rechazarse”, afirmó.
Obama “tiene toda la información que necesita para rechazar el oleoducto y esperamos que lo haga lo antes posible, para que todos podamos pasar a la construcción de una economía de energía limpia, en lugar de atender a los caprichos de la industria petrolera», observó Turnbull.
Una encuesta realizada por el diario The Washington Post y la cadena de noticias ABC News en enero reveló que 34 por ciento de los encuestados quieren que el oleoducto se construya ya, mientras que 61 por ciento opinó que deben continuar las evaluaciones de impacto ambiental, entre ellas las del Departamento de Estado y ocho organismos públicos más.
Edición de Roger Hamilton-Martin / Traducción de Álvaro Queiruga
