Camerún aplica ley antiterrorista para reprimir a separatistas
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Camerún aplica ley antiterrorista para reprimir a separatistas

YAUNDÉ, 29 abr 2015 (IPS) - El gobierno de Camerún aplica una nueva ley antiterrorista de amplio alcance para reprimir a un movimiento separatista que lucha por los derechos de Camerún Meridional, una zona minoritaria anglófona de este país de África central.

La ley, adoptada en diciembre de 2014, apunta al separatista Consejo Nacional del Camerún Meridional (SCNC, en inglés), que exige la independencia de la zona, integrada por las regiones del Noroeste y el Sudoeste. La norma prohíbe las reuniones públicas, las protestas callejeras y toda acción que el gobierno considere que pueda perturbar la paz.

Mapa donde se destaca la ubicación de Camerún Meridional. Crédito: dominio público

Mapa donde se destaca la ubicación de Camerún Meridional. Crédito: dominio público

Los cameruneses de habla inglesa son más de 22 por ciento de los 20 millones de habitantes del país.

Camerún, un país pretendido por las potencias occidentales desde hace siglos por su belleza y sus recursos naturales, fue ocupado primero por Alemania en 1884. Tras la Primera Guerra Mundial, Francia y Gran Bretaña se lo repartieron con la autoridad de la Sociedad de las Naciones, la antecesora de la Organización de las Naciones Unidas. Así, París se quedó con 80 por ciento del territorio, y el resto fue a parar a los británicos.

En 1961 se declaró la federación, seguida en 1972 por la anexión de la región anglófona a la República Unida del Camerún, con su capital en Yaundé. Sin embargo, la disidencia continúa viva en las zonas de habla inglesa, cuyos habitantes resienten la falta de control sobre sus recursos naturales.

A lo largo de los años, el gobierno restó importancia a sus problemas con las regiones anglófonas, al tiempo que designó simbólicamente a algunos de sus ciudadanos en su administración.

Los separatistas sostienen que esa relación de desigualdad provocó el empobrecimiento del territorio y de su población y la disminución de su patrimonio educativo y cultural, a la vez que avivó la llama de la lucha étnica entre los pueblos de las regiones del Noroeste y el Suroeste.

El separatista Consejo Nacional del Camerún Meridional (SCNC) es el blanco de la nueva ley antiterrorista de Camerún, que prohíbe las reuniones públicas, las protestas callejeras y toda acción que el gobierno considere que pueda perturbar la paz.

La extracción de petróleo y la expropiación de los importantes ingresos procedentes del oro negro de Camerún suelen considerarse la base de la frustración y la ira del sur del país.

En ese sentido, el Instituto para la Gestión de los Recursos Naturales (NRGI), una organización independiente con sede en Estados Unidos, “reprobó” a Camerún, situándolo en el lugar 47 entre 58 países calificados según sus prácticas ambientales, garantías, controles de calidad e informes sobre esas prácticas.

“La empresa nacional petrolera de Camerún (SNH) domina al sector”, informó NRGI.

“Es controlada directamente por la presidencia… Los mayores ingresos son recaudados por SNH y transferidos trimestralmente a la tesorería nacional después de restar los costos operativos de la compañía, lo que significa que algunos ingresos… nunca llegan al tesoro”, añadió.

Además de publicar evaluaciones de impacto ambiental, Camerún brinda muy poca información sobre su sector extractivo y tuvo uno de los peores desempeños en transparencia presupuestaria y el estado de derecho, según NRGI.

La prospección, la producción y la refinación petrolera se realizan en Camerún Meridional, pero los ingresos derivados del petróleo se pagan a las arcas del Estado directamente en Yaundé.

En este contexto, y desde que el presidente, Paul Biya, aprobó la ley contra el terrorismo, el SCNC no fue autorizado a organizar reuniones importantes. En el último intento, el día 3 fueron detenidos Nfor Ngala Nfor, el vicepresidente de la organización separatista, y seis dirigentes más, en Buea, en la región del Suroeste.

Andrew Kang, que había alojado a los dirigentes del SCNC, dijo a IPS desde su cama en el hospital regional de Buea que las fuerzas de seguridad irrumpieron en su casa mientras él y sus invitados estaban por comer.

“Ni siquiera nos permitieron comer. Solo nos golpearon, nos ordenaron que nos moviéramos y nos llevaron a la estación. Pasamos cuatro días en una celda de la cárcel”, denunció.

Kang negó que su grupo promueva la secesión y la rebelión, como acusa el gobierno.

En diálogo con IPS, Martin Fon Yembe, integrante del SCNC y activista de derechos humanos, dijo que aunque el gobierno hace parecer que la ley antiterrorista tiene el fin de luchar contra las incursiones del grupo extremista nigeriano Boko Haram, el verdadero objetivo es impedir las reuniones y manifestaciones del SCNC.

“Todo el mundo sabe que la ley se adoptó para obstaculizar las actividades del movimiento y es innegable que plantea un problema”, aseguró.

Un informe del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos sobre la situación de derechos humanos en Camerún en 2013 concluyó que las fuerzas de seguridad emplean la tortura y el maltrato, que los detenidos no son sometidos a un proceso judicial justo ni expeditivo, y que la libertad de reunión y de asociación está limitada.

“Aunque el gobierno tomó algunas medidas para castigar a los funcionarios que cometen abusos en las fuerzas de seguridad y en el servicio público, la impunidad sigue siendo un problema”, señaló el informe.

Mientras tanto, miles de cameruneses meridionales están exiliados en Europa y Estados Unidos, y miles más huyeron por su apoyo al movimiento separatista.

El gobierno de Biya, por otro lado, presenta una imagen del país encaminado al crecimiento. Un  documento oficial, titulado Visión de Camerún 2035, prevé para ese año la consolidación de la democracia, el fortalecimiento de la unidad nacional, el desarrollo económico y el aumento del empleo.

A lo largo de tres años, según un plan dado a conocer en diciembre, Camerún invertirá 1.750 millones de dólares “para satisfacer las necesidades inmediatas de la población”, centrándose en la infraestructura vial, la salud, la agricultura, la energía y la seguridad.

Editado por Lisa Vives y Phil Harris / Traducido por Álvaro Queiruga

 


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