Minorías alzan su voz en conferencia latinoamericana de población
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Minorías alzan su voz en conferencia latinoamericana de población

“Ni un paso atrás” en el cumplimiento de la agenda demográfica de la región, demandaron activistas en diferentes sesiones de la Segunda Reunión sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, realizada en Ciudad de México entre el 6 y 9 de octubre. Crédito: Emilio Godoy/IPS

“Ni un paso atrás” en el cumplimiento de la agenda demográfica de la región, demandaron activistas en diferentes sesiones de la Segunda Reunión sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, realizada en Ciudad de México entre el 6 y 9 de octubre. Crédito: Emilio Godoy/IPS

MÉXICO, 9 oct 2015 (IPS) - “Los Estados latinoamericanos no han asumido los acuerdos internacionales ni les han dado acceso a los pueblos indígenas. Tampoco han sido socializados sus contenidos”, para ayudar a reclamar su cumplimiento, se lamentó la guatemalteca Ángela Suc.

El cuestionamiento de esta lideresa indígena es una alerta sobre los compromisos establecidos durante la Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, escenificada en Ciudad de México entre el martes 6 y este viernes 9 y organizada por la Cepal y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).

“Tenemos necesidades de tierra, territorio, acceso a salud y educación, que tengan un enfoque con pertinencia cultural, apegadas a nuestras tradiciones y saberes y en nuestro idioma”, dijo Suc a IPS.

La integrante del pueblo pocomchí en  la delegación de Guatemala señaló que la población indígena experimenta también fenómenos demográficos como la migración y el envejecimiento, compartidos con los segmentos no indígenas de la región.

Los avatares de los pueblos originarios y afrodescendientes fueron protagonizaron parte de los debates de la conferencia, que sigue a la celebrada en Montevideo en agosto de 2013, y que contó con un foro paralelo de las organizaciones sociales.

Ese debate se justifica a partir de los flagelos que siguen afectando a esas colectividades, como pobreza, discriminación, falta de oportunidades, mortalidad materna e infantil.

En la región viven más de 45 millones de personas indígenas, de una población total de unos 600 millones, repartidos en más de 800 pueblos originarios, según el informe “Los pueblos indígenas en América Latina. Avances en el último decenio y retos pendientes para la garantía de sus derechos”, de la Cepal.

Brasil encabeza el listado, con 305 grupos, seguido por Colombia (102), Perú (85) y México  (78). En el otro extremo se sitúan Costa Rica y Panamá  (nueve), El Salvador (tres) y Uruguay (dos).

Los países con mayor cantidad de habitantes de pueblos nativos la encabeza México, con casi 17 millones, seguido de Perú, con 7,21 millones, Bolivia, con 6,22 millones y Guatemala, con 5,88 millones.

La Cepal (Comisión Económica de América Latina y el Caribe) constata la fragilidad demográfica de muchos pueblos indígenas, que se encuentran en peligro de desaparición física o cultural, como se ha podido observar en Bolivia, Brasil, Colombia y Perú.

A ello se suman los desplazamientos forzados, la escasez de alimentos, la contaminación de las aguas, la degradación de los suelos, la desnutrición y la elevada mortalidad.

La fecundidad tiende a la baja en la región, con promedios de 2,4 hijos por mujer indígena en Uruguay, 4,0 en Nicaragua y Venezuela y 5,0 en Guatemala y Panamá.

Mapa de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe, elaborado por la Cepal, y que cifra en 45 millones las personas pertenecientes a alguno de ellos. Crédito: Cepal

Mapa de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe, elaborado por la Cepal, y que cifra en 45 millones las personas pertenecientes a alguno de ellos. Crédito: Cepal

Además, la mortalidad infantil indígena continúa siendo más elevada que la no indígena. Las mayores desigualdades se presentan en Panamá, Perú y Bolivia, por ese orden. Paralelamente, la desnutrición campea en Guatemala, Ecuador, Bolivia y Nicaragua.

El reporte de Cepal subraya que la niñez indígena crece en pobreza material y que persiste la violencia contra la infancia y las mujeres de pueblos nativos.

De los 12,8 millones de niños indígenas que viven en la región, México cuenta con 2,73 millones, Guatemala, 2,43, y Bolivia, 2,24 millones.

“Nuestras demandas han sido planteadas en diferentes plataformas internacionales y siguen siendo válidas”, anticipó a IPS la nicaragüense Dorotea Wilson, coordinadora general de la Asociación Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora.

“Vamos a monitorear, observar y dar seguimiento para que los Estados asuman esos compromisos y los cumplan”, aseguró esta lideresa, quien también participó en la conferencia regional. Añadió que el cumplimiento de las medidas a favor de las minorías requiere de voluntad política, además de acuerdos entre los Estados y la sociedad civil y presupuestos específicos.

En la región viven más de 120 millones de afrodescendientes, de ellos 97 millones en Brasil, un millón en Ecuador y 800.000 en Nicaragua, según datos de los censos nacionales que incluyeron preguntas específicas al respecto. Se sabe, por ejemplo, que Colombia tiene un grupo afrodescendiente importante, pero no hay estadísticas específicas.

El reporte “Juventud afrodescendiente en América Latina: realidades diversas y derechos (in)cumplidos”, elaborado por la Cepal en 2011, mostró que la maternidad temprana entre las jóvenes afrodescendientes era más elevada que en el resto de las jóvenes, en especial en  Colombia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Panamá.

Uno de los problemas, evidenciado en la conferencia, es la falta de estadísticas demográficas sobre la población afrodescendiente de la región.

En el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, con que concluyó la primera conferencia, los Estados se comprometieron a considerar las dinámicas demográficas particulares de los pueblos indígenas en el diseño de las políticas públicas, garantizar su derecho a la salud, incluidos los derechos sexuales y reproductivos, así como a sus propias medicinas tradicionales y sus prácticas de salud.

Además, acordaron adoptar las medidas necesarias para garantizar que mujeres, niños, niñas y adolescentes y jóvenes indígenas gocen de protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y discriminación.

En cuanto a los afrodescendientes, asumieron abordar las desigualdades de género, raza, etnia y generacionales, garantizar su ejercicio del derecho a la salud, en particular la salud sexual y reproductiva, y promover el desarrollo de esa población, así como garantizar las políticas y programas para la elevación de las condiciones de vida de las mujeres.

La plenaria de la segunda conferencia aprobó la “Guía operacional para la implementación y el seguimiento del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo”, que incluye 14 disposiciones para los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Su aprobación se dificultó por el reclamo de las delegaciones caribeñas por no haber recibido la Guía con anticipación, lo que solo se zanjó en la ya madrugada de la jornada de clausura.

“En la medida en que se dé la participación plena de los pueblos indígenas, así se cumplirá la guía. Es un reto para el Estado”, sostuvo Suc.

El proceso puede ser un motor para el avance del Decenio Internacional de los Afrodescendientes 2015-2024, establecido por la Organización de las Naciones Unidas.

“La guía se puede mejorar. Podemos incidir en el seguimiento. Pero es un reto”, indicó Wilson.

La Declaración Política del Foro Social, paralelo a la conferencia oficial,  en que participaron organizaciones sociales de la región, subrayó que cada indicador de la guía deberá ser desagregado por edad, sexo, género, raza y etnia.

Pero también critica que dos años después de la aprobación del Consenso de Montevideo la agenda “ambiciosa e innovadora aún no se haya traducido en avances sustantivos, y que incluso en algunos países hay retrocesos”, como violencia de género, crímenes de odio, mortalidad materna, aumento del embarazo adolescente y  discriminación de amplios sectores.

Editado por Estrella Gutierrez

 

 


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