Parlamentarios latinoamericanos, ariete de lucha contra el hambre
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Parlamentarios latinoamericanos, ariete de lucha contra el hambre

Una niña ataviada con ropa tradicional y festiva de la zona andina de Bolivia, enseña durante una feria en su escuela del centro de La Paz una cestilla de frutas, que son la base de la nueva dieta escolar adoptada en el municipio, que privilegia alimentos naturales, andinos y provistos por pequeños productores locales. La alianza de la agricultura familiar y la alimentación escolar se extiende por América Latina gracias a leyes impulsadas por el Frente Parlamentario contra el Hambre. Crédito: Franz Chávez/IPS

SANTIAGO, 10 nov 2015 (IPS) - Los parlamentarios latinoamericanos se alzan como un referente  para fortalecer los marcos institucionales que sostengan y reimpulsen la lucha contra el hambre, en una región que, pese a ser el “granero del mundo”, aún posee más de 34 millones de personas subalimentadas.

Los legisladores, agrupados en frentes nacionales, “son líderes políticos y orientan opinión pública, y  legislan, sostienen e impulsan políticas públicas para la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación”, explicó Ricardo Rapallo, responsable regional  de Seguridad Alimentaria de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Además, los  integrantes del Frente Parlamentario contra el Hambre “asignan presupuestos, fiscalizan y dan seguimiento a las políticas de los gobiernos”, explicó Rapallo a IPS, en la sede regional de la FAO en Santiago de Chile.

Una serie de políticas públicas exitosas que contaron con un acuerdo transversal entre la sociedad civil, los gobiernos y el Poder Legislativo, permitió a América Latina y el Caribe dar una lección al mundo al reducir a la mitad la población que padece hambre en la región, entre 1990 y 2015.

“El Frente Parlamentario contra el Hambre es un actor clave en la implementación del Plan de Seguridad Alimentaria de la Celac, para la construcción de sistemas públicos que reconozcan el derecho a la alimentación”: Raúl Benítez, director regional de la FAO.

Sin embargo, los 34,3 millones de personas que aún se encuentran afectadas por este flagelo, de una población regional de 605 millones, requieren un esfuerzo mayor con miras al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que aspira al hambre cero en el mundo.

En esa línea, el VI Foro de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre (FPH), que se realizará en Lima entre los días 15 y 17 de este mes, será el espacio propicio para avanzar en la implementación del Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Con sus metas en 2025, el plan pretende fortalecer los marcos jurídicos institucionales para la seguridad alimentaria y nutricional, elevando al más alto rango legal el derecho humano a la alimentación, entre otras medidas.

“El Frente Parlamentario contra el Hambre es un actor clave en la implementación del Plan de Seguridad Alimentaria de la Celac, para la construcción de sistemas públicos que reconozcan el derecho a la alimentación”, afirmó a IPS el director regional de la FAO, Raúl Benítez.

El FPH se creó en 2009 con tres países. Seis años después, “son 15 los países que poseen un frente parlamentario nacional, que está reconocido por su Congreso (legislativo) y que involucra a parlamentarios de distintas tendencias políticas, pero todos ellos comprometidos en la lucha contra el hambre”, explicó Rapallo.

Como consecuencia de ello, “se han aprobado varias leyes sobre agricultura familiar en Argentina o en Perú, y en República Dominicana también hay proyectos de ley próximos a su aprobación. Se suma la ley de etiquetado de alimentos en Ecuador”, recordó el experto a título de ejemplo.

Entrevista a Ricardo Rapallo, responsable regional de Seguridad Alimentaria de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Bolivia, un modelo

En Bolivia, la Ley de Alimentación Escolar en el Marco de la Soberanía Alimentaria y la Economía Plural, promulgada en diciembre de 2014, es la bandera enarbolada para luchar contra la pobreza de manera integral, afirmó a IPS en La Paz el coordinador del nacional Frente Parlamentario por la Soberanía Alimentaria para Vivir Bien, Fernando Ferreira.

El modelo, que recoge las experiencias de la provisión de desayuno escolar basado en alimentos naturales locales, aplicado en La Paz desde el 2000, se aplica ahora en los 327 municipios bolivianos.

“El padre produce alimentos naturales, vende una parte al gobierno municipal para la distribución en el desayuno escolar y los excedentes se comercializan en la comunidad”, explicó Ferreira para describir el ciclo que combina actividad productiva, empleo, nutrición y generación de ingresos para las familias.

El desayuno escolar tiene amplio respaldo entre los educadores porque ayuda a “un mayor rendimiento y participación de los alumnos” en clases, comentó a IPS el director de la céntrica escuela República de Cuba de la Paz, Germán Silvetti.

“Antes les era indiferente pero ahora reclaman sus raciones. Algunos niños vienen de sus hogares sin desayunar y el alimento complementario ayuda a su nutrición”, añadió el educador.

Los cereales andinos como la quinua, no gustaban a los estudiantes, pero la maestra María Inés Flores logró persuadirlos con un atractivo relato que compartió con IPS: “los astronautas que van a la luna consumen quinua y si seguimos ese ejemplo llegaremos al espacio”, dijo a los niños que ahora lo consumen entusiastas.

Atraer el paladar de los 145.000 estudiantes beneficiaros del programa es un desafío diario con resultados satisfactorios, como la reducción de la anemia de 37 a dos por ciento en los últimos 15 años, afirmó a IPS una de las creadoras del desayuno escolar y jefa de la Unidad de Nutrición del Gobierno Municipal, Gabriela Aro.

Las autoridades bolivianas estiman que el programa gubernamental “Vivir bien” disminuirá el índice de población en extrema pobreza que, según estimaciones de diferentes instituciones nacionales e internacionales, alcanza a 18 por ciento de los 10,2 millones de habitantes del país.

En el bicameral Congreso legislativo de México, los legisladores del Frente Parlamentario contra el Hambre luchan por impulsar leyes a favor de la seguridad y la soberanía alimentarias en el país, para hacer realidad “el  derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad” que la Constitución consagró en 2011. Crédito: Emilio Godoy/ IPS

En el bicameral Congreso legislativo de México, los legisladores del Frente Parlamentario contra el Hambre luchan por impulsar leyes a favor de la seguridad y la soberanía alimentarias en el país, para hacer realidad “el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad” que la Constitución consagró en 2011. Crédito: Emilio Godoy/ IPS

México, otro caso

En México, en tanto, una nación de 121 millones de habitantes, la pobreza creció los últimos tres años, lo que exhibe las debilidades de las estrategias contra el hambre, donde los legisladores luchan por incidir con resultados insuficientes.

“Falta más compenetración de los parlamentarios en el seguimiento de una de las agendas primordiales. Aunque definamos presupuestos y programas, siguen siendo resistentes a tomar consideraciones” sobre las prioridades, dijo a IPS en Ciudad de México la senadora  Angélica de la Peña, coordinadora del capítulo nacional del Frente.

Son 55,3 millones de personas las que subsisten en situación de pobreza en México, según cifras oficiales de este año, y más de 27 millones padecen carencias alimentarias.

El aumento de la pobreza evidencia las vulnerabilidades de la Cruzada Nacional contra el Hambre, la iniciativa estelar del presidente conservador Enrique Peña Nieto, que busca atender a personas en pobreza extrema y subalimentadas.

La cruzada se concentra en 400 municipios, involucra a 70 programas federales y aspira a atender a 7,4 millones de afectados, de los cuales 3,7 millones habitan en zonas urbanas y el resto en áreas rurales.

El Senado tiene pendiente la aprobación de la Ley General del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada, impulsada por el Frente y que instrumenta una novedosa reforma de la  Constitución, que desde 2011 establece que  “toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizarᔑ.

La iniciativa crea la Política Nacional Alimentaria y el Programa Nacional Alimentario, además de definir figuras como las canastas y emergencias alimentarias locales.

Pese a los inconvenientes,  en México las ayudas sociales representan una pequeña diferencia para millones de personas.

Blanca Pérez recibe desde febrero y cada dos meses unos 62 dólares, otorgados por el  programa de Pensión para Adultos Mayores, conocido como “65 y más”, adscrito a la Cruzada Nacional contra el Hambre.

“Me ayuda a comprar medicamentos y otros gastos. Pero es poco para personas de nuestra edad, si fuera cada mes sería mejor”, relató a IPS esta madre de siete hijos y residente del municipio de Amecameca, 58 kilómetros al sudeste de Ciudad de México, donde la mitad de sus 48.000 habitantes vive en pobreza.

Pérez, quien ayuda a su hija en una pequeña tienda alimentaria, también está afiliada al Seguro Popular, un esquema de acceso gratuito a salud universal aplicado por el gobierno federal.  “Están bien esos programas, pero deberían apoyar más a gente como yo, que luchamos tanto”, subrayó.

Dos urgencias regionales

Más allá de los avances, Rapallo reconoció que América Latina tiene hoy dos urgencias: reducir a cero el número de personas con hambre en la región, pero también enfrentar el desafío de la malnutrición por exceso.

El sobrepeso y la obesidad “constituyen un desafío de salud pública, de impedimento de desarrollo de los países y un requisito moral que hay que enfrentar”, dijo Rapallo.

En ese sentido, añadió, “los parlamentarios son esenciales” para concretar políticas públicas que aporten a la buena nutrición de los pueblos y sus crecientes demandas.

“Hay parlamentarios que son auténticos líderes en sus respectivos países. Pero si todo eso no viene respaldado por una sociedad civil que posiciona el tema no podríamos hablar de resultados”, concluyó.

Con los aportes de Emilio Godoy (Ciudad de México) y Franz Chávez (La Paz).

Editado por Estrella Gutiérrez

 


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