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ONG reclaman medidas de la Asamblea General en Alepo

Calle de Alepo, en poder de la insurgencia en agosto. Crédito: Shelly Kittleson/IPS

Calle de Alepo, en poder de la insurgencia en agosto. Crédito: Shelly Kittleson/IPS

NACIONES UNIDAS, 5 dic 2016 (IPS) - Cientos de organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo se unieron para reclamar a los estados miembro de la ONU que intervengan y exijan el fin de los ataques contra la asediada ciudad de Alepo, en Siria.

Una coalición de 223 organizaciones de 45 países, integrada por Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional y Médicos por los Derechos Humanos, entre otras, expresó su profunda preocupación por la situación actual en Alepo.

“Es muy difícil quedarse sentado mirando la destrucción de un país entero en cámara lenta, así como la de su población civil”, comentó el director de HRW, Louis Charbonneau, en diálogo con IPS.

En especial, Charbonneau comentó la destrucción causada por los ataques indiscriminados de la coalición ruso-siria en algunas zonas de Siria.

HRW concluyó que los ataques aéreos, a menudo indiscriminados, dejaron 440 civiles muertos entre septiembre y octubre de este año, entre los que había 90 niños y niñas.

Al respecto, Charbonneau mencionó el caso del hospital de Al Sajur, que sufrió cuatro ataques deliberados en distintos momentos.

“Cuando atacan un hospital de forma deliberada, en el que médicos y enfermeras trabajan para salvar la vida de la gente, se llega a un nivel especial de crímen de guerra”, precisó. De hecho, los daños generalizados hicieron que la institución dejara de funcionar en la primera mitad de este año.

Médicos por los Derechos Humanos señaló que en los últimos tres años, en Alepo, se registraron 45 ataques contra centros de salud, que obligaron a cerrar dos de cada tres hospitales. Alrededor de 95 por ciento de los médicos también huyeron, fueron detenidos o asesinados, lo que empeoró la crisis humanitaria en la zona.

El actual conflicto también impide que llegue la tan necesaria asistencia humanitaria, que le urge a la población civil y, en especial, a las 250.000 personas atrapadas en el este de Alepo.

La directora de política internacional de Médicos por los Derechos Humanos, Susannah Sirkin, dijo a IPS que impedir la llegada de suministros humanitarios es una de las “obstrucciones más atroces” que haya visto en sus 30 años de trabajo.

El canciller ruso Sergei Lavrov declaró el viernes 2 en Roma que “no hay problema” con el acceso de la asistencia en el este de Alepo.

La coalición de la sociedad civil señaló, en especial, la incapacidad del Consejo de Seguridad de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) de poner fin a las atrocidades perpetradas en Siria.

“El Consejo de Seguridad le falla a los sirios desde hace seis años”, dijo a IPS la representante de Amnistía en la ONU, Sherine Tadros, refiriéndose especialmente al uso del veto hecho por Rusia para impedir toda medida tendiente a contener la crisis.

De hecho, en octubre, Rusia vetó una resolución que reclamaba terminar con el bombardeo aéreo contra Alepo, y fue la quinta vez que ese país vetó una iniciativa del Consejo de Seguridad sobre Siria desde el inicio del conflicto en 2011.

En respuesta al estancamiento de las negociaciones, la sociedad civil pidió a la Asamblea General que tome medidas. “Si el Consejo de Seguridad no actúa, la Asamblea General debe hacerlo”, subrayó Tadros.

Charbonneau coincidió: “Los estados miembro sencillamente no tienen excusa para quedar al margen, no se pueden esconder detrás de Rusia que veta resolución tras resolución. Tienen la responsabilidad de hacer algo”.

La sociedad civil pidió que la Asamblea General realice una sesión especial de emergencia y active la resolución “Unión pro Paz” y que reclame el cese de las hostilidades y el acceso irrestricto a la asistencia humanitaria.

Unión pro Paz se creó por primera vez en 1950, luego de los reiterados vetos de la disuelta Unión Soviética, en el marco del estancamiento de la guerra de Corea en el Consejo de Seguridad. La Asamblea General recurrió a esa resolución 10 veces, precisamente cuando se prolongó la falta de unanimidad en el consejo.

El capítulo sobre las funciones y facultades de la Asamblea General dice que “La Asamblea puede entonces examinar inmediatamente el asunto con miras a recomendar a los Miembros la adopción de medidas colectivas para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales”.

Pero precisa: “Si bien la Asamblea únicamente está facultada para formular recomendaciones no vinculantes a los Estados a propósito de cuestiones de carácter internacional que correspondan a su ámbito de competencia, ha adoptado medidas -políticas, económicas, humanitarias, sociales y jurídicas- que han influido en la vida de millones de personas de todo el mundo”.

“Unión pro paz es una herramienta en los momentos de crisis más graves en la historia de la ONU, y definitivamente la situación en Siria es una crisis grave, definitivamente merece la 11 sesión especial. Esto no puede seguir así”, insistió Charbonneau.

Los estados miembro ya han dado señales de frustración por la falta de medidas del Consejo de Seguridad, como lo refleja la decisión de Canadá, con el respaldo de 73 países, de solicitar una reunión para presionar a las partes enfrentadas en Siria.

Sin embargo, Tadros reconoció que ese tipo de resoluciones no son vinculantes, pero es una de las herramientas diplomáticas más fuertes para que el mensaje llegue hasta el Consejo de Seguridad y las partes en conflicto.

“No nos creemos que algo como que (la resolución Unión pro Paz) sea el final. Se requiere voluntad política. Pero es un mensaje muy fuerte, cuando la mayor parte del mundo dice ‘esto es lo que debe y tiene que pasar’”, explicó a IPS.

Por su parte, Sirkin señaló que una resolución como esa mostrará que hay naciones “que no se quedarán de brazos cruzados mientras la población siria es devastada”, lo que ayudaría a avergonzar al Consejo de Seguridad.

Además de mostrar que la Asamblea General puede intervenir y llenar el vacío que deja el consejo, Charbonneau espera que la resolución también prevea la creación de un mecanismo para reunir evidencias para que los involucrados asuman su responsabilidad.

“El acopio y la evidencia criminal es una tarea especial para que en algún momento en el futuro, cuando atrapen a alguien, lo lleven ante la justicia; los actores en el conflicto de Siria deben saber que eso puede pasar”, explicó.

Para convocar a una sesión especial, la mitad de los 193 estados miembro deben solicitarla y se la puede convocarse para dentro de 24 horas. Luego, se requiere de una mayoría de dos tercios para aprobar la resolución.

La coalición de la sociedad civil dijo que seguirá presionando, pues no hacer nada dejó de ser una opción.

“No hay razón para no actuar de inmediato”, dijo Tadros a IPS. “Ya pasaron seis años, creo que ya hubo suficiente lentitud”, subrayó.

Traducido por Verónica Firme

 


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