Islas del Pacífico apelan a la solidaridad climática de Trump

La elevación de las mareas y la erosión costera invaden viviendas domésticas y construcciones comunitarias en la aldea de Siar, en la provincia de Madang, en Papua Nueva Guinea. Crédito: Catherine Wilson/IPS
La elevación de las mareas y la erosión costera invaden viviendas domésticas y construcciones comunitarias en la aldea de Siar, en la provincia de Madang, en Papua Nueva Guinea. Crédito: Catherine Wilson/IPS

La llegada del magnate Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos tiene un impacto en todas las regiones del mundo, incluso en los pequeños países insulares del Pacífico, y especialmente en cuestiones de cambio climático.

Los pobladores locales, testigos del aumento del nivel del mar, de la erosión costera y de graves desastres naturales, están alertas al gobierno de Trump por su declarado escepticismo respecto del cambio climático y del papel que juegan las actividades humanas en él.

El cambio de política anunciado por Trump incluye recortar los fondos internacionales para el clima y promover proyectos de combustibles fósiles.[pullquote]3[/pullquote]

La solidaridad de Estados Unidos en cuestiones climáticas es fundamental para proteger a las poblaciones de los países en desarrollo y ricos de los desastres ambientales y de la pobreza.

Hay 22 territorios y estados insulares en el Pacífico, donde 35 por ciento de los 10 millones de habitantes son pobres. Tuvalu uno de los más pobres y vulnerables al cambio climático, cuenta con 10.000 personas dispersas en unas nueve islas coralinas con pocas elevaciones.

“Todos los aspectos de la vida, desde la protección de nuestras pequeñas tierras para la seguridad alimentaria, pasando por nuestros recursos marinos y hasta nuestras tradicionales huertas sufren el impacto del cambio climático”, dijo a IPS el reverendo Tafue Lusama, secretario general de la Iglesia Cristiana de Tuvalu.

“Todas las medidas de adaptación que deben implementarse requieren de fondos climáticos internacionales. El camino que pretende seguir Trump, niega nuestra supervivencia e ignora la justicia”, subrayó Lusama, un activo militante climático.

El plan de acción de 100 días de Trump, presentado durante la campaña electoral de 2016, prevé hacer frente a la corrupción gubernamental, promover la responsabilidad y mejorar la vida de los estadounidenses, marginados por la globalización y los “intereses especiales” de la élite política.

Pero sus medidas incluyen cancelar el pago de miles de millones de dólares a los programas contra el cambio climático de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), destinados a atender a las personas más vulnerables en los países en desarrollo, así como aprobar proyectos energéticos de billones de dólares en Estados Unidos, que incluyen esquisto, petróleo, gas natural y carbón, en un intento por fomentar la creación de empleo.

En diciembre de 2016, 800 científicos y especialistas en energía escribieron una carta abierta al entonces presidente electo invitándolo a mantener las políticas de su antecesor, Barack Obama (2009-2016), como la de reducir la dependencia en los combustibles fósiles y promover las energías renovables.

El uso de combustibles fósiles y la industria son responsables de la emisión de 65 por ciento de los gases contaminantes a la atmósfera.

“Es triste para nosotros que dependemos de que Estados Unidos haga lo correcto, escuchar al presidente arrancar por el camino opuesto, que asegura nuestra destrucción”, añadió Lusama.

La organización Chatham House, con sede en Londres, señaló que el éxito de la 21 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, realizada en la capital francesa en 2015, cuando se aprobó el Acuerdo de París, estuvo en el apoyo de Estados Unidos, el segundo mayor emisor de gases contaminantes, responsable de 16 por ciento de los gases liberados a la atmósfera.

Estados Unidos se unió a la Coalición de Gran Ambición, un grupo de países comprometidos con estrictos objetivos climáticos y que fue clave para lograr consenso sobre la necesidad de limitar el aumento de la temperatura global por debajo de dos grados centígrados, respecto al inicio de la era industrial.

El creciente recalentamiento global puede resultar desastroso para los estados insulares, donde ya se registra un aumento del nivel del mar, temperaturas diurnas extremadamente elevadas y acidificación oceánica, según el Programa Científico sobre el Cambio Climático del Pacífico.

En 2015, la región sufrió especialmente el fenómeno de El Niño, que “obligó a la gente a caminar varios días en busca de sustento y, en algunos casos, quedaron muy débiles o murieron de malnutrición, indica la organización Caritas.

En Papúa Nueva Guinea, 2,7 millones de personas, 36 por ciento de la población, padeció la falta de agua y de alimentos, porque la prolongada sequía secó las fuentes de agua y echó a perder los cultivos.

“Kiribati es uno de los países del mundo que más a salvo está de los desastres, pero sintió el efecto del ciclón Pam cuando pasó por Vanuatu (en 2015) y del ciclón Winston que golpeó a Fiyi (en 2016), lo que no había ocurrido nunca antes”, indicó Pelenise Alofa, coordinador nacional de la Red de Acción Climática de Kiribati, en diálogo con IPS.[related_articles]

El impacto económico de los desastres naturales exceden las posibilidades de Kiribati, uno de los países menos adelantados, con el tercer producto interno bruto más bajo del mundo entre 195 estados clasificados por el Banco Mundial.

“No está en posición de hacerse cargo de sus necesidades de adaptación porque los problemas relacionados con el cambio climático son demasiado grandes para que un país pequeño como Kiribati tenga los recursos suficientes para asumirlos”, explicó Aloja.

La carga económica, que implica reemplazar los edificios costeros en riesgo por el cambio climático y por otras condiciones extremas, podría ascender a 22.000 millones de dólares para 12 naciones insulares de esta región, según la australiana Universidad de Nueva Inglaterra.

El riesgo de desastres es enorme en las islas Marshall, Kiribati y Tuvalu, donde más de 95 por ciento de la infraestructura está ubicada a 500 metros de la costa.

Varios países del Pacífico recibieron ayuda económica del Fondo Verde para el Clima, de la ONU y que asiste a los países en desarrollo a hacer frente al cambio climático.

Los fondos ascendieron a entre 22 millones y 57 millones de dólares para un programa de energía renovable en varias naciones, para que Vanuatu desarrolle un servicio de información climática y para que Samoa busque una gestión integrada de las inundaciones.

Pero el Fondo Verde para el Clima, al que Estados Unidos aporta 3.500 millones de dólares, podría dejar de ser una opción si Trump cumple con su propuesta, pues los compromisos internacionales ascienden actualmente a 10.300 millones de dólares.

Con vistas a la próxima cumbre climática, que presidirá Fiyi en la ciudad alemana de Bonn, en noviembre, los gobernantes de los países insulares están deseosos de que Trump visite la región.

El presidente Bainimarama ya lo invitó a Fiyi; y el reverendo Lusama también quiere que “visite Tuvalu para observar de primera mano la prueba de las consecuencias del cambio climático, evidentes al ojo humano”, explicó.

Traducido por Verónica Firme

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