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Sri Lanka avanza en la transparencia del sector público

La nueva ley sobre el Derecho a la Información de Sri Lanka podría abrir nuevas puertas a los medios locales si los periodistas la usan de manera efectiva. Crédito: Amantha Perera/IPS.

La nueva ley sobre el Derecho a la Información de Sri Lanka podría abrir nuevas puertas a los medios locales si los periodistas la usan de manera efectiva. Crédito: Amantha Perera/IPS.

COLOMBO, 16 feb 2017 (IPS) - La muy esperada y muy debatida Ley de Información de Sri Lanka (RTI), que obliga a una innovadora transparencia sobre todas las actuaciones de los poderes públicos, inició su vigencia este mes sin mucha fanfarria.

No hubo una campaña de relaciones públicas del gobierno para presentarla el 3 de este mes, un día antes de los festejos por los 69 años de independencia de este país insular de Asia meridional.

Tampoco hubo actividades públicas, una rareza en Sri Lanka, donde los dirigentes no suelen dejar pasar ese tipo de oportunidades para mostrar sus logros.

Quizá la falta de algarabía se debió a la incomprensión de los beneficios que la norma representa para la cultura de gobierno en Sri Lanka. Como subrayó hace varios meses el ministro de Medios, Gayantha Karunathilake, la ley ahora pone a todos los funcionarios públicos y elegidos dentro de una “caja de cristal” para el escrutinio público.

Ya llovieron solicitudes de información, encabezadas por el actor, devenido político y actual viceministro de Bienestar Social, Rajan Ramanayake, quien presentó una serie de consultas antes incluso de que se hubiera secado la tinta.

“Esta ley revelará todo sobre los dirigentes políticos, sin discriminar por afiliación política”, observó Ramanayake.

Sus pedidos de información se refieren a numerosas autorizaciones legales, permisos a las mineras, a comercios libres de impuestos, a estaciones dispensadoras de combustibles y para el uso de tierras ofrecidos a funcionarios públicos, desde legisladores hasta órganos gubernamentales de gobierno.

El detalle de la información solicitada le llegará en la tercera semana de este mes, informó el viceministro, quien también pidió información sobre licencias otorgadas por el gobierno a operadores de televisión y sobre las condiciones en que fueron cedidas.

Pero la mayoría de los pedidos de información se relacionaron con episodios de corrupción en el sector público, según RTIWire, un sitio web dedicado a los avances de la ley.

“Cuando consultamos a la ciudadanía sobre la información que les interesaba conocer, casi uno de cada tres entrevistados se refirieron a alguna forma de corrupción de los funcionarios públicos, como las declaraciones de bienes, las irregularidades en las licitaciones, los salarios y otros beneficios de los ministros”, señala el sitio web al describir los primeros 10 días de la nueva ley.

Ciudades de las zonas que vivieron la guerra civil, en el norte y este del país, se ampararon en la norma para conocer detalles sobre las adquisiciones de tierras por algunos departamentos del gobierno, así como sobre el paradero de sus familiares desaparecidos.

El ministro Karunathilake está convencido de las posibles ramificaciones de la ley en el entorno del gobierno, que comenzó el segundo de sus cinco años de mandato.

“Esto abrirá totalmente la estructura de gobierno al escrutinio público. Los gobiernos suelen tomar este tipo de decisiones al final de su mandato, pero nosotros no. La ley puede minimizar la corrupción”, opinó.

El gobierno recibió críticas de quienes sostienen que la norma fue aprobada solo para apaciguar las observaciones internacionales en materia de derechos humanos, en especial durante el gobierno anterior, del presidente Mahinda Rajapaksa (2005-2015).

Pero el ministro de Medios rechazó toda vinculación entre la ley y los esfuerzos de las autoridades por recuperar acuerdos arancelarios preferenciales para la exportación textil a la Unión Europea (UE).

En los próximos dos meses, la UE deberá anunciar si Sri Lanka puede reintegrarse al Sistema de Preferencias Generalizadas, del que quedó afuera en 2010 por preocupaciones relacionadas con violaciones a los derechos humanos.

Pero la oposición sostiene que el gobierno no muestra el mismo entusiasmo en aplicar la ley como demostró en su aprobación.

“Si se lo toman en serio, deben comenzar a realizar campaña de información sin más demora”, opinó la legisladora del opositor Frente de Liberación del Pueblo, Nalinda Jayatissa.

Para ser justos, el gobierno tiene por delante la tarea titánica de distribuir funcionarios responsables de hacer cumplir esta ley en todas sus dependencias, que según algunas estimaciones del Ministerio de Medios podrían rondar las 40.000 personas.

La secretaría ha capacitado a numerosos funcionarios en los últimos meses y, si bien varios miles ya asumieron sus cargos, todavía quedan muchos vacantes. El gobierno se complicó la existencia al destinar solo el equivalente a 175.000 dólares del presupuesto actual a la implementación de la norma.

De hecho, casi dos semanas después de promulgada la ley, las autoridades todavía no había designado a los funcionarios más relevantes en cada departamento, lo que contribuyó a la confusión y a las demoras innecesarias que padecieron quienes comenzaron a presentar solicitudes de información.

El segundo secretario del Ministerio de Medios, B.K.S. Ravindra, informó que pronto estaría disponible la lista en Internet, pero no precisó la fecha.

Durante la primera semana de promulgada la norma, había confusión sobre si la Policía quedaba comprendida dentro de la misma y sobre quién era el funcionario responsable en cada comisaría. Y Ravindra aclaró que las comisarías sí quedaban comprendidas y que el superintendente adjunto de la Policía de cada distrito sería el responsable del departamento de información.

Pero RTIWire señaló que “la Policía todavía está en proceso de designar a los funcionarios de información”.

El proceso debería quedar terminado en las próximas semanas. Numerosos oficiales participan en capacitaciones que brinda el Ministerio de Medios.

Otro problema para la implementación de la nueva ley es la falta de conciencia en las zonas rurales sobre la misma y sobre cómo presentar las solicitudes de información, en especial en esas áreas.

En Arananayake, un pueblo a unos 130 kilómetros de Colombo que en 2016 sufrió un devastador deslizamiento de tierras, la población, que todavía vive en refugios provisorios, no tiene ni idea de los beneficios de la nueva ley.

El mayor desafío para el gobierno será entonces asegurarse de que la ley no termine siendo un fiasco.

Traducido por Verónica Firme

 

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