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Un Estado propicio a la corrupción enloquece a Brasil

Tras el estallido del escándalo de la carne, el comisario de Salud y Seguridad Alimentaria de la Unión Europea, Vytenis Andriukaitis, sostuvo en Brasilia el 28 de marzo un encuentro con el ministro brasileño de Agricultura, Blairo Maggi. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Tras el estallido del escándalo de la carne, el comisario de Salud y Seguridad Alimentaria de la Unión Europea, Vytenis Andriukaitis, sostuvo en Brasilia el 28 de marzo un encuentro con el ministro brasileño de Agricultura, Blairo Maggi. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

RÍO DE JANEIRO, 30 mar 2017 (IPS) - El escándalo que ha puesto en duda la salud de la carne de Brasil, su mayor exportador mundial, agravó la sensación de corrupción generalizada en el país y de un Estado hecho para beneficiar a políticos y enriquecer a cúpulas poderosas.

El nuevo terremoto se llama operación Carne Débil y lo desplegaron 1.100 policías federales el 17 de marzo. Puso bajo sospecha a 21 frigoríficos que procesan carnes de vacuno, pollo y cerdos, detuvo a 37 personas y derrumbó las exportaciones del sector.

Quedó en tela de juicio el sistema de inspección sanitaria del Ministerio de Agricultura, una actividad técnica de la que se adueñaron los políticos. Igualmente sucedió con la Policía Federal, por “crear un espectáculo” con indicios poco consistentes, como escuchas telefónicas de diálogos en una jerga mal comprendida por sus miembros.

Substancias cancerígenas y cartones se habrían mezclado con la carne, así como insumos vencidos o inadecuados para la fabricación de chorizos y salchichas. Algunas denuncias perdieron fuerza porque el ácido ascórbico, usado en la conservación, no es cancerígeno y el cartón mencionado en las escuchas telefónicas seria para envases, no para el alimento.

La Asociación Nacional de Peritos Criminales de la misma Policía Federal atribuyó a la exclusión de sus especialistas en fraudes alimentarios los errores de la operación basada “casi exclusivamente en pruebas contingentes”. “Procedimientos técnico-científicos” habrían evitado las “graves pérdidas comerciales y económicas”, señaló en un comunicado.

La suspensión de las importaciones de carne brasileña  por sus principales compradores, luego flexibilizada por embargos solo a los 21 frigoríficos bajo investigación, estremecieron el sector, que conquistó el liderazgo mundial en los últimos 30 años gracias exactamente a tropiezos de sus competidores.

En 1982, la guerra de las Malvinas cerró Gran Bretaña para la carne argentina, lo que abrió ese merado y su área de influencia para Brasil. Diez años después la llamada enfermedad de las vacas locas, o encefalopatía espongiforme, descalificó la carne europea.

Así comenzó el camino al liderazgo de Brasil en el mercado mundial de carnes. Desde 1980 su producción de carne vacuna aumentó 50 por ciento, la avícola casi se decuplicó y la porcina se triplicó. El país se convirtió en el primer exportador de las dos primeras y tercero en porcina, según el estadounidense Departamento de Agricultura.

Pero ahora “la imagen de las carnes brasileñas queda arañada por el escándalo”, además de las pérdidas momentáneas, admitió Fernando Iglesias, economista y analista de Safras & Mercados, empresa consultora en agronegocios,

“La tarea de recuperar la credibilidad de la proteína brasileña exigirá un largo esfuerzo, especialmente en Europa”, referencia mundial en términos de reglas sanitarias, lamentó a IPS.

El escándalo amenaza una labor de dos décadas de fortalecimiento de la defensa agrícola y de conquista de mercados externos, recordó.

Osmar Serraglio, nuevo ministro de Justicia desde el 7 de marzo, enfrenta la amenaza de verse involucrado en el escándalo de la carne, por ser uno de los padrinos de Daniel Gonçalves Filho, responsable entre 2007 y 2016 de la inspección sanitaria en el sureño estado de Paraná, epicentro de los fraudes con la carne en Brasil. Crédito: EBC

Osmar Serraglio, nuevo ministro de Justicia desde el 7 de marzo, enfrenta la amenaza de verse involucrado en el escándalo de la carne, por ser uno de los padrinos de Daniel Gonçalves Filho, responsable entre 2007 y 2016 de la inspección sanitaria en el sureño estado de Paraná, epicentro de los fraudes con la carne en Brasil. Crédito: EBC

Por suerte para Brasil, su escándalo ocurre cuando los competidores enfrentan restricciones productivas que les impiden ocupar la posible demanda disponible.

Entre otros grandes exportadores de carne de vacuno, Australia fue afectada por una sequia de dos años y Argentina y Estados Unidos aún buscan recomponer sus rebaños de crisis anteriores.

En relación a la producción avícola, Estados Unidos enfrentan fuertes brotes de gripe aviaria desde 2015.

“Brasil debe seguir como principal exportador mundial. Pero el susto inicial, provocado por la exageración de la Policía Federal, fue muy dañino, incluso por involucrar las dos mayores empresas del sector, Brazil Foods (BRF) y JBS, que más impulsaron las exportaciones brasileñas”, evaluó Iglesias.

La senadora Katia Abreu, exministra de Agricultura, acusó de “crimen lesa-patria” al grupo de policías federales que encabezó la Operación Vaca Débil. “Vanidad, arrogancia y abuso de autoridad” los llevaron a golpear las exportaciones y los precios de la carne en desmedro de los productores, apuntó en discurso en el Senado.

La producción de carnes en Brasil emplea directamente a siete millones de trabajadores y sostiene la vida de 60 millones de personas, en un país de 208 millones de personas, destaca un informe publicitario que JBS difundió en varios diarios.

El blanco de la operación Carne Débil era la corrupción, no la existencia de fraudes en los frigoríficos, trató de aclarar el gobierno, ante la repercusión negativa para la economía.

Pero los temas están vinculados. La corrupción y los peligros para la salud derivados de las fallas en la inspección sanitaria obedecen a una llaga brasileña que se muestra cada día más dañina: el nombramiento de responsables, incluso de áreas técnicas, por partidos políticos.

En este caso, el jefe de la red que daba el aval a carnes irregulares a cambio de sobornos,  según la Policía Federal, era Daniel Gonçalves Filho, superintendente del Ministerio de Agricultura en el sureño estado de Paraná, y sucedió entre 2007 y 2016.

Se trata, según Abreu, de “un bandido” designado por indicación política y que ella intentó destituir cuando fue ministra de Agricultura (enero 2015-mayo 2016), pero se lo impidieron las presiones de legisladores de su propio Partido del Movimiento Democrático Brasileño.

“La mayoría de los altos funcionarios del área agrícola son patrocinados por la llamada Bancada Ruralista”, señaló Antonio Augusto de Queiroz, director de Documentación del Departamento Intersindical de Asesoría Parlamentaria (DIAP), en referencia al numeroso grupo multipartidario de diputados y senadores que defienden los intereses de los grandes productores agrícolas  pecuarios.

El DIAP acompaña la política brasileña en Brasilia para la comunidad sindical.

El actual ministro de Justicia, Osmar Serraglio, es miembro de esa Bancada Ruralista, como diputado del PMDB por el estado de Paraná, epicentro del actual escándalo cárnico, que amenaza involucrarlo como un padrino de la red delictuosa.

En un intento por recuperar la confianza en las carnes brasileñas, tanto del consumidor interno como de los mercados externos, el presidente Michel Temer firmó el 29 de marzo un decreto para reforzar el Reglamento de la Inspección Industrial y Sanitaria de los Productos de Origen Animal.

La medida actualiza tecnologías, conceptos y criterios en la inspección de las carnes, pero altera la raíz de múltiples riesgos con que el Estado amenaza la población brasileña, al mantener la apropiación política, más bien partidaria, de funciones estatales especializadas.

En Brasil el gobierno nacional tiene más de 20.000 cargos de confianza, cantidad de funcionarios que el presidente y sus ministros pueden nombrar a su arbitrio.

En el denominado presidencialismo de coalición esos nombramientos son moneda de canje para asegurar la mayoría parlamentaria, o para establecer redes de corrupción.

Así sucedió en los negocios de la compañía petrolera estatal Petrobras, desnudados por la operación “Lava Jato” (autolavado de vehículos), que investiga centenares de políticos y empresarios.

Por esa práctica, dos policías fueron nombrados para funciones importantes en el Ministerio de Defensa, por indicación partidista. Tuvieron que renunciar ante protestas de militares y funcionarios de carrera del Ministerio, al comienzo de marzo.

Algo similar ocurrió en Nuclebras Equipos Pesados (Nuclep), empresa estatal de componentes de centrales y un submarino nucleares. Dos políticos sin conocimientos del sector fueron asignados para dirigir la empresa, violando sus normas.

Por oponerse a esa injerencia partidista, fue despedido el 17 de marzo Renato Cotta, presidente de la Comisión Nacional de Energía Nuclear, controlada por Nuclep.

Editado por Estrella Gutiérrez

 


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